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El Observatorio de Transición Justa ha presentado su cuarto informe estatal sobre la percepción social de la transición ecológica en España, un estudio impulsado por Fundación Moeve y coordinado por Red2Red que muestra una ciudadanía ampliamente consciente del cambio climático, pero también más exigente con la forma en que debe desarrollarse este proceso.
Según el informe, el 77,9% de la población española cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo, mientras que el 56% considera que combatirlo debe ser una prioridad de actuación. El estudio constata que el consenso climático continúa siendo amplio, aunque pierde intensidad cuando la transición se percibe como alejada de las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
La principal conclusión del análisis es que la transición ecológica entra en una fase más social, territorial y vinculada a beneficios concretos. El reto ya no se plantea únicamente en términos tecnológicos o normativos, sino también desde una mirada distributiva: cómo impacta en el empleo, la salud, la vivienda, la movilidad, la resiliencia de los territorios y el bienestar cotidiano.
El empleo gana peso como palanca de apoyo social
La creación de empleo se consolida como el principal beneficio socioeconómico asociado a la transición ecológica. El 56% de la ciudadanía la señala como una oportunidad en este ámbito, lo que supone 16 puntos más que en 2024. También gana peso la percepción de la transición como motor de modernización, cohesión y crecimiento.
Además, la ciudadanía identifica beneficios ambientales y de salud. El 65,7% cree que la transición contribuirá a reducir la contaminación del aire, el 63,1% considera que ayudará a disponer de entornos urbanos más limpios y el 60,7% prevé efectos positivos sobre la salud.
Anabel Suso, Coordinadora del informe y Directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, ha indicado que “los datos de esta edición muestran que la transición ecológica mantiene un amplio respaldo social, pero también que la ciudadanía es cada vez más exigente con la forma en que este proceso se desarrolla. El reto ya no es solo explicar el objetivo climático, sino conectar la transición con beneficios concretos en salud, empleo, vivienda, movilidad y bienestar cotidiano”.
Más respaldo a las políticas que facilitan la acción
El informe refleja una clara preferencia por aquellas medidas que permiten actuar y reducen barreras económicas. Las políticas con mayor apoyo son los planes de rehabilitación energética en hogares, con un 75,2%; la prohibición de plásticos de un solo uso, con un 72,7%; y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible, con un 67%.
En cambio, las medidas percibidas como restrictivas o asociadas a un coste directo generan un menor respaldo. Esta diferencia refuerza la importancia de avanzar mediante incentivos, simplificación administrativa, acompañamiento y pedagogía, especialmente en aquellos territorios donde el despliegue de nuevas infraestructuras exige mayor diálogo y legitimidad social.
Teresa Mañueco, Directora General de Fundación Moeve, ha destacado que “este informe permite escuchar a la sociedad y entender cómo evolucionan sus percepciones ante uno de los grandes procesos de transformación de nuestro tiempo. Sus resultados nos ayudan a identificar barreras, oportunidades y aprendizajes clave para avanzar hacia una transición ecológica justa, inclusiva y conectada con las preocupaciones reales de las personas y los territorios”.
Renovables, licencia social y percepción de futuro
El apoyo a las energías renovables continúa siendo mayoritario. La energía solar cuenta con un respaldo del 84% y la eólica alcanza el 78%, mientras que el hidrógeno verde mantiene una valoración relevante, con un 69%, como tecnología asociada a innovación y modernización.
El estudio subraya, sin embargo, que la transición entra en una nueva etapa marcada por la licencia social. Ya no basta con el apoyo general a las tecnologías limpias: resulta necesario explicar mejor dónde, cómo y con qué beneficios se despliegan las infraestructuras.
La transición ecológica se percibe como una oportunidad especialmente a largo plazo. El 50,3% de la población la considera una oportunidad en el corto plazo, porcentaje que asciende al 62,9% cuando se mira al largo plazo. Esta percepción mejora cuando se plantea como una agenda vinculada al bienestar, el empleo, la resiliencia y la protección de los territorios y de las personas más expuestas.
Para la elaboración del informe se ha realizado una encuesta a 3.284 personas residentes en España, con un diseño muestral representativo por comunidad autónoma, sexo, edad y tamaño del municipio. El trabajo de campo se llevó a cabo entre enero y febrero de 2026.
Esta nueva edición incorpora un bloque específico sobre percepción de vulnerabilidad y exposición a los efectos del cambio climático, así como sobre capacidad de adaptación individual y colectiva. Además, da continuidad al análisis sobre movilidad sostenible incorporado en la edición anterior.
Consulta el informe completo aquí.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables y en el Caso Práctico de Moeve en el Anuario Corresponsables 2026.
