Hay una pregunta que raramente aparece en los informes de sostenibilidad del sector alimentario, pero que debería encabezarlos: ¿qué ocurre cuando los recursos que hacen posible nuestra alimentación dejan de estar disponibles?
No como metáfora. Como realidad operativa. Como riesgo material que cualquier consejo de administración debería ser capaz de cuantificar antes de aprobar el presupuesto del próximo ejercicio.
España consume casi el 80% de su agua dulce disponible en agricultura, con cerca de la mitad de sus acuíferos en estado preocupante. Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia antes de llegar a la mesa. Y el sistema agroalimentario en su conjunto es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Estos datos no son solo ambientales. Son estratégicos.
El marco que lo cambia todo
La narrativa dominante sitúa a la agricultura como un agente externo al planeta: algo que impacta sobre él, que lo afecta, que debe minimizar su huella. Pero esa metáfora es incorrecta. La agricultura no contamina el planeta. La agricultura es el planeta: es el ciclo del agua, es la salud del suelo, es la red de biodiversidad sobre la que descansa cada elemento de la cadena alimentaria.
Desde ese nuevo marco, las buenas prácticas dejan de ser un coste de cumplimiento para convertirse en ventaja competitiva estructural. Hay tres que merecen atención prioritaria.
1. El agua no es infinita: medir para gestionar
Un 27% de los acuíferos españoles sufre sobreexplotación directa y el 13% arrastra ya contaminación salina por intrusión marina. El acuífero de Doñana lleva oficialmente sobreexplotado desde 2020. Según las proyecciones del Instituto Geológico y Minero de España, la recarga de los acuíferos se reducirá un 11% de media para 2045 si se mantiene la tendencia actual. Esto no es un escenario de largo plazo: es una curva en curso.
La buena práctica comienza por medir. La norma ISO 14046 permite calcular la huella hídrica completa de un producto a lo largo de toda la cadena, identificando los puntos críticos de consumo. Empresas españolas del sector ya han implementado la normativa para establecer objetivos verificables y reportar con solidez ante inversores con criterios hídricos. La huella hídrica no es un ejercicio cosmético. Es el mapa sin el cual cualquier estrategia de gestión del agua es, en el mejor de los casos, intuición.
2. El suelo que alimenta: agricultura regenerativa
Un tercio de los suelos agrícolas del mundo están degradados. En España, los agrotóxicos empleados en agricultura intensiva afectan al 11% de las masas de agua subterránea. El suelo degradado no retiene agua, no fija carbono y no sostiene biodiversidad.
La agricultura regenerativa invierte esa dinámica: sin laboreo, con cubiertas vegetales, respetando los ciclos naturales. Los primeros resultados del estudio Regenera.cat, liderado por el CREAF con datos de 2025, muestran que las fincas en régimen regenerativo presentan mayor resiliencia a la sequía y costes de producción similares o inferiores a los convencionales. Para las empresas alimentarias, incorporar estos estándares en los contratos con proveedores no es altruismo: es gestión activa de la resiliencia de su cadena de suministro. Las empresas que lo hacen ahora lideran; las que lo hagan en cinco años simplemente cumplen.
3. El residuo como recurso: economía circular en planta
La industria alimentaria genera miles de toneladas de subproductos que, en el modelo lineal, terminan como coste de gestión. En el modelo circular, son materias primas de otro ciclo productivo.
El proyecto DEMO-SEA-ZERO, liderado por CTAQUA en Andalucía, ha demostrado cómo transformar siete subproductos de la industria pesquera —incluyendo partes del atún rojo habitualmente descartadas— en seis nuevos conceptos alimentarios comercializables. La Ley 1/2025 de Prevención del Desperdicio Alimentario, con obligaciones activas desde abril de 2026, convierte esta lógica en exigencia legal. Pero la diferencia entre las empresas que simplemente cumplen y las que lideran reside en si abordan la valorización de subproductos como una línea de innovación, o como un trámite normativo.
Medir no es suficiente: la intención detrás del dato
En mi experiencia como analista en el sector ESG he podido ver cómo algunas empresas buscan medir estos parámetros para poder usarlos a su favor y, como otras, lo miden por obligación. Al final, ambas empresas tienen en sus manos el mismo poder, pero lo usan para fines completamente distintos.
Las primeras miden para decidir: reducen la huella hídrica porque han entendido que un acuífero sobreexplotado es un riesgo en su cadena de suministro, valorizan un subproducto porque han identificado en él una línea de ingresos. Las segundas miden para que el número aparezca en la memoria anual. El dato es el mismo. Las consecuencias, radicalmente distintas. Y esa distinción es, en buena medida, lo que separará a las empresas que lideren la próxima década de las que simplemente la atraviesen.
Un trabajo conjunto: gobierno, empresas y consumidores
Sería deshonesto —e incompleto— señalar únicamente al sector empresarial. Porque este es, en el fondo, un trabajo conjunto. Y en mi experiencia, los avances más sólidos siempre han ocurrido cuando los tres actores del sistema se mueven en la misma dirección: gobierno, empresas y consumidores.
El gobierno tiene la responsabilidad de crear el marco en el que la sostenibilidad sea el camino más fácil, no el más costoso. Eso no significa solo regular y prohibir: significa diseñar incentivos fiscales que recompensen a las empresas que innovan en eficiencia de recursos, que apuestan por proveedores regenerativos, que cierran el ciclo de sus residuos. Las leyes que simplemente castigan el incumplimiento generan cumplimiento mínimo. Las que premian la ambición generan transformación.
Las empresas, por su parte, tienen el poder —y la capacidad técnica— de cambiar las reglas del juego en su cadena de valor. Las que hoy integran la sostenibilidad como criterio de decisión —en sus compras, en sus contratos con proveedores, en su modelo de innovación— no lo hacen solo porque sea lo correcto. Lo hacen porque han entendido que es lo inteligente.
Y luego están los consumidores. Aquí es donde el sistema falla de forma más visible y más injusta. Hoy, en demasiados casos, elegir la opción más responsable significa pagar más, buscar más, renunciar a conveniencia. Eso no es un problema de valores ni de conciencia: es un problema de diseño del sistema. Mientras el precio de los productos no refleje su coste ambiental real —el agua consumida, el suelo degradado, las emisiones generadas—, pedir al consumidor que cambie sus hábitos sin cambiar las condiciones en las que elige es, simplemente, trasladarle una responsabilidad que no le corresponde en exclusiva.
Un sistema alimentario verdaderamente sostenible no es aquel en el que unos pocos hacen mucho. Es aquel en el que las reglas del juego hacen que lo responsable sea también lo accesible, lo rentable y lo evidente.
La pregunta no es si podemos permitirnos actuar. Es si podemos permitirnos seguir sin hacerlo.
