Un año después de la aprobación del paquete legislativo Ómnibus para simplificar la legislación de la UE en el ámbito de la sostenibilidad, se puede afirmar que la regulación ha restringido el alcance de la CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad), pero no ha alterado la apuesta de las empresas por la Sostenibilidad.
Más allá del freno europeo a la regulación, informes recientes, como Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus, de la empresa tecnológica osapiens, señalan que el 90% de las empresas excluidas de la obligación de reportar información de sostenibilidad por el paquete Ómnibus tienen la intención de mantener los informes ESG.
El dato es especialmente relevante porque, con los cambios normativos, solo estarán obligadas a reportar las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación neta a partir del 1 de enero de 2027.
A pesar del contexto de incertidumbre regulatoria y del retraso en la transposición de la CSRD en el marco normativo español, muchas empresas que ya reportaban información no financiera han decidido continuar haciéndolo, aunque a corto plazo no tengan una obligación legal tan clara. La Sostenibilidad va más allá de la obligación normativa o de un simple aspecto reputacional y se percibe como una cuestión estructural de negocio, tal y como se ha puesto de manifiesto en el IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, organizado por el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En este sentido, Joan Vall, presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, ha señalado que “la sostenibilidad está evolucionando de un cumplimiento normativo a una práctica de buena gestión empresarial, lo que refuerza el papel de los auditores y expertos en reporting de la información no financiera para acompañar y asesorar a aquellas empresas que decidan continuar reportando voluntariamente”.
Por su parte, Carles Puig de Travy, decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha destacado que “la sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental, sino también de eficiencia económica, porque el coste de no actuar es muy superior al de emprender la transformación”. En este sentido, ha remarcado que “personas y empresas necesitamos un marco regulador más claro, estable y coherente, que facilite esta transformación y permita avanzar con seguridad, porque la sostenibilidad va más allá del debate político y es una exigencia de país”.
En conclusión, el nuevo escenario permite diferenciar tres perfiles de empresa:
• Las que continuarán reportando de manera voluntaria (un grupo importante)
• Las que dejarán de hacerlo al desaparecer la obligación
• Las que, además de reportar voluntariamente, optarán también por la verificación externa de la información como elemento de credibilidad. En este punto, la verificación deja de ser una obligación para convertirse en una decisión de confianza, transparencia y buen gobierno.
El mercado, un regulador más exigente que la normativa
Los expertos sostienen que la regulación está forzando una evolución desde un modelo de sostenibilidad basado en proyectos puntuales hacia un nuevo modelo de gestión de la sostenibilidad como una cuestión estructural de negocio. Y la realidad demuestra que no es solo la norma la que obliga, sino el propio mercado: clientes, financiadores y proveedores. También las demandas de matrices internacionales de la propia empresa y la integración progresiva de la sostenibilidad en la gestión del negocio.
Todo ello deriva en una necesidad de mantener el reporting ESG, que no solo refleja el compromiso medioambiental y la buena gobernanza de las compañías, sino que es una herramienta para tomar decisiones de negocio.
Por ejemplo, el acceso a financiación verde o sostenible, a menudo vinculado a indicadores sectoriales específicos (emisiones de CO₂, eficiencia energética, uso de recursos hídricos o gestión de residuos), permite canalizar inversiones hacia la modernización de procesos y tecnologías.
Movilidad y finanzas y seguros sostenibles
Durante el IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, que ha contado con la presencia de Víctor Creixell, CEO de Tradebe Environmental Services; y Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y vicedecana del CEC; se han analizado los retos del estado actual de los requerimientos de información corporativa sobre sostenibilidad.
Àngels Fitó ha puesto el foco en que “la sostenibilidad es una estructura de confianza porque las empresas necesitan datos sólidos, las administraciones deben tomar decisiones complejas y la ciudadanía reclama coherencia entre lo que medimos y lo que hacemos”. Fitó ha destacado también que “las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionales capaces de entender esta complejidad y transformarla en conocimiento útil”.
Por su parte, Víctor Creixell ha querido apuntar que “la sostenibilidad ya no puede entenderse como un ejercicio aislado de reporting o cumplimiento normativo. Debe formar parte de la manera en que las empresas operan, toman decisiones y generan valor. Para Tradebe, el ESG es un concepto que refuerza la competitividad y el impacto positivo a largo plazo”.
En el congreso se han expuesto los casos del sector de la movilidad con la presencia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Direxis-Tusgsal, Sagalés y el Comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies.
También se han abordado los retos que supone la recogida, procesamiento y difusión de datos de sostenibilidad cumpliendo con la regulación, pero dentro de un marco de estrategia de negocio, una cuestión analizada con expertas y expertos de Molins, Nestlé España, Aigües de Barcelona y Abertis.
Por otro lado, también ha habido una mesa de trabajo sobre finanzas y seguros sostenibles con la participación de Banc Sabadell, VidaCaixa, Caixa d’Enginyers Vida y Cajamar
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