Adrià Álvarez: «La eficiencia deja de ser un coste y se convierte en un activo»

La sostenibilidad empresarial está viviendo un profundo cambio de paradigma. Lo que hace apenas unos años era, en muchos casos, una iniciativa impulsada por la reputación o la responsabilidad corporativa, hoy se ha convertido en una cuestión estratégica marcada por la regulación, la eficiencia operativa y la competitividad. En este nuevo contexto, las organizaciones necesitan transformar obligaciones como la huella de carbono, los Certificados de Ahorro Energético (CAE), la CSRD o los criterios ESG en oportunidades reales de ahorro y creación de valor.

Con más de 500 clientes corporativos, 1,2 millones de toneladas de CO₂e gestionadas y 110.000 MWh certificados, Certex Innova se ha consolidado como una ingeniería especializada en eficiencia energética y compliance en sostenibilidad, ayudando a empresas de sectores como el transporte, la industria, la construcción y los servicios a monetizar la eficiencia energética mediante el uso de datos, digitalización e inteligencia artificial.

Conversamos con Adrià Álvarez, director comercial de Certex Innova sobre cómo está evolucionando la demanda empresarial, el potencial de los CAE como instrumento financiero, el papel de los datos en la descarbonización y por qué las nuevas exigencias regulatorias pueden convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones que sepan anticiparse.

Entrevista Corresponsables a Adrià Álvarez, Director comercial de Certex Innova

¿Cómo está cambiando esta realidad las prioridades y las demandas de vuestros clientes?

Ha cambiado quién nos llama. Hace tres años el interlocutor era marketing o el responsable de RSC, y la conversación era reputacional. Hoy quien descuelga el teléfono es el director financiero o el de operaciones, y ya no viene con una intención: viene con una obligación y una fecha. La regulación —huella de carbono obligatoria, reporte de emisiones en transporte, directivas de eficiencia— ha convertido la sostenibilidad de un «deberíamos» en un «tengo que, y quiero saber cuánto me cuesta». La demanda ha dejado de ser «ayúdame a parecer más verde» y ha pasado a ser «tengo esta obligación encima, cúmplela por mí y, si se puede, conviértela en ahorro». Nosotros trabajamos exactamente en esa segunda parte.

¿Qué ejemplos demuestran que reducir emisiones también es más rentable?

La premisa —»sostenibilidad igual a rentabilidad»— es, la mayoría de las veces, marketing. No existe un premio verde que te pague por ser bueno. Lo que sí existe es rentabilidad cuando hay un mecanismo de monetización concreto detrás. Y ahí es donde nosotros vivimos.

El caso más claro son los Certificados de Ahorro Energético: una mejora de eficiencia que ibas a hacer igualmente pasa a tener un valor de mercado que puedes vender. La eficiencia deja de ser un coste y se convierte en un activo. El segundo caso es la medición. Cuando instalas telemetría en una flota o submetering en una planta, siempre aparece algo que nadie sabía que estaba pagando: máquinas que consumen en vacío fuera de turno, vehículos con horas de ralentí que nadie contaba, equipos que llevan años funcionando fuera de su punto óptimo. Eso son euros directos, no intangibles. Nuestro modelo de Energy Savings as a Service se apoya en eso: cobramos ligados al ahorro que generamos, no al informe que entregamos. Nuestro incentivo y el del cliente son el mismo número.

¿Qué oportunidades ofrecen los CAE y qué deberían saber las empresas que aún no los exploran?

El CAE convierte una inversión en eficiencia en algo que se paga total o parcialmente solo. Ejecutas una actuación verificada, generas certificados y esos certificados tienen comprador obligado por ley. Es, en la práctica, una vía de financiación de tu propia mejora energética.

Ahora, lo que deberían saber antes de ilusionarse: no todo computa. La actuación tiene que cumplir criterios de elegibilidad y adicionalidad, hay que documentarla bien y el valor del certificado fluctúa con el mercado. La diferencia entre que esto sea escalable o un dolor de cabeza está en si existe una ficha estandarizada para tu actuación —como ocurre en transporte— o si te toca ir por proyecto singular, caso a caso, que es donde se destruye la economía de escala. Y las fichas cambian; hay que tener a alguien siguiéndolas semana a semana. El error típico es verlo como un trámite. Es una oportunidad financiera con letra pequeña, y la letra pequeña es exactamente donde aportamos.

¿Qué retos comunes veis en la descarbonización de sectores distintos y qué buenas prácticas destacaríais?

El reto es siempre el mismo, cambie el sector que cambie: los datos. Casi nadie tiene su consumo energético o sus emisiones medidos con granularidad, y lo poco que tienen está repartido en sistemas que no se hablan entre sí. Sin ese dato base, cualquier plan de descarbonización es una declaración de intenciones.

La segunda trampa es tratarlo como un proyecto puntual —»hago el informe, cumplo, y me olvido»— cuando es un proceso operativo continuo. Las buenas prácticas que aceleran de verdad son tres: primero, conseguir el dato granular antes de comprometer ningún objetivo público; segundo, automatizar la capa de datos para que el reporte no dependa de un Excel que alguien rellena a mano una vez al año; y tercero, empezar por las actuaciones que se autofinancian —las elegibles para CAE, por ejemplo— para que el propio ahorro pague las siguientes fases. Descarbonizar sin autofinanciación es una carrera que la mayoría de empresas abandonan a la mitad.

Y un apunte de hacia dónde va todo esto: el carbono está dejando de ser solo un dato de reporte para convertirse en un coste con precio de mercado. Las instalaciones industriales grandes ya lo viven con los derechos de emisión europeos, y ahora el mecanismo de ajuste en frontera —el CBAM— extiende esa lógica a cualquier empresa que importe acero, aluminio, cemento o fertilizantes: tendrá que declarar las emisiones embebidas de lo que compra fuera y pagar por ellas. Es la misma película que vimos con los CAE: una obligación regulatoria nueva, intensiva en datos, donde quien llega con la medición resuelta paga lo justo y quien llega tarde paga valores por defecto penalizados. Nosotros estamos llevando exactamente el mismo enfoque —dato verificado, proceso automatizado— a ese terreno, porque nuestra tesis no es el CAE: es que cada nueva obligación de este tipo es una oportunidad de eficiencia para quien la aborda con datos.

Un único consejo para quien todavía ve la regulación como una carga.

Que no empiece por donde le dice la norma, sino por donde está el dinero.

La mayoría de empresas, cuando les cae una obligación regulatoria, hacen lo mínimo para cumplir: encargan el informe, lo archivan y a otra cosa. Pagan el coste íntegro del cumplimiento y no recuperan nada. El enfoque contrario es ordenar la casa al revés: identificar primero qué actuaciones de eficiencia se autofinancian —las que generan CAE, las que eliminan consumo improductivo— y usar el requisito regulatorio como la excusa interna para ejecutarlas. El informe de cumplimiento sale como subproducto de un proyecto que ya se está pagando solo. Es exactamente el mismo esfuerzo de medición y documentación; la diferencia es si al final del proceso tienes un PDF en un cajón o un ahorro recurrente en la cuenta de resultados. El legislador te ha puesto una fecha límite; tú decides si esa fecha te cuesta dinero o te lo hace ganar.