En los últimos años, la conversación sobre los riesgos climáticos ha girado en torno a cómo medirlos: cuánto subirá el nivel del mar, con qué frecuencia habrá una DANA, cuántos días de calor extremo soportará una ciudad. Es una pregunta necesaria, pero hay otra que empieza a importar tanto o más: quién estima antes esos riesgos y quién puede anticiparse a ellos para actuar en consecuencia.
El precio como señal
Cuando una aseguradora sube una prima, eleva una franquicia, recorta una cobertura o deja de cubrir riesgos en una zona, está transmitiendo información. Condensa en un número lo que sus modelos anticipan sobre el futuro de un activo o de un territorio. En ese sentido, el seguro funciona como un mecanismo de descubrimiento del precio del riesgo climático, y probablemente sea el canal por el que ese riesgo llega antes a la economía real: a la hipoteca, al valor de una vivienda, a la viabilidad de un comercio.
Según la autoridad europea de seguros (EIOPA), solo en torno a una cuarta parte de las pérdidas por catástrofes naturales en la UE han estado aseguradas en las últimas décadas.
Desde dentro del propio sector llegan además señales preocupantes. En octubre, un grupo anónimo de directivos de aseguradoras, reaseguradoras y corredores europeos advirtió, en un memorando difundido por la plataforma británica Inside Track, que los modelos infravaloran el peligro, que hay presiones internas para rebajar las cifras y que el riesgo climático no se está comunicando debidamente a los gobiernos.
Para que la brecha de protección se reduzca y las primas reflejen el coste real del riesgo, es necesario que la información esté disponible para todos, sea fácil de interpretar y se conozcan su origen y su fiabilidad.
Una información que no circula por igual
El problema es que esa información no llega a todos a la vez. En un extremo están aseguradoras, reaseguradoras, grandes gestores de activos y proveedores especializados de datos, con modelos propietarios y capacidad para leer las señales antes que nadie. En el otro, propietarios de viviendas, pymes y ayuntamientos, que a menudo descubren el riesgo cuando la prima ya ha subido o cuando el daño ya se ha producido.
Madison Condon, profesora de Derecho en la Universidad de Boston, lo ha analizado en su estudio sobre el mercado de los «servicios climáticos»: un negocio creciente que transforma ciencia financiada en buena medida con fondos públicos en productos propietarios cuyos métodos rara vez pueden verificarse desde fuera. Condon se pregunta qué ocurre cuando el conocimiento sobre el riesgo climático se genera y se distribuye, cada vez más, a través de canales financieros privados. En ese caso, quien controla esa información controla también una fuente de poder económico.
Un ejemplo reciente: a finales de 2025, Zillow, el principal portal inmobiliario de Estados Unidos, retiró de sus anuncios las puntuaciones de riesgo climático que mostraba a los compradores. Lo hizo tras las quejas de vendedores y agentes, que cuestionaban su fiabilidad. Con ello, los compradores se quedaron sin una información relevante sobre la vivienda que estaban considerando comprar.
Cuando el dato público se retira
A ello se suma un fenómeno menos visible: el debilitamiento de las fuentes públicas sobre las que descansa buena parte del conocimiento sobre el riesgo climático. La mayoría de los modelos comerciales de riesgo climático se construye sobre observaciones, reanálisis y proyecciones de agencias públicas. La NOAA estadounidense ha sido durante décadas una de las principales.
En 2025, la NOAA dejó de actualizar su base de datos de desastres de más de mil millones de dólares, que desde 1980 permitía a cualquier persona seguir el coste de los fenómenos extremos. Le siguieron recortes de plantilla y una propuesta presupuestaria que suprimía sus laboratorios de clima. En paralelo, la agencia empieza a comprar a empresas privadas observaciones que antes generaba ella misma, y Project 2025, el programa de los republicanos que ha inspirado buena parte de la agenda de la actual administración, proponía comercializar la predicción meteorológica.
Comprar datos comerciales puede mejorar las predicciones, y empresas como Alpha-Klima existen porque hay valor en convertir la ciencia en decisiones. El riesgo es que, cuando el dato de base deja de ser público, abierto y continuo, el conocimiento se desplaza hacia quien puede pagarlo y se pierde la referencia común con la que contrastar los modelos privados. Europa, con los datos abiertos de Copernicus, ha elegido, de momento, otro camino.
Una cuestión de equidad
Esta asimetría tiene consecuencias, pues deja a una de las partes en desventaja cuando se negocian primas, se transmiten activos, se conceden préstamos o se deciden planes de adaptación. Quien conoce el riesgo antes puede vender, cubrirse o marcharse a tiempo, mientras que quien lo descubre tarde acaba asumiendo las pérdidas.
Además, el riesgo que el seguro deja de cubrir no desaparece, sino que se traslada a los propietarios y, en última instancia, al presupuesto público. Privatizar el conocimiento mientras se socializan las pérdidas plantea un evidente problema de justicia distributiva.
Dónde invertir en adaptación
Que la información sea accesible para todos importa también a la hora de decidir dónde invertir en adaptación. Los recursos son escasos frente a las necesidades: el PNUMA estima que solo los países en desarrollo necesitarán más de 300.000 millones de dólares anuales en 2035, entre doce y catorce veces los flujos públicos internacionales actuales. Con recursos tan limitados, equivocarse al decidir dónde invertir sale caro.
Decidir qué río encauzar, qué barrio proteger o qué infraestructura reforzar primero exige saber dónde se concentran peligro, exposición y vulnerabilidad. Si ese conocimiento solo está al alcance de quien puede pagarlo, la inversión tenderá a dirigirse hacia donde hay más valor asegurado, y no necesariamente hacia donde la población está más expuesta. Por eso, generar y compartir información sobre el riesgo debería considerarse parte de la propia inversión en adaptación.
El matiz español
España ofrece un caso singular. Nuestro sistema de riesgos extraordinarios, articulado en torno al Consorcio de Compensación de Seguros, mutualiza la cobertura de inundaciones con un recargo que no depende de la exposición de cada inmueble. Es un modelo solidario y eficaz —tras la DANA de Valencia, el Consorcio ha superado los 4.000 millones de euros en indemnizaciones—, pero tiene un inconveniente: en ese tramo, la prima apenas refleja el riesgo de cada inmueble.
La información, sin embargo, existía. Una parte relevante de las viviendas afectadas por la DANA se construyó en zona inundable durante los años de la burbuja, con cartografía oficial disponible. Los expertos conocían el riesgo, pero ese conocimiento no llegó a quien firmaba la compra ni a quien concedía la licencia o la hipoteca. Cuando el precio no transmite el riesgo, la información tiene que llegar por otras vías.
Un problema de grupos de interés
Por eso el diálogo con los grupos de interés es, además de un ejercicio de transparencia, una herramienta de gestión del riesgo. Para adaptarnos necesitamos mejores modelos, pero también que la información circule entre actores con intereses distintos, porque cada uno conoce una parte del problema: la comunidad científica entiende el peligro; la aseguradora, la siniestralidad; el banco, la exposición de su cartera; el ayuntamiento, la vulnerabilidad del territorio; el vecino, la calle que se inunda cada otoño.
De esa conversación se derivan, a mi juicio, tres compromisos:
- Transparencia metodológica. Los modelos que informan decisiones de crédito, de suscripción o de planeamiento deben poder explicarse y contrastarse; de lo contrario, difícilmente generarán confianza.
- Los datos críticos como infraestructura compartida. Peligrosidad, exposición y siniestralidad agregada no deberían depender de quién puede pagar una licencia. Y las series públicas de observación, de la NOAA a Copernicus, deben protegerse como infraestructura crítica.
- Accesibilidad. El dato climático tiene valor social cuando llega en un formato útil a quien tiene que gestionar un riesgo: el técnico municipal responsable de un plan urbanístico, la pyme que elige su localización o la familia que compra una vivienda.
Medir mejor no basta
En Alpha-Klima trabajamos en la evaluación del riesgo físico climático para entidades financieras. Nuestra tarea es identificar la exposición y cuantificar la vulnerabilidad de un activo, sea una empresa, una fábrica o un inmueble. Pero no basta con cuantificar: también tenemos que asegurar que los resultados sean comprensibles, verificables, auditables y trazables. A mi juicio, la analítica climática tiene que ayudar a medir mejor el riesgo y, a la vez, a que el conocimiento necesario para gestionarlo llegue a más gente.
Gestionar el riesgo climático de forma responsable requiere mejores modelos y, sobre todo, información accesible, transparente y compartida entre todos los grupos de interés. Que las primas suban por efecto de los riesgos climáticos puede ser inevitable; lo que debemos evitar es que la información que explica esa subida quede en manos de unos pocos, mientras el resto descubre el riesgo cuando ya es demasiado tarde.
