El acceso a los servicios y prestaciones de dependencia continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de protección social en España. Según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 21.374 personas fallecieron durante los nueve primeros meses de 2026 mientras aguardaban una valoración o la atención que les correspondía.
- Más de 236.000 personas continúan pendientes de atención
- Aumenta el número de beneficiarios, pero persisten las dificultades
- Las desigualdades territoriales siguen condicionando el acceso
- La resolución de los expedientes supera los diez meses de media
- El reto de transformar la financiación en mejores cuidados
El estudio, realizado con datos oficiales correspondientes al 30 de septiembre, refleja que una media de más de 78 personas murieron cada día mientras permanecían en las listas de espera, lo que equivale aproximadamente a un fallecimiento cada 18 minutos.
Aunque el número de expedientes pendientes ha disminuido respecto al inicio del año, la asociación considera que los avances siguen siendo insuficientes para garantizar una atención adecuada y en plazo a las personas en situación de dependencia.
Más de 236.000 personas continúan pendientes de atención
A finales de septiembre de 2026, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) contabilizaba 236.736 personas a la espera de completar algún procedimiento administrativo.
De ellas, 85.976 todavía no habían recibido la valoración necesaria para determinar su grado de dependencia, mientras que otras 150.760 tenían reconocido su derecho, pero aún no disfrutaban de la prestación económica o del servicio correspondiente.
Respecto al comienzo del año, las listas se han reducido en 21.431 personas, una disminución del 8,3%.
Sin embargo, el Observatorio advierte de que mantener este ritmo de reducción supondría necesitar aproximadamente ocho años para alcanzar la plena atención, según sus estimaciones.
En cuanto a los fallecimientos registrados, 10.753 personas murieron mientras esperaban la valoración de su grado de dependencia y otras 10.621 cuando ya estaban pendientes de recibir una prestación o servicio.
Estas cifras reflejan el número de fallecimientos producidos durante la espera, sin establecer que la demora administrativa fuera necesariamente la causa de las muertes.
Aumenta el número de beneficiarios, pero persisten las dificultades
El informe también recoge una evolución positiva en el número de personas atendidas.
Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, 105.602 personas más comenzaron a recibir atención, mientras que el conjunto de prestaciones y servicios aumentó en 191.223.
No obstante, la asociación señala que este incremento no ha ido acompañado de una mejora equivalente en la intensidad y la calidad de los apoyos.
Según el Observatorio, una parte importante del crecimiento se concentra en servicios y prestaciones de menor coste, como la teleasistencia y las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
En este contexto, el informe sitúa en 39 horas mensuales la intensidad media del Servicio de Ayuda a Domicilio, mientras que la prestación económica para cuidados familiares alcanza una media de 260 euros mensuales.
La entidad reclama que el aumento de recursos públicos se traduzca en servicios suficientes y adaptados a las necesidades reales de las personas beneficiarias.
Las desigualdades territoriales siguen condicionando el acceso
El análisis muestra diferencias significativas entre comunidades autónomas.
Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias concentran el 65% de las personas incluidas en las listas de espera, con 67.319, 39.505, 33.350 y 14.638 personas, respectivamente.
En términos de evolución porcentual, Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha registraron los mayores incrementos de personas pendientes durante los nueve primeros meses del año.
Por el contrario, Asturias, Canarias y Navarra consiguieron las reducciones porcentuales más destacadas.
Estas diferencias evidencian que el acceso a las prestaciones y servicios no evoluciona de manera uniforme en todo el territorio español.
La resolución de los expedientes supera los diez meses de media
Otro de los principales problemas identificados es la duración de los procedimientos administrativos.
Durante los nueve primeros meses de 2026, el tiempo medio entre la solicitud y la resolución del expediente se situó en 314 días, equivalente a más de diez meses.
Aunque esta cifra supone una reducción de 27 días respecto al comienzo del año, continúa por encima del plazo de 180 días que el Observatorio utiliza como referencia normativa para el periodo analizado.
La situación presenta importantes diferencias territoriales. Murcia registra una espera media de 529 días, seguida de Asturias, con 413; Andalucía, con 402; y Madrid, con 327.
En el extremo contrario se encuentran Aragón, con 109 días; Castilla y León, con 120; y el País Vasco y La Rioja, ambos con 130 días.
La asociación relaciona parte de estas demoras con la complejidad de los procedimientos, que pueden incluir sucesivas valoraciones, resoluciones administrativas y trámites para determinar las prestaciones.
El reto de transformar la financiación en mejores cuidados
El informe analiza también el aumento de los recursos estatales destinados al sistema de dependencia durante 2026.
Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el incremento de la financiación transferida a las comunidades autónomas desde julio todavía no había producido, al cierre de septiembre, mejoras significativas en los tiempos de espera ni en la intensidad de las prestaciones.
Por ello, la organización reclama mecanismos que permitan comprobar que los recursos adicionales se traducen en una atención más rápida y suficiente.
El Observatorio insiste en la necesidad de reducir las diferencias territoriales, simplificar los procedimientos y reforzar los servicios de apoyo a las personas dependientes.
En una sociedad cada vez más longeva, mejorar la respuesta del sistema de dependencia constituye una cuestión esencial para garantizar la autonomía, la dignidad y la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados.
Esta noticia forma parte del Canal Edad&Vida, un espacio sobre envejecimiento activo, longevidad y calidad de vida impulsado por Fundación Edad&Vida. Proyecto cofinanciado por el IMSERSO.
