Tras la apertura de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que defendió la reactivación del CERSE y situó la Responsabilidad Social Empresarial como una herramienta clave para reforzar los Derechos Humanos, el trabajo decente y la diligencia debida en las cadenas de valor, el acto “RSE. Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial” profundizó en el contenido técnico y estratégico del informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”.
La presentación corrió a cargo de Jesús Cruz, Presidente de la Comisión de Personas Expertas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, quien explicó las bases de un documento que aspira a servir como hoja de ruta para actualizar, ampliar y consolidar las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en España. Corresponsables, medio internacional líder en RSE, Sostenibilidad y Comunicación Responsable, estuvo presente en el evento para seguir el desarrollo de una jornada centrada en el futuro de la empresa responsable y en el papel de los poderes públicos, los agentes sociales y la sociedad civil.
Cruz quiso subrayar desde el inicio la independencia con la que ha trabajado la Comisión. “En ningún momento se nos preguntó qué pensábamos de la RSE ni hemos recibido ninguna recomendación ni indicación. Lo que ha salido es cosa nuestra, de las personas expertas”, afirmó. Con ello, reivindicó el carácter autónomo del informe y el criterio técnico de quienes han participado en su elaboración.
Una responsabilidad empresarial ligada al impacto real de la actividad
El Presidente de la Comisión situó el punto de partida del informe en una idea central: la empresa ya no puede entender su función únicamente desde la producción o la generación de actividad económica, sino también desde los impactos que produce en su entorno.
“Las empresas, junto a su finalidad directa productiva, deben asumir una responsabilidad sobre el impacto de los riesgos de su actuación en el ámbito del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo decente y de la Sostenibilidad ambiental”, señaló Cruz.
En esa línea, defendió que la Responsabilidad Social Empresarial necesita un nuevo impulso en un escenario marcado por transformaciones profundas. Según explicó, el informe nace en un contexto de globalización cambiante, aceleración tecnológica, cambios sociales y culturales, y una realidad cada vez más atravesada por la diversidad.
“Es necesario un impulso de la responsabilidad social en el actual escenario complejo de una globalización que cambia, de transformaciones tecnológicas profundas, de cambios sociales y culturales en un escenario presidido por la diversidad”, apuntó.
Cruz incidió también en que esta agenda no puede construirse únicamente desde la norma o desde la imposición. A su juicio, requiere una combinación de compromiso empresarial y acción pública. “Necesitamos la colaboración empresarial, pues no se puede imponer. También es imprescindible un convencimiento decidido de los poderes públicos”, afirmó.
Un programa para el corto, medio y largo plazo
Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue la vocación temporal del informe. Cruz dejó claro que las cien medidas no están concebidas como un listado de acciones de aplicación inmediata ni como un programa circunscrito a lo que resta de legislatura, sino como una estrategia de mayor alcance.
“Es un programa para el corto, medio y largo plazo. No es en lo que resta de legislatura”, explicó. En este sentido, defendió una “mirada en el tiempo”, consciente de que muchas de las propuestas necesitan maduración institucional, diálogo, recursos y una aplicación gradual.
El Presidente de la Comisión insistió en que la ambición del documento exige ordenar prioridades y avanzar de forma progresiva. “La amplitud y ambición de las medidas propuestas requieren un progreso progresivo de implementación, con un criterio selectivo de objetivos a corto, medio y largo plazo”, señaló.
Cruz reconoció, además, que sería ya un avance significativo que una parte de las propuestas pudiera materializarse durante esta etapa política. “Sería muy satisfactorio que el 10% se pudiera implementar en esta legislatura”, apuntó, antes de añadir que la Comisión confía en que el informe tenga recorrido real: “Estamos muy ilusionados con que este documento no se quede solo en papel”.
Diez ámbitos y cien medidas para una nueva agenda de RSE
El informe se estructura en diez ámbitos prevalentes de actuación, con diez medidas asociadas a cada uno de ellos. Cruz lo definió incluso como un “informe pitagórico”, por esa ordenación en torno al número diez. “Hemos determinado diez ámbitos prevalentes de actuación y hemos definido que cada ámbito tenga diez medidas”, explicó.
Los diez ámbitos identificados son:
- Efectividad de los Derechos Humanos
- Consolidación de la igualdad de trato y no discriminación
- Garantía del trabajo decente
- Pleno desarrollo del deber de diligencia debida
- Reforzamiento de la participación de sindicatos y representantes
- Potenciación de la participación de los grupos de interés
- Reporte y verificación de las medidas empresariales
- Mirada singular hacia las pequeñas y medianas empresas
- Especialidades en la economía social
- Papel decisivo de las Administraciones Públicas
Esta estructura permite abordar la RSE desde una perspectiva amplia, que no se limita al cumplimiento normativo o al reporting empresarial, sino que incorpora Derechos Humanos, igualdad, trabajo decente, participación, diligencia debida, grupos de interés, economía social, pymes y acción pública.
El propio Cruz destacó que el documento busca equilibrar ambición y aplicabilidad, evitando tanto la mera declaración de principios como una agenda irrealizable. “La legitimación de los poderes públicos para marcar sus propias políticas en materia de responsabilidad social es muy necesaria”, defendió.
Diálogo social, CERSE y papel de las Administraciones Públicas
Durante su intervención, Cruz otorgó un papel central a la concertación social y a la participación de los actores llamados a desarrollar esta nueva agenda. En particular, destacó la importancia de las organizaciones sindicales y empresariales en aquellos ámbitos que afectan directamente a sus intereses y responsabilidades.
“El papel destacado de la concertación social en relación con aquellos aspectos que afectan directamente al ámbito de los intereses que les son propios a las organizaciones sindicales y empresariales” debe ser, según Cruz, uno de los elementos vertebradores del despliegue de las medidas.
También se refirió al CERSE, cuya reactivación había sido destacada previamente por Díaz. Cruz explicó que el informe no menciona expresamente al Consejo por respeto a su autonomía y para evitar cualquier sensación de injerencia, pero subrayó que eso no significa minusvalorar su función.
“En el informe no se menciona al CERSE por respeto a la no injerencia. No ha sido como instrumento de minusvaloración, pues sabemos que tendrá un papel importantísimo”, afirmó. Para Cruz, el Consejo debe asumir un protagonismo relevante tanto en los tiempos como en los contenidos de esta nueva etapa de la RSE en España.
El experto también remarcó el papel de las Administraciones Públicas, no solo como reguladoras, sino como impulsoras, facilitadoras y dinamizadoras de la Responsabilidad Social. “Mucho puede hacer la Administración Pública en el territorio del fomento, discusión, capacitación de la responsabilidad social”, señaló.
Las empresas, llamadas a tomar el testigo
Pese al papel que el informe atribuye a los poderes públicos, Cruz insistió en que la agenda solo tendrá sentido si las empresas la incorporan de forma efectiva. A su juicio, la Administración puede orientar, promover, fomentar y capacitar, pero son las compañías las que deben asumir el testigo para que las medidas generen un impacto tangible.
“Las empresas son las que tienen que coger el testigo para que sea realmente de utilidad para la ciudadanía”, concluyó.
El planteamiento conecta con la intervención inicial de Yolanda Díaz, que había defendido una RSE “real, exigible y verificable” y una visión de la empresa vinculada a la defensa de los Derechos Humanos, el trabajo decente y la Sostenibilidad. Cruz, desde una perspectiva técnica, aterrizó esa ambición en un marco de actuación amplio, progresivo y estructurado en cien medidas.
La jornada continuó con dos paneles de diálogo sobre la visión de la sociedad civil y de los interlocutores sociales ante la Responsabilidad Social Empresarial, en un momento en el que el Gobierno busca abrir una nueva etapa de debate, actualización normativa e impulso institucional de la RSE en España.
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