Cuando una catástrofe obliga a cerrar una escuela, no solo se interrumpen las clases. También puede desaparecer, de un día para otro, uno de los espacios que más sostienen la vida cotidiana de la infancia: un lugar donde aprender, relacionarse, recuperar rutinas y sentirse a salvo.
La DANA que golpeó en 2024 la Comunitat Valenciana mostró hasta qué punto una emergencia puede alterar esa protección. Tras el desastre, acompañar a niños, niñas y adolescentes fue mucho más allá de reconstruir edificios o recuperar el calendario escolar. La crisis puso de manifiesto que garantizar el derecho a la educación también significa cuidar las condiciones que permiten aprender, incluso cuando la escuela deja de funcionar con normalidad.
Un estudio realizado tras la DANA por Entreculturas y organizaciones aliadas reveló que el 80 % de las familias encuestadas reportó cambios emocionales o de comportamiento en sus hijos e hijas, como miedo, tristeza o ansiedad, mientras que el 68 % señaló dificultades para acceder a servicios psicológicos. A la pérdida de espacios educativos se sumó la de parques, polideportivos y otros lugares de encuentro fundamentales para el juego y la socialización.
Desde Entreculturas hemos comprobado la importancia de responder a estas necesidades mediante iniciativas como Espai Xarxa Solidària. Tras la DANA, este proyecto ofreció a adolescentes y jóvenes de centros educativos afectados un espacio seguro donde encontrarse, compartir vivencias y reflexionar sobre la reconstrucción social desde la solidaridad y la participación. Más de 500 estudiantes y 23 docentes de tres centros participaron en esta experiencia, desarrollada a lo largo de diez jornadas.
Pero las necesidades de acompañamiento no desaparecen cuando termina la emergencia inmediata. En Paiporta, el actual Espai Xarxa continúa desarrollando actividades socioeducativas y comunitarias, además de ofrecer atención profesional psicológica gratuita. Durante este verano, marcado por la falta de piscina municipal y la reducción de los espacios habituales de encuentro para la juventud, las actividades de ocio socioeducativo y bienestar emocional han contribuido a consolidar un grupo de jóvenes que comparte juegos, talleres y tiempo con otras personas, creando vínculos de amistad y pertenencia. Esta experiencia nos recuerda que la recuperación tras una catástrofe no consiste únicamente en reconstruir edificios: también exige sostener los espacios y las relaciones que permiten a las comunidades recuperar su vida cotidiana.
Sin embargo, intervenir después de una catástrofe no basta. La pregunta es qué estamos haciendo antes de que llegue la próxima emergencia para proteger las escuelas y garantizar que ningún niño o niña vea comprometido su derecho a aprender.
La emergencia climática es también una emergencia educativa. Las altas temperaturas, las inundaciones y los fenómenos extremos que obligan a interrumpir las clases muestran que la adaptación de los centros ya no puede aplazarse. Climatización eficiente, aislamiento térmico, patios verdes y protocolos de actuación ante emergencias no son mejoras accesorias: son medidas necesarias para proteger la salud, el bienestar y el aprendizaje.
Desgraciadamente, la capacidad de respuesta no está distribuida por igual. Mientras en España debatimos cómo adaptar los centros a las altas temperaturas o protegerlos de inundaciones, numerosos países con menos recursos afrontan enormes dificultades para mantener sus sistemas educativos ante desastres recurrentes. Cuando una escuela resulta dañada, la recuperación depende de que existan recursos para reconstruirla, formar al personal y acompañar a la comunidad. Sin esa capacidad, una interrupción temporal se convierte en una pérdida prolongada de aprendizaje y aumenta el riesgo de abandono escolar.
La desigualdad climática tiene una dimensión educativa y financiera. Los territorios en mayor situación de vulnerabilidad no siempre disponen de recursos para prevenir daños o reconstruir lo perdido. Esta falta de margen responde a prioridades presupuestarias, al endeudamiento y a la insuficiencia de la financiación internacional.
Como señalamos en nuestro último Informe Rojo, El precio de aprender, los recortes en ayuda internacional y la carga de la deuda externa restringen el margen fiscal de numerosos países para invertir en servicios públicos esenciales. Los datos son demoledores: más del 75% de todos los países de ingresos bajos y medios-bajos gastan más en el servicio de la deuda, que en sanidad y educación juntas. Esta presión presupuestaria limita los recursos disponibles para sostener servicios esenciales y responder a la adaptación climática.
No estamos ante dos agendas separadas, una ambiental y otra educativa. La posibilidad de aprender en condiciones seguras depende de quien dispone de recursos para proteger ese derecho. Por eso, la respuesta a la crisis climática debe incorporar la justicia global: no basta con reconocer que sus consecuencias afectan al planeta si ignoramos que la capacidad para afrontarlas es profundamente desigual.
En España, necesitamos impulsar un Plan Estatal de Adaptación Climática para los centros educativos, con financiación específica, que permita mejorar las condiciones térmicas, renaturalizar patios, reforzar infraestructuras y preparar a las comunidades ante emergencias. La prevención debe formar parte de la planificación pública, no depender de actuaciones puntuales tras cada desastre.
Al mismo tiempo, España debe defender una cooperación internacional comprometida con la educación en contextos de crisis climática y promover soluciones al sobreendeudamiento. La condonación de deuda y una financiación internacional estable deben formar parte de una respuesta que sitúe los derechos humanos por delante de las restricciones financieras.
En este Día Internacional contra el Cambio Climático, proteger las escuelas significa mirar más allá de los edificios: significa anticiparse, sostener a las comunidades y corregir las desigualdades que determinan quién puede recuperarse de una catástrofe.
El derecho a aprender no debería depender de que una escuela resista una inundación o de que un país pueda permitirse reconstruir lo perdido. Garantizarlo exige inversión pública, prevención y solidaridad internacional. Porque una emergencia climática no debería convertirse, además, en una emergencia educativa.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Internacional Contra el Cambio Climático
