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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha presentado un paquete de medidas para reforzar la educación inclusiva en España y convertir los derechos reconocidos por la LOMLOE en garantías concretas, medibles y exigibles para el alumnado con discapacidad y sus familias.
La propuesta parte del Estudio Nacional de satisfacción con el sistema educativo, impulsado por CEDDD junto a Mila Bascon, Profesora de la Universidad de Córdoba, y Vanesa Pérez Padilla, Psicóloga. El documento recoge la experiencia directa de las familias y fue presentado el pasado 25 de mayo en el Congreso de los Diputados. Desde hoy, el acto puede verse también en el canal de YouTube de CEDDD.
Los datos del estudio dibujan una situación especialmente preocupante: más del 82% de las familias afirma haber tenido dificultades en la asignación de apoyos y más del 83% denuncia falta de adaptación educativa. Para el Consejo, estas cifras muestran que el debate sobre inclusión educativa debe pasar de los principios generales a medidas estructurales capaces de garantizar recursos, continuidad y control.
Recursos mínimos, financiación finalista y equidad territorial
La primera propuesta de CEDDD pasa por blindar por ley una dotación mínima de recursos en todo el territorio. El Consejo plantea establecer un suelo estatal obligatorio de profesionales especializados, con ratios vinculadas al número real de alumnado con necesidades. En esa dotación incluye perfiles como PT, AL, orientadores, personal técnico educativo (PTIS), profesionales sanitarios y especialistas en apoyo conductual.
El paquete de medidas incorpora también financiación finalista y evaluable, de forma que los recursos destinados a inclusión educativa no puedan desviarse a otros fines. CEDDD reclama además indicadores de cumplimiento, como horas efectivas de apoyo o estabilidad de los profesionales, y una garantía de continuidad que evite rotaciones que interrumpan los procesos educativos.
La organización considera igualmente necesario corregir las desigualdades entre comunidades autónomas. Para ello, propone un marco estatal de mínimos exigibles, un observatorio independiente de seguimiento y fondos específicos para aquellos territorios con menos recursos.
Inclusión con apoyos reales y participación de las familias
CEDDD advierte de que la inclusión debe estar siempre condicionada a la existencia de apoyos reales y suficientes. Entre sus propuestas figuran una evaluación multidisciplinar obligatoria previa, informes motivados, participación efectiva de las familias, libertad de elección de modalidad educativa y mecanismos de revisión cuando la inclusión no esté funcionando de forma adecuada para el menor.
El Consejo también reclama reforzar el papel de las familias en las decisiones educativas críticas. Para ello, plantea que su participación tenga carácter vinculante en determinados procesos, la creación de oficinas independientes de mediación especializadas y un acompañamiento institucional claro, accesible y sostenido.
Otro de los ejes del documento se centra en la rendición de cuentas. CEDDD propone institucionalizar el estudio como herramienta periódica, crear indicadores públicos de cumplimiento y obligar a las administraciones a responder cuando se detecten desviaciones o incumplimientos.
Un modelo basado en datos y con participación del sector social
El Consejo defiende que la reforma de la educación inclusiva debe construirse desde la evidencia y con la participación estructural de las entidades del sector social. En este sentido, reclama su presencia estable en los órganos educativos, convenios de colaboración continuados y el reconocimiento del conocimiento experto que aportan las organizaciones que trabajan directamente con la discapacidad, la dependencia y las familias.
Para CEDDD, “los datos reflejan una realidad clara: el sistema no está garantizando los apoyos necesarios”. Por ello, el Consejo considera que “es el momento de pasar de los principios a las garantías, con recursos, control y responsabilidades”.
La organización insiste en que la educación inclusiva en España necesita una reforma estructural apoyada en tres pilares: evidencia, financiación adecuada y supervisión efectiva. El objetivo, subraya, debe ser que el derecho a la educación inclusiva deje de depender del territorio, del centro o de la capacidad de insistencia de cada familia.
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