¿Qué motivó a Veolia, junto con la Universidade da Coruña y Anarpla, a desarrollar esta guía para la compra pública de plástico reciclado en España y cuáles son los principales objetivos de la publicación?
La compra pública representa aproximadamente el 14% del PIB de la Unión Europea, lo que convierte a las administraciones públicas en uno de los actores con mayor capacidad para impulsar un cambio real hacia la economía circular. Contamos con un marco normativo cada vez más sólido que respalda el uso de materias primas secundarias en la contratación.
- ¿Qué motivó a Veolia, junto con la Universidade da Coruña y Anarpla, a desarrollar esta guía para la compra pública de plástico reciclado en España y cuáles son los principales objetivos de la publicación?
- La guía incluye requisitos y criterios ambientales para la incorporación de plástico reciclado en aplicaciones específicas. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de estas cláusulas y cómo pueden ser integradas por las administraciones públicas en sus pliegos de licitación?
- La guía está diseñada para superar las barreras técnicas y jurídicas que frenan el uso de plástico reciclado. ¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos actualmente y cómo puede esta nueva guía ayudar a superarlos?
- ¿Qué impacto esperas que tenga esta guía en la consecución del objetivo europeo de duplicar la tasa de circularidad hasta el 24% para 2030?
- La guía se basa en el uso del peso de la contratación pública, que representa alrededor del 14% del PIB de la UE. ¿Cómo consideras que el sector público puede aprovechar su poder de compra para impulsar la economía circular?
- ¿Qué medidas crees que se deben tomar para asegurar que la compra pública de plástico reciclado sea sostenible a largo plazo y se mantenga alineada con los objetivos de reciclaje de la UE?
- ¿Qué otros planes tiene Veolia para seguir impulsando la economía circular y el reciclaje de plásticos en España y en Europa?
- ¿Hay algún mensaje final o llamado a la acción que te gustaría compartir con las administraciones públicas y otras partes interesadas sobre la importancia de adoptar plástico reciclado en sus adquisiciones?
Por eso, junto con la Fundación de la Universidade da Coruña y ANARPLA, desarrollamos esta guía. Una herramienta práctica con cláusulas predefinidas, respaldo jurídico y fichas sectoriales listas para incorporar a cualquier pliego. Porque queremos que cada administración, con independencia de su tamaño o recursos, pueda ejercer su poder de compra de forma estratégica y con plenas garantías.
La guía incluye requisitos y criterios ambientales para la incorporación de plástico reciclado en aplicaciones específicas. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de estas cláusulas y cómo pueden ser integradas por las administraciones públicas en sus pliegos de licitación?
El aspecto más destacado es la flexibilidad y la facilidad de uso. Hemos estructurado las cláusulas en dos niveles: un «nivel básico», de aplicación sencilla y con bajo impacto económico, pensado para que cualquier entidad pueda dar sus primeros pasos con total seguridad y un “nivel avanzado” para aquellas organizaciones con una política de compra verde más consolidada.
La guía se divide en ocho fichas sectoriales que cubren las áreas más habituales de la contratación pública: edificación, carreteras, mobiliario urbano, parques y jardines, limpieza, restauración, contenedores y textiles. Cada ficha incluye cláusulas listas para usar mediante un formato de “copiar y pegar”, una redacción concreta, indicación de cómo verificar su cumplimiento y una orientación sobre cómo integrarlas en los pliegos, bien como especificaciones técnicas, como criterios de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución.
La guía está diseñada para superar las barreras técnicas y jurídicas que frenan el uso de plástico reciclado. ¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos actualmente y cómo puede esta nueva guía ayudar a superarlos?
Identificamos dos barreras que, en la práctica, frenan la integración del plástico reciclado en la contratación pública. La primera tiene que ver con la justificación formal. Para que los criterios ambientales sean sólidos, no basta con incluirlos en el pliego, es necesario respaldarlos con una memoria justificativa que se apoye en la normativa vigente.
El segundo reto es que las exigencias de plástico reciclado respeten el principio de libre competencia. Exigir un material concreto sin contemplar alternativas equivalentes puede comprometer toda la licitación. La guía explica con precisión cómo redactar estas cláusulas para que sean ambiciosas en sus objetivos ambientales, legalmente correctas y seguras para la administración.
¿Qué impacto esperas que tenga esta guía en la consecución del objetivo europeo de duplicar la tasa de circularidad hasta el 24% para 2030?
Estamos convencidos de que puede marcar una diferencia real y medible. El Pacto para una Industria Limpia fija el objetivo de elevar la tasa de uso circular de materiales del 11,8% al 24% para 2030, lo que implica cuadruplicar la demanda de plástico reciclado en Europa.
Cuando las administraciones adoptan de forma sistemática los criterios de esta guía, generan una demanda estable en el sector de forma que los recicladores puedan invertir, innovar y escalar su capacidad productiva con confianza.
La guía se basa en el uso del peso de la contratación pública, que representa alrededor del 14% del PIB de la UE. ¿Cómo consideras que el sector público puede aprovechar su poder de compra para impulsar la economía circular?
El sector público tiene un papel transformador en esta transición. Estamos hablando del 14% del PIB de la Unión Europea, un volumen de compra que, utilizado de forma estratégica, tiene la capacidad de estimular la demanda de materias primas secundarias y fortalecer la competitividad de nuestra industria.
Además, en el actual contexto geopolítico, incorporar el plástico reciclado en la contratación pública contribuye a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y a fortalecer la autonomía en el suministro de materias primas. Es, en definitiva, una vía directa hacia la soberanía estratégica y la descarbonización.
¿Qué medidas crees que se deben tomar para asegurar que la compra pública de plástico reciclado sea sostenible a largo plazo y se mantenga alineada con los objetivos de reciclaje de la UE?
A corto plazo, es fundamental que los órganos de contratación realicen consultas preliminares al mercado para garantizar que los porcentajes de material reciclado exigidos sean viables, tanto técnica como económicamente. Es igualmente importante el rigor en la fase de ejecución contractual. Las administraciones deben exigir medios de prueba documentales y fiables y aplicar los mecanismos de control necesarios para garantizar su cumplimiento.
A largo plazo, hay que tener en cuenta que el marco regulatorio está en constante evolución. La Comisión Europea adoptará la nueva Ley de Economía Circular en 2026, lo que introducirá nuevas exigencias y oportunidades. Por eso, las políticas de compra pública y herramientas como esta guía, deben concebirse como documentos en permanente actualización, capaces de adaptarse a un entorno normativo y de mercado que no deja de avanzar.
¿Qué otros planes tiene Veolia para seguir impulsando la economía circular y el reciclaje de plásticos en España y en Europa?
Nuestro propósito en Veolia es liderar la transformación ecológica. La economía circular busca cerrar el círculo de los materiales para que cada recurso vuelva al ciclo productivo en las mejores condiciones. Eso significa apostar por el reciclaje, el compostaje y sólo, cuando ninguna de estas opciones es viable, la valorización energética como alternativa responsable al vertedero.
En el ámbito del plástico, seguimos invirtiendo en tecnología e infraestructuras para que cada vez más materiales encuentren una segunda vida como materia prima de calidad, como demuestran nuestras plantas de referencia en España: la de Alcalá de Guadaira y Los Palacios, en Sevilla, especializada en reciclado de Poliolefinas posconsumo, (comerciales e industriales) y y plásticos agrícolas; y la de Torremejía, en Badajoz, dedicada al reciclaje de PET de contacto alimentario.
Nuestro compromiso es seguir desarrollando soluciones que den respuesta a cada tipo de residuo, impulsando alianzas con la industria y las administraciones públicas para construir una economía más autónoma y resiliente.
¿Hay algún mensaje final o llamado a la acción que te gustaría compartir con las administraciones públicas y otras partes interesadas sobre la importancia de adoptar plástico reciclado en sus adquisiciones?
Me gustaría cerrar con una reflexión que resume el espíritu de esta guía. Integrar la economía circular en la contratación pública es una obligación legal respaldada por un marco normativo sólido y en constante evolución.
Las administraciones públicas tienen en su mano una de las palancas más poderosas para acelerar esta transformación. Y ahora cuentan con una herramienta diseñada específicamente para ejercerla con seguridad jurídica, rigor técnico y plenas garantías.
Desde Veolia les animamos a dar ese primer paso en su próxima licitación. Porque cuando la administración pública lidera con el ejemplo, contribuye de forma directa a los objetivos que Europa nos ha marcado.
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