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El agua urbana entra en una etapa en la que ya no bastará con gestionar bien el servicio diario. La presión climática, las nuevas exigencias europeas, la renovación de infraestructuras y la digitalización están obligando al sector a replantear cómo se planifica, se financia y se gobierna un recurso esencial para la vida cotidiana de ciudades y municipios.
Ese fue el diagnóstico compartido por Veolia, Aqualia y Canal de Isabel II durante la segunda jornada del 38º Congreso DAQUAS, celebrado en el Palacio Municipal IFEMA Madrid. La mesa “La perspectiva del sector: Retos, riesgos y oportunidades”, moderada por la politóloga Cristina Monge, reunió a Daniel Tugues, Director de Veolia España; Santiago Lafuente, CEO de Aqualia; y Mariano González, Consejero Delegado de Canal de Isabel II, entidad anfitriona del Congreso.
La conversación dejó una idea de fondo: el sistema funciona, pero necesita músculo inversor y reglas más previsibles para afrontar lo que viene. La transposición de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, la adaptación al cambio climático, la gestión de contaminantes emergentes o la modernización tecnológica de redes y depuradoras no podrán resolverse solo con eficiencia operativa.
Tarifas, seguridad jurídica y planificación
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la financiación. Daniel Tugues puso el foco en la recuperación de costes y en la distancia entre las tarifas españolas y las de otros países europeos. “El principal reto del agua urbana sigue siendo alinear de forma efectiva el principio de recuperación de costes. Las tarifas en España continúan muy por debajo de la media europea y eso acaba traduciéndose en déficits de inversión, mantenimiento insuficiente y dificultades para responder a las nuevas exigencias normativas”, señaló el Director de Veolia España.
Desde Aqualia, Santiago Lafuente vinculó esa necesidad de inversión a un marco estable. Su diagnóstico apuntó a la fragmentación regulatoria que genera un modelo en el que miles de ayuntamientos actúan, en la práctica, como reguladores. “La financiación requiere estabilidad. El binomio entre regulación tarifaria y seguridad jurídica es imprescindible para desarrollar planes de inversión ambiciosos y sostenibles”, defendió.
Mariano González, Consejero Delegado de Canal de Isabel II, añadió otro elemento: la forma en la que se interpreta la normativa también condiciona la capacidad de ejecutar proyectos. “La seguridad regulatoria es tan importante como la financiación. Interpretaciones excesivamente restrictivas de la normativa pueden generar incertidumbre y dificultar la ejecución de proyectos imprescindibles para alcanzar los objetivos ambientales y de servicio”, advirtió.
La nueva directiva cambia el terreno de juego
La jornada había arrancado con una sesión centrada en la transposición de la Directiva TARU, en la que participaron representantes de Canal de Isabel II, Emasesa, Consorcio Besòs Tordera, Veolia y Apemsa, bajo la moderación de Carmen Hernández, de DAQUAS. El debate permitió aterrizar una cuestión que será determinante para los próximos años: la nueva regulación no implica solo adaptar instalaciones, sino revisar responsabilidades, financiación, competencias y modelos de gestión.
Entre los asuntos abordados estuvieron la gestión de desbordamientos, la adaptación de los sistemas de drenaje, la posibilidad de incorporar una tarifa vinculada al agua de lluvia, el mayor consumo energético de determinadas instalaciones y la necesidad de que las nuevas exigencias ambientales vayan acompañadas de mecanismos de financiación justos y bien definidos. También apareció con fuerza el principio de “quien contamina paga”, llamado a ganar peso en el diseño del futuro marco del agua urbana.
El cambio regulatorio llega, además, en un momento en el que los operadores deben atender al mismo tiempo varios frentes: redes envejecidas, fenómenos meteorológicos más extremos, mayor demanda de información por parte de la ciudadanía y tecnologías que ya permiten gestionar el ciclo urbano del agua con un nivel de precisión impensable hace solo unos años.
Tecnología para anticiparse, no solo para corregir
Las comunicaciones técnicas de la mañana profundizaron en ámbitos que muestran hasta qué punto el sector está cambiando por dentro. Drenaje urbano, Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento, digitalización de redes, detección de fugas, contadores, gemelos digitales, sensorización, BIM, recuperación de recursos en fangos de EDAR y tratamientos avanzados frente a contaminantes emergentes formaron parte del programa.
La tecnología aparece como una herramienta clave para anticipar problemas, optimizar recursos y mejorar la resiliencia de las infraestructuras. Pero el mensaje de los operadores fue claro: la innovación necesita inversión sostenida, planificación y coordinación institucional. Sin ese respaldo, la digitalización corre el riesgo de quedarse en proyectos aislados, sin capacidad suficiente para transformar el conjunto del sistema.
El Congreso dejó así una lectura compartida por operadores, administraciones y empresas tecnológicas: el agua urbana será uno de los grandes campos de prueba de la Sostenibilidad en los próximos años. No solo por su relación con el cambio climático o la calidad ambiental, también por su conexión directa con la salud pública, la actividad económica y la confianza ciudadana en los servicios esenciales.
La conclusión de la jornada fue menos técnica de lo que podría parecer. España cuenta con operadores capaces, conocimiento acumulado y soluciones tecnológicas cada vez más maduras. Lo que el sector reclama ahora es un marco que permita pasar de los diagnósticos a la ejecución: más inversión, más planificación, reglas claras y una colaboración real entre administraciones, empresas y ciudadanía.
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