Un proyecto forestal no se sostiene solo con árboles bien plantados: se sostiene con las personas que viven, trabajan y deciden en el territorio donde se desarrolla. Esas personas, y las instituciones que las representan, son lo que llamamos grupos de interés o stakeholders.
Escucharlos, informarlos y rendirles cuentas no es un gesto de cortesía ni un requisito de imagen. Es la condición para que una inversión en el medio rural genere valor duradero, para ellos y para nosotros. En Grupo Sylvestris lo entendemos así, y los hechos de los últimos años lo demuestran.
Para entender de qué hablamos, conviene empezar por las personas concretas. Los grupos de interés de nuestros proyectos son los alcaldes, los servicios sociales de los ayuntamientos, los representantes de las comunidades autónomas, las entidades sociales de las zonas de actuación, las empresas y los trabajadores locales, las personas vulnerables y los vecinos de las poblaciones donde se ubican los proyectos.
Cada uno aporta una mirada distinta. El alcalde conoce las prioridades del municipio; los servicios sociales y las entidades del tercer sector saben dónde están las necesidades reales; las empresas locales ofrecen capacidad de contratación y suministro; los vecinos conocen el monte, su historia y sus riesgos. Ignorar cualquiera de estas voces empobrecería el proyecto.
Esa cercanía se traduce en hechos concretos. En 2025 fuimos la primera empresa del sector forestal en medir el retorno social de la inversión (SROI, Social Return On Investment) de nuestro proyecto de Grandas de Salime, en Asturias. El resultado fue que por cada euro invertido el retorno social es de 6,51 €.
La cifra importa, pero importa más lo que implica: para medir el impacto social de un proyecto hay que preguntar a quienes lo viven qué ha cambiado en sus vidas. El SROI obliga a identificar a los grupos de interés, a escucharlos y a valorar con ellos los cambios que consideran relevantes. Sin esa relación previa, el indicador no existiría.
La confianza de los grupos de interés también se gana con garantías externas. También en 2025 fuimos la primera empresa de la península ibérica en registrar un proyecto certificado por Verra, bajo su estándar Verified Carbon Standard (VCS). En 2026, dos de nuestros proyectos de Portugal han sido los primeros en inscribirse en la plataforma de registro del Mercado Voluntario de Carbono Portugués.
Estos hitos tienen un destinatario claro: vecinos, administraciones y empresas que quieren saber que lo que decimos se puede comprobar. Un registro público y una auditoría independiente permiten que cualquiera consulte los datos, los contraste y exija coherencia. Ser pioneros nos da visibilidad, pero sobre todo nos compromete a mantener un estándar alto de rigor ante quienes más cerca están de cada proyecto.
Ninguna relación estrecha funciona sin comunicación en ambos sentidos. Por eso mantenemos un correo electrónico de preguntas, quejas y sugerencias, abierto a todos nuestros grupos de interés, para que puedan hacernos llegar sus dudas, sus críticas y sus ideas.
Un canal así cumple tres funciones: detecta problemas antes de que crezcan, mejora los proyectos con el conocimiento local y demuestra que las quejas se atienden. Para una persona vulnerable o un vecino de un pueblo pequeño, saber que existe una vía directa y sencilla marca la diferencia entre sentirse parte del proyecto o sentirse un espectador.
Visto en conjunto, medir el impacto social, certificar con estándares reconocidos y abrir un canal de diálogo son tres formas de una misma convicción: un proyecto forestal solo es sostenible si quienes viven a su alrededor lo sienten propio. Los grupos de interés no son un público al que informar al final, sino socios con los que se construye desde el principio.
El retorno de 6,51 € por cada euro invertido en Grandas de Salime es una señal de que este camino funciona. Seguiremos recorriéndolo en más proyectos, con alcaldes, entidades, empresas, trabajadores y vecinos, porque es la manera más sólida de cuidar el territorio y a las personas que lo habitan.
