Durante años hemos confundido la sostenibilidad con la medición, en lugar de ejercerla con rigor para la transformación. Hemos perfeccionado taxonomías, calificaciones ESG y marcos de divulgación hasta convertirlos en un idioma propio, y mientras tanto el capital aun fluye, en gran medida, hacia donde fluía antes. Esa distancia entre lo que reportamos y lo que financiamos es, probablemente, uno de los problemas más serios que afronta el sistema financiero. Porque la sostenibilidad no es un capítulo más de la memoria anual, es una decisión sobre qué economía queremos construir y qué economía estamos dispuestos a sostener con el dinero.
Conviene empezar por la idea incómoda pero clave de que la banca no es neutral. Cada préstamo concedido, cada inversión aprobada y cada proyecto descartado es una elección sobre el tipo de mundo al que contribuimos a través de la financiación. El sistema financiero da forma a los flujos de dinero, de poder y de riesgo que sustentan la economía, y por eso puede acelerar o frenar la transición hacia un modelo más justo y más sostenible.
Reconocer esto cambia por completo el debate. El reto ya no es únicamente medir mejor la sostenibilidad, sino incorporarla de forma real en las dos decisiones que verdaderamente importan, la gestión del riesgo y la asignación del capital.
Del informe al sistema: el riesgo climático es un riesgo financiero
El primer cambio estructural pendiente tiene que ver con cómo entendemos el riesgo. Las autoridades prudenciales y buena parte del sector todavía tratan las cuestiones climáticas y medioambientales como riesgos financieros que conviene gestionar institución a institución, y no como los riesgos sistémicos que son y que el propio sector financiero puede amplificar o mitigar. La diferencia no es semántica. Mientras el clima se contemple como una casilla más en un informe de riesgos protegeremos la estabilidad de cada balance, pero no la resiliencia del conjunto.
El problema se agrava porque nuestras herramientas miran al pasado. Las técnicas tradicionales de gestión de riesgos y los propios requisitos de capital se calibran con datos históricos para estimar daños futuros. Pero los riesgos de sostenibilidad apenas tienen precedentes. Son profundamente inciertos, no lineales y se refuerzan entre sí. La consecuencia es que se infravaloran de manera persistente y apenas se reflejan en el capital que los bancos están obligados a mantener, pese a que las pérdidas potenciales podrían ser muy significativas incluso a corto plazo. Lo vemos ya en el sector asegurador en el que algunos riesgos se han vuelto sencillamente imposibles de asegurar, y esa retirada deja expuestas a comunidades enteras y termina por contagiar al resto del sistema a través de la caída del valor de los activos.
Integrar de verdad esos riesgos exige pasar de una lógica retrospectiva a otra prospectiva. Significa hacer obligatorio el análisis de escenarios en toda la cadena —supervisión, requisitos de capital y calificaciones crediticias—, trabajar con las estimaciones de daños más plausibles y no con las más cómodas, y asumir que la mejor gestión del riesgo es la prevención, es decir, evitar que esos riesgos lleguen a materializarse. Cuando el daño ya se ha producido, el principio rector debería un claro «quien contamina, paga», también en lo que a los países se refiere, porque el mayor coste lo soportan quienes menos han contribuido a generarlo.
Reorientar el capital hacia lo que sostiene la vida
El segundo cambio estructural es todavía más profundo y afecta al corazón de la función bancaria y hacia dónde dirigimos el ahorro y la inversión. Ahora conviven una abundancia de riqueza financiera y una escasez de inversión productiva. El crédito se ha volcado en comprar activos que ya existen —sobre todo inmobiliarios y bursátiles— y que provocan la inflación de precios sin ampliar la capacidad real de la economía. Es lo que podríamos llamar finanzas improductivas, que mueven dinero entre quienes lo poseen, pero no construyen nada.
Mientras tanto, los proyectos que de verdad generan resiliencia y valor a largo plazo encuentran dificultades serias para financiarse. Las energías limpias, la vivienda asequible, la agroecología, la restauración de la naturaleza y el agua o la economía social tienen en común que sus beneficios son colectivos, inciertos o tardan décadas en materializarse, y un sistema que premia la liquidez y el corto plazo los percibe como caros o arriesgados. Aquí está la trampa que el reporting por sí solo no resuelve porque, aunque el dinero llegue a la economía real, rara vez busca generar impacto. Las calificaciones ESG y los marcos de divulgación han aumentado la transparencia, pero no bastan para movilizar el capital. Para la mayoría de las grandes inversiones, batir al índice de referencia todavía pesa más que transformar el mundo real.
Cambiar esto implica rediseñar la propia intermediación, concatenaciones de financiación más cortas, una banca relacional que conozca a quién presta y permita a quien ahorra saber adónde va su dinero, y marcos regulatorios que dejen de penalizar la inversión productiva frente a la especulativa. Se trata, en definitiva, de pasar de una lógica extractiva a una economía más productiva y regenerativa, donde las finanzas vuelvan a ser un medio y no un fin en sí mismas.
Nada de esto es utópico. El sistema financiero ha sido rediseñado muchas veces a lo largo de la historia, casi siempre en momentos de inflexión como el actual. La pregunta no es si va a cambiar —ya lo hace— sino cómo y en beneficio de quién. La sostenibilidad dejó de ser un ejercicio de reporting el día en que entendimos que a través de dinero también se decide. Ahora toca financiar y alzar la voz en consecuencia.
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