Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, la conversación global vuelve a girar en torno a las grandes cifras: billones de dólares en inversiones, reconversiones industriales faraónicas y fondos climáticos internacionales. Este enfoque, aunque necesario, a menudo perpetúa un sesgo limitante: la idea de que la sostenibilidad es un “lujo” que solo las grandes potencias económicas pueden permitirse.
Es innegable que, para un país con una infraestructura productiva histórica y altamente dependiente de los combustibles fósiles, la inversión requerida para transicionar hacia un modelo verde es astronómica. Sin embargo, también lo es su impacto sobre el calentamiento global y, correspondientemente, su responsabilidad ineludible de mitigarlo. Pero, ¿hace falta ser una potencia económica mundial para liderar la gestión sostenible? ¿Es la inyección masiva de capital la única vía hacia la neutralidad climática?
Frente al relato dominante, existe una realidad paralela y esperanzadora protagonizada por economías mal llamadas «en vías de desarrollo». Países que apenas son responsables de una fracción marginal de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero, pero que han decidido no esperar a tener el PIB de una superpotencia para liderar el cambio. Ejemplos de ello son Bután, pionero por ser un país «carbono negativo», o Costa Rica, un referente global en la protección de su biodiversidad y matriz energética.
Pero si hay un caso de éxito que ilustra cómo la voluntad política y regulatoria puede acelerar la transición sin necesidad de chequeras infinitas, es el de Uruguay. Este país ha logrado una transición energética envidiable, superando el 98% de su generación eléctrica a partir de fuentes renovables, un hito que lo sitúa en los primeros puestos a nivel global, solo por detrás de países como Islandia o Noruega.
El éxito uruguayo no se basa en el volumen de su economía, sino en la activación de palancas políticas inteligentes a largo plazo. Una de las más efectivas ha sido la creación de un entorno regulatorio favorable y la aplicación de beneficios fiscales directos para fomentar la transición hacia la movilidad eléctrica, demostrando que la regulación puede ser el mayor catalizador de la innovación. De hecho, este impulso está atrayendo inversiones privadas que están acelerando aún más el impacto y la transformación del sector del transporte, entre otros.
En este sentido, gracias al empuje de la regulación local uruguaya y a la aplicación de políticas que facilitan la transición hacia vehículos cero emisiones, estamos logrando grandes hitos en la descarbonización de los vehículos conectados a la plataforma de Cabify. Uruguay ha sido el primer país donde operamos que supera el 50% del total de viajes en coches 100% eléctricos, el primer país donde lanzamos nuestra categoría Cabify ECO, compuesta íntegramente por vehículos eléctricos, y el primer país donde prevemos alcanzar un 100% de coches cero emisiones en nuestra plataforma.
El caso de Uruguay y su reflejo en plataformas como Cabify nos deja una lección vital: la transición ecológica no es un problema exclusivo de presupuesto, sino de visión compartida. Cuando la administración pública alinea los incentivos correctos con los objetivos climáticos, el sector privado responde con colaboración, inversión e innovación. No hace falta ser la economía más grande del mundo para liderar el cambio; basta con tener la voluntad de diseñar hoy el país y la movilidad del mañana.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Mundial del Medio Ambiente
