Tras las intervenciones de Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, y de Jesús Cruz, Presidente de la Comisión de Personas Expertas encargada del informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”, el acto “RSE. Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial” abrió un espacio de diálogo con la sociedad civil y los interlocutores sociales para aterrizar los principales retos de esta nueva etapa.
Las dos mesas celebradas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social permitieron contrastar enfoques distintos, pero complementarios, sobre el futuro de la Responsabilidad Social Empresarial en España: por un lado, la visión de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, el medio ambiente y las comunidades afectadas por impactos empresariales; por otro, la perspectiva de sindicatos y organizaciones empresariales, llamados a desempeñar un papel clave para que esta agenda pueda trasladarse al día a día de las compañías.
Corresponsables, medio internacional líder en RSE, Sostenibilidad y Comunicación Responsable, está presente en el encuentro, en el que se insistió en la necesidad de avanzar hacia una RSE con mayor eficacia, claridad normativa, participación real y capacidad de generar impactos positivos tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial.
La sociedad civil reclama una transposición urgente y un marco vinculante
La primera mesa, titulada “Las empresas españolas ante la Responsabilidad Social: visión de la sociedad civil”, estuvo moderada por María del Pozo, Responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional España, y contó con la participación de Almudena Moreno, de la Plataforma por Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de ActionAid; Francesc Cortada, Director General de Intermón Oxfam; y Miguel Ángel Soto, Responsable de Campañas de Greenpeace España.
Durante el diálogo, las organizaciones coincidieron en que cualquier avance en materia de empresas, Derechos Humanos, derechos laborales y medio ambiente debe ser recibido como una oportunidad, pero también subrayaron que la experiencia de los últimos años demuestra los límites de los compromisos voluntarios.
“Para la sociedad civil, cualquier medida que se adopte en relación con las empresas, los Derechos Humanos, los derechos laborales y ambientales será siempre bienvenida”, se señaló al inicio del debate. Sin embargo, la mesa insistió en que las medidas voluntarias no han sido suficientes para prevenir impactos graves ni para garantizar reparación cuando estos se producen.
En esa línea, se defendió la necesidad de una transposición urgente de la directiva de diligencia debida. “No valen las medidas voluntarias, necesitamos medidas vinculantes”, se apuntó durante el panel. Las organizaciones reconocieron que el marco europeo no responde plenamente a todas sus aspiraciones, especialmente tras los cambios introducidos en el debate comunitario, pero defendieron que sigue siendo una base necesaria para avanzar.
“Somos conscientes de que es imperfecta, pero conlleva beneficios e impactos para las víctimas, que es lo principal”, se destacó. En la misma línea, se defendió que la diligencia debida puede ser “muy positiva” si se aplica con mecanismos reales de prevención, supervisión, reparación y participación.
Casos negativos, experiencias positivas y límites de la voluntariedad
La mesa de sociedad civil abordó distintos casos concretos, tanto negativos como positivos, para ilustrar los riesgos de una RSE meramente declarativa y, al mismo tiempo, las posibilidades de avance cuando las empresas incorporan de manera efectiva la debida diligencia, la transparencia y el diálogo con sus grupos de interés.
Las organizaciones expusieron ejemplos de impactos ambientales, vulneraciones de Derechos Humanos, conflictos en territorios, riesgos en cadenas globales de suministro y posibles prácticas de comunicación engañosa vinculadas a afirmaciones de sostenibilidad no suficientemente acreditadas.
Desde esta perspectiva, se alertó de que la diligencia debida puede quedar reducida a un “trámite formal” si no existen obligaciones claras, autoridad de control, responsabilidad civil, participación de las comunidades afectadas y mecanismos de reparación efectivos. También se advirtió de la necesidad de mejorar la definición de impactos adversos sobre el medio ambiente y de reforzar los planes de transición climática.
Las organizaciones sociales insistieron en que el objetivo principal debe ser prevenir antes de reparar. “La parte más importante es prevenir”, se defendió desde la Plataforma por Empresas Responsables, que recordó que esta red agrupa a 21 organizaciones y plataformas con una amplia base social. “Los Derechos Humanos y el medio ambiente no pueden esperar; el momento es ahora”, se afirmó.
El panel también puso sobre la mesa el enfoque de género, la participación de las partes interesadas y la necesidad de incorporar una mirada específica sobre las personas y comunidades más vulnerables. Según se destacó, muchas vulneraciones impactan de manera diferenciada sobre mujeres, comunidades indígenas, personas trabajadoras sin representación o colectivos que ya se encuentran en posiciones de especial fragilidad.
Frente a los ejemplos negativos, también se compartieron experiencias positivas de empresas que, desde la voluntariedad, han comenzado a desarrollar procesos más sólidos de análisis de riesgos, mejora de cadenas de valor, planes correctivos, diálogo con organizaciones sociales y mecanismos de seguimiento. Estos casos fueron presentados como muestra de que la Responsabilidad Social no tiene por qué entenderse como un obstáculo a la competitividad, sino como una vía para diferenciarse, anticiparse y reforzar la sostenibilidad del negocio.
“Hay empresas que desde la voluntariedad avanzan en la dirección correcta, convencidas de que ganan competitividad y diferenciación estando en el lado correcto de los Derechos Humanos y ambientales”, se señaló durante el debate.
Los interlocutores sociales piden diálogo, claridad y aplicación real
La segunda mesa, bajo el título “La voz de los interlocutores sociales ante la Responsabilidad Social Empresarial”, estuvo moderada por Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social. En ella participaron Raquel Boto, Adjunta de la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO; Andrés Herrero, de la Unidad de Previsión Social de UGT; Carmen Aparicio, Jefa del Área de RSE de CEOE; y Francisco Vidal, Director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME.
Iglesias abrió el diálogo recordando que los interlocutores sociales son esenciales para que la nueva agenda de RSE no se quede en el plano institucional o doctrinal. “Sin las organizaciones sindicales y empresariales difícilmente se va a trasladar esta nueva agenda de RSE a la práctica”, señaló.
Desde CCOO, Raquel Boto celebró la reactivación del CERSE, al que definió como un órgano pionero en Europa y fruto del diálogo social. Recordó que el consejo llevaba más de una década prácticamente paralizado y que su recuperación adquiere ahora un valor añadido en un contexto de grandes transformaciones.
“Estamos en una época de cambios, de incertidumbre, quizá en una nueva época, que debe ser una transición justa”, afirmó. En su intervención, situó la transición ecológica, digital y demográfica como tres grandes ejes de transformación y defendió que la RSE puede ser un “anclaje” para que esos cambios no dejen a nadie atrás.
Para Boto, la Responsabilidad Social debe abordar los impactos que las empresas generan en su entorno y hacerlo con participación de sus grupos de interés, incluidas las personas trabajadoras, sus representantes y las organizaciones sindicales. También defendió que España ya fue pionera en el desarrollo de una estrategia de RSE y que ahora tiene la oportunidad de recuperar ambición en el marco de la transposición de la diligencia debida.
“No tendremos empresas socialmente responsables y sostenibles si los gobiernos no integran en sus políticas la RSE y la Sostenibilidad”, advirtió.
Sostenibilidad, derechos y competitividad
Desde UGT, Andrés Herrero defendió que el sindicato siempre ha mantenido una visión positiva de la Responsabilidad Social Empresarial y de la normativa vinculada a la sostenibilidad, precisamente por su capacidad potencial para generar derechos más allá de los marcos tradicionales.
Herrero reconoció avances parciales, pero también apuntó déficits importantes. “Estamos lejos de objetivos absolutos, pero alguno parcial sí se ha conseguido”, señaló. A su juicio, una de las cuestiones pendientes es lograr que la sostenibilidad tenga mayor incidencia real en las plantillas y no quede limitada a sistemas de reporting o a una lógica de optimización.
“Hay escasa incidencia de la sostenibilidad en las plantillas”, afirmó, antes de añadir que, en muchas ocasiones, “la sostenibilidad existe, pero no es prevalente sobre los criterios financieros”.
También defendió la reactivación del CERSE como un espacio especialmente adecuado para abordar la sostenibilidad desde una mirada más amplia, en la que competitividad y derechos no se contemplen como dimensiones separadas. “El hábitat normal de la RSE siempre ha sido superar la normativa y así debe seguir siéndolo”, subrayó.
Desde la perspectiva empresarial, Carmen Aparicio, de CEOE, puso el acento en el valor del diálogo social y trasladó una consideración crítica sobre el proceso de elaboración del informe. “Nos ha sorprendido encontrar 100 medidas en las que se pone en valor el diálogo social y no hemos estado ninguno de los cuatro en ese documento”, señaló en referencia a las organizaciones presentes en la mesa.
Aparicio defendió que el tejido empresarial español ha avanzado de forma notable en sostenibilidad y que muchas empresas ya no hablan solo de RSE, sino de sostenibilidad como una dimensión transversal de su actividad. “El tejido empresarial español está muy por delante del resto de empresas de Europa”, afirmó.
También reivindicó la competitividad como una condición necesaria para el crecimiento y la creación de empleo. “Sin competitividad no podemos seguir creciendo ni seguir creando empleo, y eso se tiene que hacer en términos de Sostenibilidad”, defendió. En su opinión, cuanto más clara y asumible sea la normativa, mayor será la capacidad de las empresas para innovar, crecer y consolidar sus compromisos sostenibles.
El reto de acompañar a las pymes
Por su parte, Francisco Vidal, de CEPYME, centró buena parte de su intervención en la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Defendió que la sostenibilidad y la RSE se han ido integrando en la estrategia empresarial, aunque con distintos grados de alcance y madurez.
“Se está trabajando la Sostenibilidad y se ha integrado la RSE, otra cosa es el alcance y las diversas perspectivas”, señaló. Vidal insistió en que sí ha habido un salto en la incorporación de estas cuestiones al mundo empresarial, también en organizaciones de menor tamaño, aunque muchas veces esos avances no se visibilicen.
“Para muchos de nosotros, lo que no nos cuentan no existe. En el día a día muchas empresas son muy responsables, pero no se sabe”, apuntó.
Desde CEPYME se reclamó una mirada realista sobre las capacidades de las empresas pequeñas, que suelen contar con menos recursos técnicos, organizativos y temporales que las grandes compañías. Vidal defendió que las medidas deben ser factibles, proporcionadas y adaptadas a la diversidad del tejido productivo español.
En ese sentido, señaló la importancia de que las Administraciones Públicas actúen de manera coordinada, evitando solapamientos o exigencias contradictorias, y destacó el papel de los agentes sociales para identificar qué medidas pueden implementarse realmente en las empresas. A su juicio, el reto no es solo definir objetivos ambiciosos, sino diseñar acciones que permitan avanzar de forma efectiva y con retorno positivo para la sociedad y para quienes las aplican.
Una agenda compartida con enfoques diversos
Las dos mesas reflejaron la complejidad del momento que atraviesa la Responsabilidad Social Empresarial. La sociedad civil reclamó urgencia, obligaciones vinculantes y mecanismos sólidos para prevenir abusos y reparar impactos. Los sindicatos subrayaron la necesidad de integrar la RSE en una transición justa, con participación de las personas trabajadoras y generación efectiva de derechos.
Las organizaciones empresariales, por su parte, pidieron reconocer los avances ya realizados por las empresas, preservar la competitividad y adaptar las exigencias a la realidad de un tejido productivo compuesto mayoritariamente por pymes.
El debate dejó una idea común: la nueva agenda de RSE solo podrá desplegarse con éxito si combina ambición normativa, diálogo social, participación de la sociedad civil, acompañamiento empresarial y una aplicación progresiva, clara y verificable.
En continuidad con el informe presentado por Jesús Cruz y con la reactivación del CERSE defendida por Yolanda Díaz, las intervenciones de ambas mesas situaron la Responsabilidad Social Empresarial como un espacio de encuentro entre empresa, trabajo, Derechos Humanos, medio ambiente y políticas públicas. Un terreno en el que las diferencias de enfoque no impiden reconocer la necesidad de avanzar hacia modelos empresariales más transparentes, responsables y capaces de responder a los desafíos sociales y ambientales actuales.
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