La Secretaria de Estado de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Amparo Merino, ha clausurado el acto “RSE. Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial” con una llamada a convertir el debate celebrado durante la jornada en una hoja de trabajo concreta para los próximos meses. Tras las intervenciones iniciales de Yolanda Díaz y Jesús Cruz, y después de las dos mesas con sociedad civil, sindicatos y organizaciones empresariales, Merino ha situado la Responsabilidad Social Empresarial como un ámbito que debe avanzar hacia mayor claridad, efectividad y capacidad de generar consecuencias reales.
La Secretaria de Estado ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo de la Comisión Internacional de Personas Expertas en Responsabilidad Social, presidida por Jesús Cruz, y ha destacado el esfuerzo realizado para elaborar el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial” en un plazo breve. También ha trasladado un reconocimiento específico a las organizaciones sindicales y empresariales por su contribución a la reactivación del CERSE, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
“Ya se ha publicado la modificación del Real Decreto, ahora estamos con la orden y esperamos que en un breve plazo tengamos ya ese Consejo Estatal de Responsabilidad Social plenamente constituido”, ha señalado Merino, que ha recordado que el objetivo es que el órgano pueda cumplir las funciones recogidas en la nueva regulación.
Corresponsables, medio internacional líder en RSE, Sostenibilidad y Comunicación Responsable, ha estado presente en el evento, en el que la Secretaria de Estado ha querido recoger las principales ideas compartidas a lo largo de la jornada y transformarlas en prioridades de actuación pública.
“No es una mera jornada”
Merino ha reconocido que las intervenciones escuchadas durante el acto han reforzado no solo el diagnóstico, sino también las tareas que deben abordarse desde el Ministerio. “Al principio de este acto yo creo que tenía bastante claro qué era lo que quería decir; sin embargo, después de escuchar las distintas voces, creo que tengo bastante claro qué es lo que tengo que hacer”, ha afirmado.
En ese sentido, ha subrayado que el encuentro no debe entenderse únicamente como la presentación de un informe, sino como el inicio de una nueva fase de trabajo. “Este acto que hoy hemos celebrado no es una mera jornada, no es un acto centrado únicamente en la presentación de un informe, sino el punto de partida para comenzar a trabajar en algo que nos parece fundamental”, ha defendido.
La Secretaria de Estado ha situado entre los principales retos la transposición de la directiva de diligencia debida, una cuestión que ha atravesado buena parte de las intervenciones. Merino ha reconocido su complejidad, pero ha insistido en que la Responsabilidad Social Empresarial tiene una dimensión transversal que alcanza a la Sostenibilidad, los Derechos Humanos, los derechos laborales, la transparencia, la competitividad y las cadenas globales de valor.
También ha destacado la importancia de haber escuchado tanto denuncias sobre impactos negativos como experiencias de avance empresarial. “Me ha parecido muy interesante esa visión, no solo en negativo, sino también en positivo”, ha señalado, al considerar que esa doble perspectiva permite identificar riesgos, pero también conocer iniciativas que ya están demostrando que es posible avanzar.
Reglas claras y consecuencias reales
Uno de los mensajes centrales de la clausura ha sido la necesidad de superar una Responsabilidad Social basada exclusivamente en la voluntariedad. Merino ha recordado que la RSE no es una cuestión nueva y que lleva décadas presente en el debate europeo y español, pero ha advertido de que el momento actual exige dar un paso más.
“La responsabilidad social no puede ser algo que quede en el marco de la voluntariedad”, ha afirmado, conectando esta idea con las 100 medidas recogidas en el informe de la Comisión de Personas Expertas.
La Secretaria de Estado también ha valorado la participación de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, incluso desde posiciones diferentes, porque a su juicio existe un punto compartido: la necesidad de un marco más adecuado y más claro. “La ambigüedad no sirve de nada y no le sirve a nadie”, ha señalado. En la misma línea, ha defendido que “las reglas de juego tienen que ser iguales para todos”.
Merino ha sintetizado en tres aprendizajes principales lo escuchado durante la jornada. El primero, que el problema no se limita a la falta de información o de transparencia, sino a la ausencia de consecuencias cuando se incumplen determinados compromisos. “Lo que falta o lo que falla son las consecuencias”, ha afirmado.
A su juicio, sin consecuencias reales, algunas políticas de Responsabilidad Social pueden quedar reducidas a “un mero ejercicio de comunicación”, o incluso a prácticas de lavado de imagen o marketing. Por ello, ha defendido avanzar hacia mecanismos más efectivos, capaces de distinguir entre compromisos reales y declaraciones sin impacto verificable.
Diligencia debida y acceso a la justicia
El segundo aprendizaje destacado por Merino ha sido la distancia que muchas veces existe entre quienes toman las decisiones empresariales y quienes sufren sus consecuencias. En este punto, ha recordado ejemplos mencionados durante la jornada, desde personas trabajadoras en cadenas globales de producción hasta comunidades afectadas por impactos sociales o ambientales.
“En muchas ocasiones las personas más alejadas de las decisiones son las que más sufren”, ha señalado. Para la Secretaria de Estado, precisamente ahí cobra sentido la diligencia debida, que debe servir para acortar esa distancia entre los centros de decisión y las personas o comunidades impactadas.
“La diligencia debida debe existir para acortar esa distancia entre quienes deciden y quienes padecen las consecuencias; si no lo hace, no nos sirve para nada”, ha advertido.
Merino ha insistido también en la necesidad de garantizar un acceso real a la justicia. “De nada sirve tener derechos reconocidos en el papel si quien los tiene vulnerados no tiene ninguna forma para exigirlos o reclamarlos”, ha afirmado. En esa línea, ha asegurado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajará para que la transposición de la directiva incorpore mecanismos efectivos de reparación y reclamación.
La Secretaria de Estado ha defendido una transposición ambiciosa y ha señalado que el Ministerio seguirá impulsando ese enfoque. “Estamos trabajando por empujar una transposición de la directiva de diligencia debida que sea ambiciosa”, ha indicado. Y ha añadido que los cambios introducidos por el paquete europeo ómnibus no deben asumirse como un punto final: “Lo que ha hecho el ómnibus no podemos aceptarlo como punto de llegada”.
Empresas que quieren hacerlo bien
El tercer elemento que Merino ha destacado es la existencia de muchas empresas que ya están avanzando en esta materia y que no entienden la Responsabilidad Social como una carga, sino como parte de su modelo. En este punto, ha hecho una mención especial a la economía social, ámbito que depende directamente de su Secretaría de Estado.
“Hay muchas empresas que quieren hacerlo bien y que, de hecho, lo hacen bien”, ha afirmado. “Hay muchas empresas que no ven la responsabilidad social como una carga, sino como parte de su modelo”.
Merino ha subrayado que estas empresas necesitan reglas exigentes y homogéneas para no competir en desventaja frente a quienes externalizan costes en forma de derechos vulnerados o impactos no asumidos. “Estas empresas que lo hacen y que quieren hacerlo bien necesitan reglas que sean exigentes para todas y para todos”, ha defendido.
La Secretaria de Estado ha insistido en que las políticas públicas deben construirse con quienes conocen la realidad desde dentro: sociedad civil, sindicatos, organizaciones empresariales y empresas comprometidas con la Responsabilidad Social. “La única manera de construir políticas públicas que funcionen, que sean reales, que sean efectivas, es hacerlo con todas aquellas entidades y personas que la conocen desde dentro”, ha señalado.
Una agenda que no renuncia a avanzar
Merino ha cerrado la jornada con una formulación clara del objetivo político del Ministerio de Trabajo y Economía Social en esta materia. “La responsabilidad social ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y de buenas intenciones”, ha afirmado.
Frente a ello, ha defendido una nueva etapa con mayor exigencia y efectividad: “Queremos convertirlo en un terreno donde haya obligaciones y donde también existan consecuencias”.
La Secretaria de Estado ha concluido agradeciendo el trabajo de las personas expertas, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades participantes, y ha asegurado que el Ministerio mantendrá abierta esta agenda. “Esa es nuestra agenda en el marco de la responsabilidad social, no vamos a renunciar a ella”, ha sentenciado.
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