El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una modificación legislativa que busca mejorar la atención a las personas que necesitan apoyos, ampliar sus derechos y simplificar los procedimientos administrativos.
La reforma introduce importantes novedades en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente en la compatibilidad de prestaciones, los cuidados domiciliarios y la financiación pública. También refuerza la accesibilidad universal y la autonomía de las personas con discapacidad.
Más flexibilidad para combinar servicios y prestaciones
Una de las principales novedades es la eliminación del régimen de incompatibilidades entre determinadas prestaciones de dependencia.
Con esta modificación, las personas beneficiarias podrán acceder a diferentes recursos de manera simultánea, adaptando los apoyos a sus circunstancias y preferencias.
Por ejemplo, será posible combinar la asistencia a un centro de día con la teleasistencia o los cuidados familiares, favoreciendo que las personas puedan permanecer en sus hogares durante más tiempo.
Asimismo, la asistencia personal se incorpora como un servicio del catálogo de dependencia, con el objetivo de promover la vida independiente y la participación social.
Refuerzo de los cuidados a domicilio y la teleasistencia
La reforma amplía el alcance del servicio de ayuda a domicilio, que dejará de limitarse exclusivamente a las actividades desarrolladas dentro de la vivienda.
Los profesionales podrán acompañar a las personas usuarias en tareas cotidianas, como acudir a consultas médicas o realizar compras.
Otra medida destacada es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo para todas las personas con una situación de dependencia reconocida.
También se amplía el concepto de persona cuidadora, reconociendo diferentes modelos de convivencia y relaciones de apoyo, y se establecen garantías relacionadas con las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de la atención cuando estas sufran enfermedades graves u hospitalizaciones.
Menos burocracia y mayor financiación pública
La modificación legislativa reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver los procedimientos de reconocimiento de dependencia, con el propósito de agilizar el acceso a las prestaciones.
En materia económica, la nueva legislación incorpora la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema.
Además, el Gobierno prevé que las comunidades autónomas reciban 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, gracias a las medidas de financiación aprobadas previamente.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a las administraciones autonómicas a aprovechar estos recursos para reducir las listas de espera, planteando como objetivos disminuirlas a la mitad en 2027 y eliminarlas en 2028.
Nuevas garantías para las personas con discapacidad
La reforma también incorpora avances en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.
Entre las medidas previstas figura el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas con dependencia de grado I, así como la posibilidad de reconocer un 65% a quienes tengan grados II o III.
Asimismo, se refuerza la accesibilidad universal como derecho exigible y se contemplan medidas para facilitar las adaptaciones necesarias en edificios y viviendas.
La normativa introduce también garantías para la atención temprana de niños y niñas de hasta seis años, medidas contra la discriminación en la contratación de seguros y apoyos específicos durante los procedimientos judiciales.
Con estos cambios, la reforma pretende avanzar hacia un modelo de atención más flexible, accesible y centrado en las personas, donde la autonomía y la capacidad de decisión sean elementos fundamentales del sistema de cuidados.
