Hay una pregunta incómoda que conviene hacerse: ¿estamos a salvo? Todo indica que no. Y, sin embargo, nos comportamos como si viviéramos en una retaguardia tranquila, lejos de cualquier amenaza.
La realidad se parece más a un frente difuso. Las amenazas climáticas, sanitarias, tecnológicas, democráticas, etc.— no llegan por separado ni avisan con claridad. Se acumulan, se combinan y avanzan en múltiples direcciones. En este escenario, lejos de reforzar nuestras defensas, la estrategia adoptada es desconcertante… atacar aquello que podría protegernos.
Ojalá fuera una metáfora, pero no lo es. Vivimos en una época de guerras no siempre declaradas: conflictos basados en intereses comerciales, diferencias culturales, decisiones judiciales, posturas informativas… Contiendas donde no hay trincheras visibles, aunque sí ofensivas constantes. En ese clima, muchos líderes han trasladado la lógica del enfrentamiento a casi cualquier ámbito. También al ambiental. Y así, lo que debería ser una política de protección social y económica se convierte en otro campo de batalla simbólico.
En el debate público se ha consolidado la peligrosa idea de presentar las políticas ambientales como si fueran ofensivas ideológicas. Reducir emisiones, restaurar ecosistemas o planificar ciudades más habitables no se interpreta como levantar defensas, sino como imponer una agenda: la diabólica “agenda verde”. ¡Corran! ¡Que viene la Agenda 2030! Vamos, como si proteger fuera atacar. El mundo está al revés, y nuestros derechos también.
Un error de diagnóstico y de estrategia. Y, atención, en cuestiones de seguridad, las equivocaciones se pagan caro.
Porque la naturaleza no es un lujo vacacional ni una preferencia estética: es nuestro sistema defensivo vital básico. Los ecosistemas funcionan como escudos, diques y cortafuegos. Absorben impactos, amortiguan eventos extremos, filtran contaminantes y sostienen las condiciones que hacen posible la vida. Son infraestructuras de seguridad desplegadas a gran escala.
Desmantelarlas no es una decisión neutral. Es retirar un blindaje.
Sin embargo, en lugar de reforzar estas defensas, el debate ha girado hacia el descrédito de quienes señalan su importancia. El ecologismo ha pasado de ser un interlocutor a convertirse en un objetivo a abatir. Se le caricaturiza, se le desacredita, se le dispara retóricamente. El insulto ha sustituido al argumento.
No es casual. En cualquier conflicto, deslegitimar o “matar al mensajero” es una forma eficaz de evitar enfrentarse al riesgo real. Si quien alerta es un fanático, el problema deja de existir. Así de fácil.
Pero las amenazas no desaparecen porque se silencien las alarmas. Ahí están los datos. La contaminación del suelo, del agua y del aire actúa como un enemigo silencioso. Solo los gases de efecto invernadero causan cientos de miles de muertes prematuras anuales en Europa. Lo mismo ocurre con el calor. El cambio climático ha intensificado los fenómenos extremos. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y mortales. El patrón se repite con las inundaciones. Humedales, dunas y llanuras de inundación son líneas naturales de defensa. Eliminarlas y ocupar su espacio es, claramente, abrir brechas en el sistema de seguridad. Cuando el agua avanza, no estamos ante un ataque inesperado, sino ante una defensa previamente debilitada. Y, si hablamos de salud, la estrategia resulta más desafortunada aún. La OMS habla de “una sola salud”. Un sistema sanitario donde lo humano y lo ambiental forman un mismo campo de vulnerabilidad compartida. Y es aquí donde me pregunto: ¡qué rápido hemos olvidado la terrible pandemia que paralizó el mundo! ¿No?
Además, los riesgos ambientales no atacan a todos por igual. Hay poblaciones que viven tras muros sólidos y con aire acondicionado, y otras a la intemperie, desprotegidas. Cuando las medidas de protección no atienden a todos los territorios, se decide quién se queda a cubierto y quién queda en campo abierto.
Los datos son incontestables y la acción, inaplazable. Lo afirman los organismos internacionales, las agencias europeas y la comunidad científica: degradar la naturaleza aumenta los riesgos sociales; restaurarla los reduce. Es una cuestión de seguridad social.
No hay tregua para la naturaleza. Seguimos avanzando en un modelo que nos desarma, abre brechas sociales y normaliza la exposición constante al riesgo ambiental. Como si vivir en un territorio vulnerable fuera el precio inevitable del progreso. No lo es.
No es fanatismo levantar defensas ambientales.
No es radical reducir riesgos a la sociedad.
No es extremista ponernos a salvo sin dejar a nadie atrás.
Es, simplemente, negarse a vivir en permanente estado de amenaza, a vivir peor.
El descrédito del ecologismo no es un debate ideológico. Es un error de seguridad colectiva.
¡No vamos a bajar la guardia!
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