La transición ecológica se ha consolidado como uno de los grandes desafíos y oportunidades de nuestro tiempo. Sin embargo, su éxito no depende únicamente de los avances tecnológicos o de las políticas climáticas, sino también de su capacidad para generar empleo, bienestar y beneficios tangibles para las personas y los territorios. El IV Informe del Observatorio de Transición Justa, impulsado por Fundación Moeve y coordinado por Red2Red, refleja precisamente esta evolución: una ciudadanía que mantiene un amplio respaldo a la acción climática, pero que demanda una transición más cercana, inclusiva y conectada con sus necesidades cotidianas.
- Entrevista Corresponsables a Anabel Suso, Coordinadora del informe y Directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red
- Más de la mitad de la población percibe ya la transición ecológica como fuente de creación de empleo. ¿Qué factores explican este cambio y qué implicaciones tiene?
- La ciudadanía sigue apoyando la lucha contra el cambio climático, pero reclama una transición más conectada con las necesidades cotidianas. ¿Cómo lograrlo?
- Empleo, salud y mejora de los entornos urbanos son beneficios destacados. ¿Qué oportunidades hay para que administraciones, empresas y sociedad civil trabajen juntas?
- El informe dice que los incentivos, el apoyo público y la pedagogía social generan más respaldo que las medidas percibidas como restrictivas. ¿Qué lecciones deja esto?
- El reto ya no es solo explicar los objetivos climáticos, sino conectar la transición con beneficios concretos para las personas. ¿Qué mensajes y acciones son clave para reforzar la confianza ciudadana?
- Para finalizar, ¿cuál sería el mensaje principal del informe?
Para profundizar en las principales conclusiones del estudio y analizar cómo puede fortalecerse la confianza social en este proceso de transformación, en Corresponsables entrevistamos a Anabel Suso, Coordinadora del informe y Directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red. Con ella abordamos cuestiones clave como el papel del empleo verde, la importancia de la justicia social y territorial, la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil, y los retos para convertir la transición ecológica en una verdadera agenda de progreso compartido.
Entrevista Corresponsables a Anabel Suso, Coordinadora del informe y Directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red
Más de la mitad de la población percibe ya la transición ecológica como fuente de creación de empleo. ¿Qué factores explican este cambio y qué implicaciones tiene?
El informe muestra que este giro se apoya en varios factores: una mayor visibilidad de sectores con potencial de crecimiento —como renovables, rehabilitación, movilidad sostenible o economía circular—; una percepción más clara de que la transición puede generar empleo local y actividad productiva. El propio PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) actualizado presenta la transición energética como una palanca de competitividad, seguridad energética y empleo, y el Gobierno subraya que el sector renovable ya superaba las 130.000 personas empleadas en 2022 tras crecer un 54% respecto a 2018;
La materialización visible de esa promesa en proyectos, políticas y programas se observa en el hecho de que desde 2023, MITECO y Fundación Biodiversidad han ido aterrizando el discurso de “empleos verdes” en sectores concretos —renovables, rehabilitación energética, bioeconomía, economía circular, restauración ecológica—, identificando 14 sectores prioritarios y 40 ocupaciones estratégicas; y en 2026 se refuerza esa señal con programas como Empleaverde+, que prevé formar a más de 12.000 personas en competencias ligadas a la transición.
El dato es muy relevante porque revela un cambio de marco: la transición ecológica empieza a dejar de verse solo como una obligación ambiental para percibirse también como una oportunidad económica y de modernización.
Cuando la transición deja de percibirse como un horizonte difuso y se traduce en ocupaciones, formación y convocatorias reales, su credibilidad como fuente de empleo aumenta.
La implicación para las políticas públicas es muy clara: para mejorar su aceptación hay que vincular la transición a planes visibles de empleo, recualificación, inversión territorial y protección social. Y para las empresas, el mensaje es igualmente claro: quienes sepan traducir la transición en innovación, formación y empleo de calidad estarán mejor posicionadas socialmente y también competitivamente.
La ciudadanía sigue apoyando la lucha contra el cambio climático, pero reclama una transición más conectada con las necesidades cotidianas. ¿Cómo lograrlo?
El informe sugiere que la clave está en pasar de una narrativa centrada en metas abstractas a una propuesta de valor concreta para la vida diaria. La ciudadanía sigue apoyando mayoritariamente la acción climática, pero el cambio climático compite hoy con otras urgencias como el coste de la vida, la vivienda o la estabilidad económica. Por eso, una transición eficaz tiene que presentarse —y ejecutarse— como una agenda que mejora la salud,
el confort térmico de las viviendas, la movilidad, la calidad del aire, la resiliencia frente a eventos extremos y el acceso a oportunidades laborales.
Eso exige combinar ambición ambiental con justicia social y territorial. En la práctica, significa diseñar políticas diferenciadas por perfiles y territorios, proteger a los hogares más vulnerables, abaratar las actuaciones verdes, garantizar alternativas reales y reforzar la participación ciudadana.
La transición será más sólida cuanto más se perciba como útil, cercana y justa, no como una carga adicional para quienes ya viven bajo presión económica.
Empleo, salud y mejora de los entornos urbanos son beneficios destacados. ¿Qué oportunidades hay para que administraciones, empresas y sociedad civil trabajen juntas?
Aquí el informe abre una ventana muy interesante: la transición ecológica puede convertirse en un espacio de colaboración práctica entre actores muy distintos si se orienta a beneficios tangibles. De hecho, cuando se combinan estos beneficios deja de ser una agenda sectorial y pasa a convertirse en una agenda de desarrollo local.
En empleo, hay mucho recorrido en planes de recualificación profesional, formación dual, nuevas cadenas de valor verdes y proyectos locales de inversión.
En salud y calidad urbana, las oportunidades son muy claras en ámbitos como la rehabilitación energética de viviendas, la reducción de la contaminación, la movilidad sostenible y la mejora del entorno urbano.
Las administraciones pueden aportar planificación, financiación e incentivos; las empresas, innovación, capacidad de inversión y generación de empleo; y la sociedad civil, legitimidad social, conocimiento del territorio y capacidad de movilización.
Lo importante es que esa cooperación no sea retórica, sino que se traduzca en proyectos concretos y visibles: barrios rehabilitados, transporte más limpio, empleo local, ahorro energético y mejoras medibles en la calidad de vida.
El informe dice que los incentivos, el apoyo público y la pedagogía social generan más respaldo que las medidas percibidas como restrictivas. ¿Qué lecciones deja esto?
La principal lección es que una política climática eficaz no puede apoyarse solo en la coerción o en el sacrificio individual. El informe muestra que las medidas que facilitan, acompañan y hacen viable el cambio tienen mucho más respaldo que aquellas percibidas como imposiciones o costes directos. En otras palabras, la ciudadanía responde mejor a una transición habilitadora que a una transición punitiva.
Eso significa varias cosas para quienes diseñan políticas públicas:
- Primero, que hay que reducir barreras económicas, porque el principal freno ya no es la falta de información, sino el coste.
- Segundo, que la pedagogía sigue siendo esencial, pero debe ser práctica y conectada con beneficios concretos.
- Tercero, que la participación importa: la gente acepta mucho mejor los cambios cuando entiende su sentido, ve su utilidad y percibe que hay una distribución razonable de costes y beneficios.
También hay una lección territorial muy importante: en cuestiones como el despliegue de renovables, no basta con tener razón técnica; hace falta construir licencia social, es decir, legitimidad local, participación y retornos visibles para el territorio.
El reto ya no es solo explicar los objetivos climáticos, sino conectar la transición con beneficios concretos para las personas. ¿Qué mensajes y acciones son clave para reforzar la confianza ciudadana?
Yo diría que el mensaje central debe ser este: la transición ecológica no va de pedir más sacrificios, sino que va a proteger mejor la vida cotidiana. Hay que hablar más de salud, ahorro, confort, empleo, seguridad ante fenómenos extremos, calidad del aire, barrios más habitables y oportunidades para los jóvenes. Es decir, menos lenguaje abstracto y más prueba tangible de que la transición mejora cosas que importan.
En cuanto a acciones, destacaría cinco: 1) hacer visibles los beneficios ya existentes: empleo creado, ahorro energético, rehabilitación de viviendas, mejoras urbanas; 2) acompañar económicamente a hogares y sectores vulnerables, porque la confianza se erosiona cuando el coste recae sobre quienes menos margen tienen; 3) segmentar la comunicación y las políticas según perfiles sociales y territoriales, porque la ciudadanía no es homogénea; 4) reforzar la participación real en el despliegue territorial de las medidas, 5) Combatir la desinformación con una pedagogía sencilla, útil y basada en experiencias cercanas.
En el fondo, la confianza ciudadana crece cuando la transición deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia presente de mejora.
Para finalizar, ¿cuál sería el mensaje principal del informe?
El gran mensaje del informe, a mi juicio, es que la sociedad española no da la espalda a la transición ecológica, pero exige que esta sea más justa, más cercana y más demostrable. El consenso de fondo sigue existiendo, pero ya no basta con apelar a la urgencia climática en abstracto: la transición tendrá apoyo sostenido si se traduce en empleo, salud, bienestar, protección frente a riesgos y beneficios visibles en los territorios.
En ese sentido, el reto ya no es ganar la batalla del “qué”, sino la del “cómo”. Es decir, cómo se reparten los costes y los beneficios, cómo se protege a quienes están más expuestos, cómo se implican los territorios y cómo se convierte una agenda climática en una agenda de progreso compartido. Si esa conexión se logra, el consenso puede convertirse en una adhesión social mucho más fuerte y duradera.
Consulta más información responsable en las publicaciones Corresponsables.
