La Responsabilidad Social Empresarial vuelve al centro del debate público con una agenda renovada y un mensaje político de alto voltaje. La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha inaugurado este 6 de mayo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social el acto “RSE. Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial”, en el que se ha presentado el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”, elaborado por una comisión de personas expertas presidida por Jesús Cruz.
El encuentro, celebrado en el salón de actos del Ministerio, ha contado con la apertura de Díaz, la posterior presentación del informe por parte de Cruz y dos mesas de debate centradas en la visión de la sociedad civil y de los interlocutores sociales ante la RSE.
Corresponsables, medio internacional líder en RSE, Sostenibilidad y Comunicación Responsable, ha estado presente en el evento para cubrir una jornada que la Vicepresidenta ha situado como el inicio de una nueva etapa para la política pública en esta materia.
“Brilla por fin y por primera vez con voz propia el CERSE”, ha afirmado Díaz al inicio de su intervención, en referencia al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. La Vicepresidenta ha destacado que el organismo “llevaba más de diez años inoperativo” y que su reactivación permite abrir ahora “una nueva agenda de RSE que ya está en marcha”. En ese sentido, ha agradecido el trabajo de la Secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y del equipo que ha impulsado el informe.
Una RSE ligada a Derechos Humanos, trabajo decente y medio ambiente
Díaz ha definido el documento como un informe “riguroso, oportuno y valiente”. Riguroso, ha señalado, por el trabajo experto que lo sostiene; oportuno, por la “crisis del multilateralismo” y los cambios geoestratégicos actuales; y valiente, porque “señala y describe cuál es la misión que tienen que tener las empresas”.
“Las empresas han de corresponsabilizarse en las democracias con los Derechos Humanos, con el medio ambiente, con los derechos laborales y con los derechos en general”, ha subrayado. La Vicepresidenta ha citado además una frase del informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, a su juicio, resume el sentido de esta agenda: “Las empresas necesitan de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos necesitan a las empresas”.
A partir de esa idea, Díaz ha construido buena parte de su intervención sobre la necesidad de pasar de una RSE declarativa a una responsabilidad “real, exigible y verificable”. Para explicarlo, ha recordado el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladés, ocurrido el 24 de abril de 2013, donde murieron 1.134 personas, la mayoría mujeres, que trabajaban para cadenas de suministro vinculadas a marcas internacionales.
“Hoy creo que este informe es también un homenaje para esas 1.134 personas”, ha afirmado. Según ha recordado, muchas de las trabajadoras habían denunciado previamente las grietas del edificio, pero “les obligaron a entrar bajo amenaza de perder el salario del mes”. Díaz ha vinculado aquel desastre con un modelo económico global que, en sus palabras, sigue activo: “El Rana Plaza debería haberlo cambiado todo. Aquel desastre no era una tragedia aislada, sino un modelo insertado en el mundo”.
La Vicepresidenta ha citado también otros impactos asociados a determinadas cadenas globales de valor: niños y niñas trabajando en minas de cobalto, sindicalistas asesinados en países productores de materias primas, comunidades indígenas desplazadas sin consulta previa ni reparación, o pescadores afectados por la contaminación de empresas que continúan operando. “Todo esto ocurre en las cadenas de valor de empresas que venden sus productos a Europa, que pagan sus impuestos en Europa”, ha advertido.
Crítica al ómnibus europeo
Uno de los ejes más contundentes del discurso ha sido la crítica al paquete europeo de simplificación normativa conocido como Ómnibus. Díaz ha defendido que el informe presentado “defiende que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los Derechos Humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente”, precisamente lo que, a su juicio, la Comisión Europea “ha decidido poner en cuestión”.
La Vicepresidenta ha acusado al paquete de haber reducido el ámbito de aplicación de las obligaciones, rebajado sanciones y debilitado la participación de las partes interesadas. “Lo han llamado simplificación, cuando claramente es impunidad”, ha sentenciado.
Díaz ha sido especialmente crítica con la justificación de estas medidas en nombre de la competitividad. “No hay nada más caduco que esa Europa”, ha afirmado, antes de rechazar que la posición competitiva europea deba construirse “bajando el listón de derechos”. En su opinión, el debate no enfrenta Derechos Humanos y competitividad, sino dos modelos distintos de economía.
“El argumento de que derechos y competitividad son incompatibles es radicalmente falso”, ha defendido. Para sostenerlo, ha recurrido a la experiencia reciente del mercado laboral español: “Hemos hecho todo lo contrario a lo que nos decían. Hemos subido el Salario Mínimo y hemos reducido la temporalidad. Todo lo que nos decían era mentira”.
Según Díaz, la competitividad europea debe apoyarse en la innovación, la justicia social, el trabajo decente y la calidad democrática. “No se trata solo de crecer, se trata de crecer bien”, ha resumido.
Diligencia debida, acceso a la justicia y autoridad independiente
La Vicepresidenta ha avanzado algunas de las líneas que, a su juicio, deben marcar la nueva agenda española de RSE. La primera es la transposición de la directiva europea de diligencia debida, que considera una oportunidad para que España impulse una norma ambiciosa. “Tenemos la oportunidad de hacer una transposición de diligencia debida ambiciosa, que vaya más allá de los mínimos del ómnibus y que recupere lo que hemos perdido”, ha señalado.
Díaz ha pedido apoyo directo a la academia, sindicatos, organizaciones sociales, ONG y tercer sector para sostener este proceso. “Os pedimos que nos ayudéis, porque no va a ser fácil. La fortaleza está en ustedes”, ha dicho ante los asistentes.
Otra de las medidas destacadas ha sido el refuerzo del acceso a la justicia para las víctimas de vulneraciones de derechos en cadenas de valor. “Una ley de diligencia debida sin mecanismos efectivos de reparación para las víctimas es papel mojado”, ha advertido. En esa línea, ha defendido la posibilidad de que sindicatos y organizaciones especializadas puedan interponer acciones colectivas en representación de las víctimas y ha reclamado facilitar la carga de la prueba.
“No puede ser que quien sufre el daño tenga que demostrarlo todo mientras las empresas que lo causaron guardan silencio y no se responsabilizan de nada”, ha afirmado.
Díaz también ha defendido una participación real de las personas trabajadoras, sus representantes, sindicatos y sociedad civil en los procesos de diligencia debida. “No queremos que sea un trámite formal”, ha insistido.
Asimismo, ha planteado la necesidad de crear una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se están cumpliendo o no los Derechos Humanos”, ha recalcado. A su juicio, sin sanciones proporcionadas y creíbles, la responsabilidad empresarial corre el riesgo de seguir siendo voluntaria: “Los Derechos Humanos no pueden salir baratos”.
Una oportunidad para el tejido empresarial español
Pese al tono crítico con la desregulación europea, Díaz ha insistido en que el informe debe leerse “en positivo”. No como una agenda contra las empresas, sino como una hoja de ruta para reforzar a aquellas que ya están actuando con responsabilidad.
“Queremos poner en valor ese tejido productivo español, que es muy bueno, pero que respete los Derechos Humanos. No hay mejor marca de calidad ni carta de presentación que esta”, ha afirmado.
La Vicepresidenta ha defendido que muchas empresas españolas ya operan con responsabilidad y que una política ambiciosa en RSE puede convertirse en ventaja estratégica. “Que nuestras empresas actúen como ya hacen la gran mayoría de ellas con responsabilidad real también en la cadena de valor, y que esa sea precisamente nuestra ventaja estratégica, la marca de calidad”, ha apuntado.
Díaz también ha vinculado esta agenda con un cambio en la conciencia ciudadana y de las personas consumidoras. “Ha cambiado la conciencia de los consumidores y consumidoras”, ha señalado. En su opinión, si la ciudadanía conoce mejor lo que ocurre en determinadas cadenas de producción, tomará decisiones acordes con sus valores: “La ciudadanía sabe perfectamente lo que quiere. Vivimos en un país solidario y comprometido”.
En ese punto, la Vicepresidenta ha hecho una apelación directa a los medios de comunicación. “Les pido que, si pueden, hagan una información como debe ser”, ha indicado, subrayando la importancia de explicar bien esta agenda y de visibilizar tanto los riesgos como las buenas prácticas empresariales.
Un debate que “empieza ahora”
El acto ha continuado con la intervención de Jesús Cruz, Presidente de la Comisión Internacional de Personas Expertas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, encargado de presentar el informe con las 100 medidas. Posteriormente, se han celebrado dos paneles: el primero, sobre “Las empresas españolas ante la Responsabilidad Social: visión de la sociedad civil”, con representantes de Amnistía Internacional España, Action Aid, Intermón Oxfam y Greenpeace España; y el segundo, sobre “La voz de los interlocutores sociales ante la Responsabilidad Social Empresarial”, con participación de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME.
Díaz ha dejado claro que la presentación del informe no supone el cierre de una etapa, sino el comienzo de un proceso político, social y normativo. “Este debate que iniciamos hoy aquí no termina en este acto”, ha afirmado. La Vicepresidenta ha asegurado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social seguirá implicado en el desarrollo de esta agenda y ha trasladado su compromiso personal con el impulso de la RSE.
“Para todas estas ingentes tareas no solamente contáis con el equipo de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país, sino que contáis conmigo”, ha concluido.
La Vicepresidenta ha cerrado su intervención reivindicando el sentido constructivo del informe: “Es un informe en positivo, no en negativo. Habla de un país mejor, de una España mejor”. Y ha rematado con una idea que resume el enfoque político de la jornada: “Esta es la mejor bandera que podemos agitar en defensa de los Derechos Humanos hoy en el mundo”.
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