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- Yolanda Díaz: “Brilla por fin y por primera vez con voz propia el CERSE”
- Jesús Cruz presenta 100 medidas para una nueva hoja de ruta
- Diez ámbitos de actuación para una agenda progresiva
- Sociedad civil: transposición urgente, prevención y marco vinculante
- Interlocutores sociales: diálogo, competitividad y aplicación real
- Amparo Merino: “No es una mera jornada”
- Una nueva etapa para la RSE en España
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha celebrado el acto “RSE. Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial”, una jornada concebida como punto de partida para actualizar el marco de la Responsabilidad Social Empresarial en España, reforzar el papel del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) y presentar el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”.
El encuentro ha contado con la apertura de Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social; la presentación técnica del informe a cargo de Jesús Cruz, Presidente de la Comisión de Personas Expertas; dos mesas de diálogo con sociedad civil, sindicatos y organizaciones empresariales; y la clausura de Amparo Merino, Secretaria de Estado de Economía Social.
Corresponsables, medio internacional líder en RSE, Sostenibilidad y Comunicación Responsable, ha estado presente en el evento para cubrir una jornada marcada por la diligencia debida, los Derechos Humanos, el trabajo decente, la transición justa, la competitividad sostenible y el papel de las empresas en sus cadenas de valor.
Yolanda Díaz: “Brilla por fin y por primera vez con voz propia el CERSE”
La Vicepresidenta Segunda ha abierto el acto situando la reactivación del CERSE como uno de los principales hitos de esta nueva etapa. “Brilla por fin y por primera vez con voz propia el CERSE”, ha afirmado Díaz, que ha recordado que el Consejo llevaba “más de diez años inoperativo” y que ahora vuelve a activarse para acompañar una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial.
Díaz ha definido el informe presentado como “riguroso, oportuno y valiente”. Riguroso, por el trabajo experto que lo sustenta; oportuno, por el contexto geopolítico y la “crisis del multilateralismo”; y valiente, porque aborda directamente la misión de las empresas en las democracias.

“Las empresas han de corresponsabilizarse en las democracias con los Derechos Humanos, con el medio ambiente, con los derechos laborales y con los derechos en general”, ha defendido. En este sentido, ha citado una frase del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, a su juicio, resume el sentido de la jornada: “Las empresas necesitan de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos necesitan a las empresas”.
La Vicepresidenta ha vinculado la nueva agenda de RSE con la necesidad de avanzar hacia responsabilidades “reales, exigibles y verificables” en materia de Derechos Humanos, trabajo decente y medio ambiente. Para ello, ha recordado el derrumbe del Rana Plaza, en Bangladés, en 2013, donde murieron 1.134 personas, la mayoría mujeres, en un edificio vinculado a cadenas de suministro de marcas internacionales.
“Hoy creo que este informe es también un homenaje para esas 1.134 personas”, ha señalado. Según Díaz, aquella tragedia “debería haberlo cambiado todo”, porque no fue un hecho aislado, sino la expresión de un modelo global que aún plantea graves riesgos en determinadas cadenas de valor.
Crítica al retroceso europeo y defensa de una transposición ambiciosa
Durante su intervención, Díaz ha sido especialmente crítica con el paquete europeo de simplificación normativa conocido como Ómnibus, al considerar que supone un retroceso en las obligaciones empresariales sobre diligencia debida y sostenibilidad.
“Lo han llamado simplificación, cuando claramente es impunidad”, ha afirmado. La Vicepresidenta ha señalado que el debate europeo no debe plantearse como una oposición entre derechos y competitividad, sino como una decisión de política pública sobre qué modelo económico se quiere construir.
“El argumento de que derechos y competitividad son incompatibles es radicalmente falso”, ha defendido. En su opinión, la competitividad europea debe apoyarse en la innovación, la justicia social, el trabajo decente y la sostenibilidad, no en una “carrera a la baja” en derechos laborales, ambientales o humanos.
Díaz ha avanzado algunas prioridades para esta nueva etapa, entre ellas una transposición ambiciosa de la directiva de diligencia debida. “Tenemos la oportunidad de hacer una transposición de diligencia debida ambiciosa, que vaya más allá de los mínimos del ómnibus y que recupere lo que hemos perdido”, ha señalado.
También ha defendido el acceso real a la justicia para las víctimas, la participación efectiva de personas trabajadoras, sindicatos y sociedad civil, y la creación de una autoridad independiente de supervisión. “Una ley de diligencia debida sin mecanismos efectivos de reparación para las víctimas es papel mojado”, ha advertido. Y ha añadido: “Los Derechos Humanos no pueden salir baratos”.
Consulta la noticia con la intervención completa de la Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aquí.
Jesús Cruz presenta 100 medidas para una nueva hoja de ruta
Tras la intervención de Díaz, Jesús Cruz, Presidente de la Comisión de Personas Expertas, ha presentado el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”, reivindicando la independencia del trabajo realizado por la Comisión.
“En ningún momento se nos preguntó qué pensábamos de la RSE ni hemos recibido ninguna recomendación ni indicación. Lo que ha salido es cosa nuestra, de las personas expertas”, ha afirmado Cruz.

El Presidente de la Comisión ha explicado que el informe parte de una idea central: las empresas, además de su finalidad productiva, deben asumir responsabilidad sobre los impactos y riesgos derivados de su actividad.
“Las empresas, junto a su finalidad directa productiva, deben asumir una responsabilidad sobre el impacto de los riesgos de su actuación en el ámbito del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo decente y de la Sostenibilidad ambiental”, ha señalado.
Cruz ha situado el informe en un escenario marcado por la globalización cambiante, las transformaciones tecnológicas, los cambios sociales y culturales, y una realidad atravesada por la diversidad. En ese contexto, ha defendido que la Responsabilidad Social Empresarial necesita un nuevo impulso con colaboración empresarial y compromiso público.
“Necesitamos la colaboración empresarial, pues no se puede imponer. También es imprescindible un convencimiento decidido de los poderes públicos”, ha afirmado.
Diez ámbitos de actuación para una agenda progresiva
El informe se estructura en diez ámbitos prevalentes de actuación, con diez medidas asociadas a cada uno de ellos. Cruz lo ha definido como un “informe pitagórico” por esa organización en torno al número diez.
Los diez ámbitos identificados son:
- Efectividad de los Derechos Humanos
- Consolidación de la igualdad de trato y no discriminación
- Garantía del trabajo decente
- Pleno desarrollo del deber de diligencia debida
- Reforzamiento de la participación de sindicatos y representantes
- Potenciación de la participación de los grupos de interés
- Reporte y verificación de las medidas empresariales
- Mirada singular hacia las pequeñas y medianas empresas
- Especialidades en la economía social
- Papel decisivo de las Administraciones Públicas
Cruz ha insistido en que el informe no debe entenderse como una agenda inmediata ni limitada a lo que resta de legislatura, sino como un programa para el corto, medio y largo plazo. “La amplitud y ambición de las medidas propuestas requieren un progreso progresivo de implementación, con un criterio selectivo de objetivos a corto, medio y largo plazo”, ha explicado.
En ese sentido, ha reconocido que sería satisfactorio que una parte pudiera materializarse durante la actual etapa política. “Sería muy satisfactorio que el 10% se pudiera implementar en esta legislatura”, ha afirmado, antes de expresar su deseo de que el documento tenga recorrido real: “Estamos muy ilusionados con que este documento no se quede solo en papel”.
Consulta la noticia completa con la presentación del informe aquí.
Sociedad civil: transposición urgente, prevención y marco vinculante
La primera mesa, titulada “Las empresas españolas ante la Responsabilidad Social: visión de la sociedad civil”, ha reunido a representantes de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, el medio ambiente y las comunidades afectadas por impactos empresariales.

Durante el diálogo, se ha coincidido en que cualquier avance en materia de empresas, Derechos Humanos, derechos laborales y ambientales debe ser recibido como una oportunidad, pero también se ha subrayado que la experiencia demuestra los límites de los compromisos voluntarios.
“Para la sociedad civil, cualquier medida que se adopte en relación con las empresas, los Derechos Humanos, los derechos laborales y ambientales será siempre bienvenida”, se ha señalado durante la mesa. Sin embargo, también se ha insistido en que “no valen las medidas voluntarias, necesitamos medidas vinculantes”.
Las organizaciones participantes han reclamado una transposición urgente de la directiva de diligencia debida, con mecanismos de prevención, supervisión, reparación y participación real de las partes interesadas. Aunque han reconocido que el marco europeo no responde plenamente a todas sus aspiraciones, han defendido que constituye una base necesaria para avanzar.
“Somos conscientes de que es imperfecta, pero conlleva beneficios e impactos para las víctimas, que es lo principal”, se ha señalado.
Durante la mesa se han expuesto casos concretos, tanto negativos como positivos, vinculados a impactos ambientales, cadenas globales de suministro, Derechos Humanos, comunicación empresarial, mecanismos de debida diligencia y procesos de mejora voluntaria. Sin entrar en la identificación de las compañías mencionadas, las organizaciones han utilizado estos ejemplos para mostrar tanto los riesgos de una RSE meramente declarativa como las posibilidades de avance cuando las empresas incorporan procesos reales de análisis, prevención, diálogo y seguimiento.
Uno de los mensajes compartidos ha sido que la diligencia debida puede quedar reducida a un “trámite formal” si no existen obligaciones claras, autoridad de control, responsabilidad civil, acceso a la justicia y participación de las comunidades afectadas.
“La parte más importante es prevenir”, se ha defendido desde la sociedad civil. También se ha reclamado incorporar el enfoque de género, la protección de colectivos vulnerables y una mirada más fuerte sobre los impactos ambientales y climáticos. “Los Derechos Humanos y el medio ambiente no pueden esperar; el momento es ahora”, se ha afirmado.
Interlocutores sociales: diálogo, competitividad y aplicación real
La segunda mesa, “La voz de los interlocutores sociales ante la Responsabilidad Social Empresarial”, ha reunido a representantes sindicales y empresariales para abordar cómo trasladar la nueva agenda de RSE al día a día de las compañías.

El moderador, Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social, ha abierto el diálogo recordando que “sin las organizaciones sindicales y empresariales difícilmente se va a trasladar esta nueva agenda de RSE a la práctica”.
Desde CCOO, Raquel Boto ha celebrado la reactivación del CERSE, al que ha definido como un órgano pionero en Europa y fruto del diálogo social. Ha recordado que Comisiones Obreras venía reclamando su recuperación y ha defendido que su vuelta tiene especial valor en un contexto de transformaciones ecológicas, digitales y demográficas.
“Estamos en una época de cambios, de incertidumbre, quizá en una nueva época, que debe ser una transición justa”, ha señalado. Para Boto, la RSE puede ser un “anclaje” para abordar los impactos que las empresas generan en su entorno, con participación de las personas trabajadoras, sus representantes y las organizaciones sindicales.
“No tendremos empresas socialmente responsables y sostenibles si los gobiernos no integran en sus políticas la RSE y la Sostenibilidad”, ha advertido.
Desde UGT, Andrés Herrero ha defendido que el sindicato siempre ha mantenido una visión positiva de la RSE y de la normativa asociada a la sostenibilidad, por su capacidad para generar derechos y superar límites de la regulación tradicional. No obstante, ha señalado que aún existe una distancia entre el reporting empresarial y la incidencia real en las plantillas.
“Estamos lejos de objetivos absolutos, pero alguno parcial sí se ha conseguido”, ha afirmado. También ha destacado que “hay escasa incidencia de la sostenibilidad en las plantillas” y que, en muchos casos, “la sostenibilidad existe, pero no es prevalente sobre los criterios financieros”.
Herrero ha defendido que la RSE debe mantener su vocación de ir más allá del cumplimiento normativo: “El hábitat normal de la RSE siempre ha sido superar la normativa y así debe seguir siéndolo”.
Desde CEOE, Carmen Aparicio ha reivindicado el papel del diálogo social y ha trasladado una consideración crítica sobre el proceso de elaboración del informe. “Nos ha sorprendido encontrar 100 medidas en las que se pone en valor el diálogo social y no hemos estado ninguno de los cuatro en ese documento”, ha señalado en referencia a las organizaciones presentes en la mesa.
Aparicio ha defendido que las empresas españolas han avanzado de forma notable en sostenibilidad y que muchas ya la integran de manera transversal en su actividad. “El tejido empresarial español está muy por delante del resto de empresas de Europa”, ha afirmado. También ha subrayado la importancia de la competitividad: “Sin competitividad no podemos seguir creciendo ni seguir creando empleo, y eso se tiene que hacer en términos de Sostenibilidad”.
Por parte de CEPYME, Francisco Vidal ha centrado su intervención en la realidad de las pequeñas y medianas empresas, recordando que muchas ya actúan de forma responsable aunque esos avances no siempre se visibilicen. “Se está trabajando la Sostenibilidad y se ha integrado la RSE, otra cosa es el alcance y las diversas perspectivas”, ha señalado.
Vidal ha defendido que las medidas deben ser factibles y adaptadas a la capacidad técnica, organizativa y temporal de las pymes. “Para muchos de nosotros, lo que no nos cuentan no existe. En el día a día muchas empresas son muy responsables, pero no se sabe”, ha apuntado. También ha reclamado mayor coordinación entre Administraciones Públicas para evitar solapamientos o exigencias contradictorias.
Consulta la noticia con todas las reflexiones de la sociedad civil, sindicatos y empresarios aquí.
Amparo Merino: “No es una mera jornada”
La clausura ha corrido a cargo de Amparo Merino, Secretaria de Estado de Economía Social, quien ha agradecido el trabajo de la Comisión de Personas Expertas y de las organizaciones sindicales y empresariales en la reactivación del CERSE.

“Ya se ha publicado la modificación del Real Decreto, ahora estamos con la orden y esperamos que en un breve plazo tengamos ya ese Consejo Estatal de Responsabilidad Social plenamente constituido”, ha anunciado.
Merino ha señalado que, tras escuchar las distintas intervenciones, el acto no debe entenderse como una jornada aislada ni como una mera presentación de un informe. “Este acto que hoy hemos celebrado no es una mera jornada, no es un acto centrado únicamente en la presentación de un informe, sino el punto de partida para comenzar a trabajar en algo que nos parece fundamental”, ha afirmado.
La Secretaria de Estado ha sintetizado tres aprendizajes principales. El primero, que el problema no se limita a la falta de información o transparencia, sino a la ausencia de consecuencias cuando se incumplen determinados compromisos. “Lo que falta o lo que falla son las consecuencias”, ha señalado.
El segundo, que muchas veces quienes están más lejos de los centros de decisión son quienes más sufren los impactos. “En muchas ocasiones las personas más alejadas de las decisiones son las que más sufren”, ha indicado. Para Merino, ahí debe actuar la diligencia debida: “Debe existir para acortar esa distancia entre quienes deciden y quienes padecen las consecuencias; si no lo hace, no nos sirve para nada”.
El tercer aprendizaje ha sido la existencia de muchas empresas que ya quieren hacerlo bien y que no entienden la Responsabilidad Social como una carga, sino como parte de su modelo. “Hay muchas empresas que quieren hacerlo bien y que, de hecho, lo hacen bien”, ha destacado, con una mención específica a la economía social.
Merino ha defendido que estas empresas necesitan reglas claras y exigentes para no competir en desventaja frente a quienes externalizan costes en forma de impactos sociales, ambientales o laborales. “La ambigüedad no sirve de nada y no le sirve a nadie”, ha subrayado. “Las reglas de juego tienen que ser iguales para todos”.
Consulta todas las reflexiones de la clausura de Amparo Merino aquí.
Una nueva etapa para la RSE en España
La jornada ha dejado una idea compartida desde enfoques diversos: la Responsabilidad Social Empresarial afronta una nueva etapa en la que confluyen exigencia normativa, diálogo social, participación de la sociedad civil, acompañamiento empresarial y necesidad de resultados verificables.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha defendido una transposición ambiciosa de la diligencia debida, la reactivación del CERSE y una agenda de largo recorrido basada en 100 medidas. La sociedad civil ha reclamado prevención, acceso a la justicia y obligaciones vinculantes. Los sindicatos han pedido que la RSE genere derechos e incorpore a las personas trabajadoras. Las organizaciones empresariales han subrayado la importancia de reconocer los avances ya realizados por las empresas, preservar la competitividad y adaptar las exigencias a la realidad de las pymes.
Merino ha cerrado la jornada con una formulación clara del objetivo del Ministerio: “La responsabilidad social ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y de buenas intenciones”. Frente a ello, ha defendido avanzar hacia una nueva etapa: “Queremos convertirlo en un terreno donde haya obligaciones y donde también existan consecuencias”.
“Esa es nuestra agenda en el marco de la responsabilidad social, no vamos a renunciar a ella”, ha concluido.
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