El Observatorio de Transición Justa (OTJ) ha presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Sevilla su quinto informe sobre la percepción social de la transición ecológica en Andalucía. Impulsado por fundación Moeve y Red2Red, el OTJ busca generar conocimiento y promover un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados para avanzar hacia una transición ecológica justa en España y en Andalucía.
- El cambio climático se acerca a la vida cotidiana
- Beneficios en calidad de vida
- Amplio respaldo a las renovables, pero mayor exigencia sobre su implantación
- El coste económico, principal barrera para actuar más
- Una movilidad todavía dependiente de los combustibles fósiles
- Una ciudadanía que quiere participar
- Una oportunidad, especialmente a largo plazo
- Novedades en la metodología
El estudio de 2026 revela que el 61,4% de la población andaluza considera que la transición ecológica puede generar nuevos puestos de trabajo en su entorno. Este dato supone un incremento continuado a lo largo de las dos últimas ediciones —desde el 41% registrado en 2024 y el 51% de 2025— y sitúa a Andalucía como la comunidad con mayor expectativa de creación de empleo de España, 5,3 puntos porcentuales por encima de la media estatal (56,1%). De hecho, el informe identifica el empleo como el principal elemento diferencial de Andalucía y uno de los grandes activos sociales de la transición ecológica en la comunidad.
Esta percepción favorable convive, no obstante, con la conciencia de que el proceso implicará transformaciones en determinados sectores. El 44% considera que podrían desaparecer algunos empleos en su zona, aunque la preocupación disminuye considerablemente cuando se pregunta por la situación personal: solo el 19,6% de la población ocupada cree que su propio puesto de trabajo podría desaparecer o transformarse de manera importante. Entre las personas que prevén verse afectadas, el 42,8% considera que dispone de una preparación alta o muy alta para adaptarse a los cambios laborales.
En paralelo, el conocimiento ciudadano sobre el proceso de transición ecológica se mantiene en niveles similares a los registrados en 2025. Casi la mitad de la población andaluza, un 46,1%, afirma haber oído hablar del concepto de transición energética y ecológica y saber qué significa, frente al 40,9% registrado en 2022. Otro 33,9% conoce el término pero no tiene claro su contenido, mientras que el 19,9% asegura no haber oído hablar de él.
Asimismo, el 77,5% de los encuestados manifiesta un grado elevado de seguridad de que el cambio climático está ocurriendo, prácticamente el mismo porcentaje que en el conjunto de España, donde alcanza el 77,9%. Aunque el consenso continúa siendo amplio, la certeza ha descendido ocho puntos desde 2022, fundamentalmente por el crecimiento de posiciones intermedias de duda y no por un aumento equivalente del rechazo al fenómeno.
La prioridad concedida a combatir el cambio climático también convive en el corto plazo con otras preocupaciones sociales. En 2026, el 57,5% de la población andaluza considera que debe ser una prioridad de actuación, mientras que el 34,4% entiende que es importante, pero que actualmente existen otras cuestiones más urgentes. El informe vincula esta evolución al mayor protagonismo de problemas como la vivienda, el coste de la vida o el empleo en las preocupaciones de la ciudadanía.
El cambio climático se acerca a la vida cotidiana
Una de las principales novedades de esta edición es el análisis de la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los fenómenos climáticos extremos. Los resultados muestran que el cambio climático se percibe cada vez menos como un fenómeno lejano y más como un factor capaz de afectar directamente al bienestar diario.
La salud, señalada por el 43,7%, y la movilidad y los desplazamientos, con un 42,2%, son los ámbitos en los que la población andaluza se siente más afectada o cree que podría verse afectada en el corto plazo por olas de calor, incendios, lluvias torrenciales, inundaciones o sequías. Les siguen los hábitos de ocio (38%), la integridad física (35,9%), la vivienda (31,3%) y el trabajo (21,3%). La movilidad constituye, además, uno de los pocos ámbitos en los que Andalucía se sitúa claramente por encima de la media española.
Sin embargo, esta percepción del riesgo todavía tiene una traducción limitada en medidas de adaptación. Entre quienes declaran estar expuestos a estos fenómenos, el 58,4% no ha adoptado ninguna medida preventiva, mientras que el 41,3% sí ha realizado alguna actuación. Entre estas últimas predominan la instalación de sistemas de climatización, citada por el 56,6%, y las mejoras en el aislamiento o acondicionamiento de las viviendas, con un 43,4%.
Las temperaturas más extremas son, además, el efecto del cambio climático más reconocido por la ciudadanía andaluza, con un 61,1% de menciones cuando se pregunta por sus consecuencias en España, seguido de los fenómenos meteorológicos extremos que provocan inundaciones, con un 57,8%. La sequía mantiene una particularidad en Andalucía: es prácticamente igual de mencionada cuando se piensa en España (28,3%) que cuando se pregunta por el entorno más próximo (28,2%), una muestra de su fuerte vinculación con la experiencia cotidiana de la comunidad.
Beneficios en calidad de vida
Más allá del empleo, los andaluces asocian la transición ecológica con mejoras concretas en su calidad de vida. Cerca de dos tercios consideran que puede contribuir a reducir la contaminación del aire (67%), generar entornos urbanos más limpios (63,5%), reducir la contaminación del agua (62,5%) y mejorar la salud de la población (62,4%).
Las expectativas son, en cambio, más prudentes cuando se pregunta por la capacidad de la transición para frenar procesos climáticos de gran escala: el 52,3% confía en que contribuya a reducir la sequía y mejorar los recursos hídricos, el 49,5% a contener las temperaturas extremas y el 45,1% a frenar fenómenos meteorológicos extremos. El estudio apunta así a que la ciudadanía identifica con mayor facilidad los beneficios próximos y tangibles de la transición que su capacidad para revertir fenómenos climáticos globales.
Amplio respaldo a las renovables, pero mayor exigencia sobre su implantación
El respaldo a las principales energías renovables continúa siendo elevado en Andalucía. La energía solar cuenta con el apoyo del 86,7% de la población y la eólica del 80,8%, mientras que el hidrógeno verde alcanza el 70,6% y los biocombustibles el 59,7%. En 2026, solar y eólica recuperan parte del terreno perdido el año anterior y se estabilizan de nuevo en niveles muy elevados.
La aceptación disminuye, sin embargo, cuando se plantea instalar infraestructuras en el entorno próximo. El 74,1%estaría dispuesto a tener cerca un parque solar y el 67,8% un parque eólico. La distancia entre el respaldo general a estas tecnologías y su aceptación en el territorio se ha ampliado de forma notable respecto a 2025. Entre los motivos de rechazo destacan el impacto ambiental y sobre la fauna, el impacto visual y, en el caso de la solar, la percepción de que determinadas zonas ya concentran demasiadas instalaciones.
Los resultados, por tanto, apuntan a una ciudadanía favorable al despliegue renovable, pero más exigente respecto a cómo, dónde y con qué participación local se desarrollan los proyectos, así como sobre el reparto de sus costes y beneficios.
El coste económico, principal barrera para actuar más
En la vida cotidiana, el reciclaje sigue siendo la acción frente al cambio climático más extendida entre los andaluces, mencionada por el 68,7%, seguida de la reducción del consumo de energía y agua (29,5%) y del uso del transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie (29,2%).
La predisposición a asumir nuevas medidas disminuye, sin embargo, cuando estas implican un desembolso económico. Mientras que el 84% estaría dispuesto a reparar o reutilizar electrodomésticos antes de sustituirlos y alrededor del 77% a instalar placas solares en su vivienda, el porcentaje baja al 41% cuando se plantea pagar más por una energía menos contaminante y al 25% ante la posibilidad de pagar más impuestos para financiar la transición ecológica.
De hecho, cuando se pregunta cuál es la principal razón para no hacer más frente al cambio climático, la imposibilidad económica ocupa el primer lugar, mencionada por el 28,4% de la población. El estudio concluye que buena parte de las barreras para avanzar se sitúan menos en el rechazo a los objetivos de la transición que en los recursos disponibles y en las posibilidades materiales de llevar los cambios a la práctica.
Una movilidad todavía dependiente de los combustibles fósiles
La movilidad constituye otro de los grandes retos detectados. El 89,8% de la población andaluza dispone de algún vehículo motorizado en su hogar y más de ocho de cada diez vehículos siguen funcionando con diésel o gasolina. Los híbridos, no obstante, avanzan hasta representar un 13,1%, frente al 8,9% de 2025, mientras que los eléctricos se sitúan todavía en el 2,8%.
La ciudadanía identifica como principales obstáculos para el coche eléctrico la autonomía de las baterías (38,5%), la escasez de lugares de recarga (35,9%) y su elevado precio (32,3%). En sentido contrario, el 54,6% considera que su principal ventaja es que se trata de un medio de transporte más ecológico o menos contaminante.
Una ciudadanía que quiere participar
En este contexto, la exigencia de una gobernanza participativa es prácticamente unánime. El 95% de la población andaluza demanda intervenir de alguna manera en las decisiones relativas a la transición ecológica. En concreto, el 51,4%considera que la ciudadanía debe participar activamente y compartir la toma de decisiones con las autoridades, mientras que otro 43,6% cree que debe ser consultada y que su opinión ha de ser tenida en cuenta. Solo un 4,9% defiende un modelo en el que las personas se limiten a recibir información sobre decisiones adoptadas por expertos y responsables públicos.
Al mismo tiempo, el 83,2% atribuye al Gobierno central y a las administraciones autonómicas la principal responsabilidad en el desarrollo de una transición ecológica justa, muy por delante de otros actores. Las empresas privadas son señaladas por el 40,2%, los medios de comunicación por el 39,4% y los centros educativos por el 38,8%.
En cuanto a las políticas públicas, las mejor valoradas son los planes de rehabilitación energética de los hogares (76,6%), la prohibición de plásticos de un solo uso (74,7%) y las campañas de sensibilización (69,2%). El respaldo es menor cuando las medidas tienen un componente restrictivo o suponen un coste económico directo: las áreas de bajas emisiones obtienen un 46,6% de apoyo y los impuestos ambientales, un 31,8%.
Teresa Mañueco, directora de fundación Moeve, ha subrayado la relevancia de esta quinta edición del estudio: “Contamos ahora con cinco años de datos que nos permiten analizar cada vez con rigor la evolución de la percepción social en Andalucía en cuanto a la transición justa. Queremos que este estudio sea una herramienta útil para que todos los actores implicados podamos definir estrategias que permitan avanzar la transición ecológica en la región, implicando a toda la sociedad”.
Una oportunidad, especialmente a largo plazo
Pese a las cautelas existentes, la transición ecológica continúa percibiéndose mayoritariamente como una oportunidad. A corto plazo, el 50,3% la considera una oportunidad, frente a un 29,9% que identifica simultáneamente oportunidades y amenazas y un 18,9% que la percibe como una amenaza. La perspectiva mejora al pensar en el futuro: a largo plazo, el 62,9% la considera una oportunidad.
El informe refleja, no obstante, un escenario emocional más complejo. Junto al interés, la esperanza y una creciente sensación de responsabilidad aparecen niveles relevantes de incertidumbre, desconfianza e impotencia. La conclusión del Observatorio es que el reto ya no reside tanto en convencer a la población de la necesidad de avanzar en la transición ecológica como en hacer tangibles sus beneficios, eliminar los obstáculos materiales para participar en ella y garantizar un reparto equitativo de costes y oportunidades.
La presentación concluyó con una mesa redonda integrada por Esperanza Fitz Luna, presidenta de AMESEMAP; Gabriela Reyes, de la División de Tecnologías Energéticas y Descarbonización de INERCO; y Blanca Miedes, profesora titular de Economía Aplicada y miembro de COIDESO, moderada por Paula Ruiz, responsable de Proyectos de Transición Ecológica de fundación Moeve.
El debate puso de relieve que el éxito de una transición ecológica justa en Andalucía pasa por abordar simultáneamente los desafíos económicos, sociales y formativos que todavía dificultan su avance. Las participantes coincidieron en la necesidad de eliminar barreras para las personas y las pymes, acelerar la capacitación en nuevas tecnologías, reforzar la competitividad empresarial y generar espacios estables de participación que permitan a la ciudadanía involucrarse de forma informada en la toma de decisiones.
Novedades en la metodología
Para la realización del estudio se llevaron a cabo 3.284 encuestas en el conjunto de España, con una muestra representativa específica de 575 personas residentes en Andalucía, entre enero y febrero de 2026. El trabajo combina entrevistas telefónicas —75% mediante CATI— y cuestionarios online —25% mediante CAWI— y establece cuotas por sexo, edad, tamaño de municipio y comunidad autónoma.
Además de dar continuidad a las dimensiones analizadas en anteriores ediciones, el estudio de 2026 incorpora un nuevo bloque de preguntas centrado en la percepción de vulnerabilidad y exposición a los efectos del cambio climático y en la capacidad de adaptación y respuesta individual y colectiva, junto con la continuidad del análisis sobre movilidad sostenible iniciado en 2025.
El propio resumen ejecutivo del informe sintetiza el escenario como el de una Andalucía en creciente convergencia con España, pero que mantiene particularidades especialmente vinculadas a su realidad climática y socioeconómica: una elevada expectativa de creación de empleo, una percepción muy cercana de fenómenos como la sequía y una distancia todavía significativa entre la conciencia ambiental y la capacidad de convertirla en cambios efectivos.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables y en el Caso Práctico de Moeve en el Anuario Corresponsables 2026.
