El informe “El cuidado comunitario en las políticas locales” documenta las violencias institucionales y el racismo estructural que sufren las mujeres migradas en Cataluña.
150 mujeres de cinco ciudades catalanas exigen políticas de cuidados comunitarios que garanticen la vivienda, la salud y la educación como derechos, no como negocios.
La Red de Migración, Género y Desarrollo, la Asociación Floras en Acción, la Red Antirracista de Tarragona, Diverses 8M Girona i la Asociación de Mujeres Migrantes Subsaharianas han presentado hoy el informe “El cuidado comunitario en las políticas locales”, un diagnostico colectivo que documenta las violencias institucionales y el racismo que sufren las mujeres migradas y racializadas, y propone situar los cuidados comunitarios en el centro de las políticas públicas locales des de una mirada feminista descolonial y antirracista.
La publicación, elaborada con la participación de 150 mujeres y activistas de Barcelona, Mataró, Tarragona, Granollers-Canovelles y Girona, recoge reflexiones, experiencias y propuestas salidas de diferentes diálogos territoriales impulsados durante 2025. El informe forma parte del proyecto “Tejiendo Resiliencias. Contribuyendo a Desmantelar Violencias”, con el soporte de Calala Fondo de Mujeres y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Los cuidados, más allá de la dependencia
El documento parte de una idea central: los cuidados comunitarios no pueden quedar reducidos a la atención de personas dependientes ni continuar recayendo mayoritariamente sobre las mujeres migradas. Desde una perspectiva descolonial, el informe defiende que cuidar comunitariamente implica proteger y garantizar aquello común: la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo digno, los derechos humanos, la convivencia y las vidas libres de violencias.
Las consecuencias de no hacerlo son concretas y están documentadas en el informe. En Mataró, el ayuntamiento niega el padrón sin domicilio fijo, pese a que la ley obliga a los municipios a registrar a todas las personas que viven en ellos. En Barcelona, donde más del 70% de la población extranjera no es de la Unión Europea, muchas personas viven en situación de invisibilidad administrativa. El informe también documenta desahucios masivos –más de 400 personas en Badalona el diciembre de 2025 y unas 200 en la Zona Franca de Barcelona a inicios de 2026–, y un miedo colectivo a acudir a los servicios sociales. “Si no estás empadronada no existes en un territorio y tienes que hacer frente a muchos obstáculos”, explica una de las participantes. “Siento ansiedad y rabia cada vez que tengo cita con los servicios sociales. No me siento segura, me siento juzgada”, relata otra mujer.
Del asistencialismo a la participación comunitaria
Según las entidades impulsoras, los cuidados comunitarios han de ser entendidos como herramientas de transformación social capaces de desmontar las violencias racistas, machistas, institucionales y económicas que fragmentan las comunidades. El informe subraya que el racismo y la racialización destruyen la convivencia, generando desigualdades en el acceso a bienes comunes y precarizando la vida de las personas migradas y racializadas.
La publicación también reclama un papel activo de las administraciones locales. Los gobiernos municipales, por su proximidad con la ciudadanía, tienen la responsabilidad de facilitar espacios de encuentro, dar soporte a las redes de cura colectiva, reconocer los saberes comunitarios y garantizar recursos económicos, técnicos y materiales para sostener la vida en los territorios.
Entre las principales aportaciones del informe está la necesidad de superar las políticas públicas meramente asistencialistas y avanzar hacia políticas construidas con participación real de las comunidades. Esto implica reconocer el protagonismo de las mujeres migradas y racializadas, no solo como destinatarias de servicios, sino como sujetos políticos con capacidad de diagnóstico, de propuesta y de decisión.
El informe plantea que las políticas locales de cuidados comunitarios deben contribuir a garantizar la permanencia de las personas en sus barrios y ciudades, evitar la gentrificación y la expulsión, reforzar las redes de apoyo mutuo, prevenir las violencias y construir comunidades más cohesionadas, justas y corresponsables.
Con esta publicación, las entidades organizadoras hacen un llamamiento a las instituciones públicas, a las entidades sociales y a las comunidades locales a repensar el modelo actual de bienestar y a avanzar hacia las políticas de lo común, basadas en el buen vivir, la comunalidad, la justicia social, el antirracismo y la dignidad de todas las vidas.
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