El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado este jueves su informe anual “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”. Los resultados revelan un claro estancamiento en la transparencia: las compañías han obtenido una calificación media de 44,39 puntos sobre 100, sin cambios con respecto a 2023.
El estudio analiza la calidad de la información relativa al ejercicio 2024 y coincide con un momento especialmente relevante: la primera aplicación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), el debate comunitario sobre el paquete Ómnibus —que plantea rebajas regulatorias en normas clave del Pacto Verde— y un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, crisis climática, volatilidad energética y creciente presión inversora por disponer de datos comparables y fiables.
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Ana Löwenberg, presidenta del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), inició el acto poniendo en valor el informe presentado. «Es un verdadero honor estar hoy aquí, porque este informe refleja claramente el impulso del Observatorio y ofrece información consolidada y veraz que ayuda a las empresas a tomar decisiones clave en materia de sostenibilidad».
Löwenberg situó además la presentación en un momento especialmente delicado, al subrayar que el contexto actual es especialmente complejo por la transición hacia un nuevo marco regulatorio. «Estamos en un año clave, de transición regulatoria, con nuevas normativas que marcarán el rumbo de las empresas en los próximos años».
La presidenta también destacó la colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuyo apoyo ha sido esencial para la continuidad del informe. «Este informe se realiza gracias al ministerio, ya que su apoyo nos permite seguir elaborándolo cada año».
Löwenberg detalló asimismo que el estudio reúne más de 700 indicadores y cubre los siete pilares fundamentales de la RSC, desde la gobernanza hasta la relación con los clientes. «El informe incluye más de 700 indicadores y abarca los siete pilares fundamentales de la RSC, como la gobernanza, la lucha contra la corrupción y la relación con clientes y usuarios».
Finalmente, agradeció a los participantes que intervinieron en el acto, centrado en el contexto nacional y europeo de la sostenibilidad. «Quiero agradecer el trabajo de todas las personas que hacen posible el Observatorio. Gracias por vuestra profesionalidad y entrega».
RSC como eje del futuro empresarial y social
Aicha Belassir, Directora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, participó en la presentación del informe sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un documento clave para comprender la rendición de cuentas en sostenibilidad. «Es un placer estar un año más en la presentación de este informe, que se ha convertido en una herramienta imprescindible para entender cómo las empresas se responsabilizan de su impacto social y ambiental«.
Además, agradeció al Observatorio por su continuo esfuerzo en promover la RSC en España y puso en valor un trabajo que, a su juicio, se ha consolidado como un referente en el país. «El diálogo y la colaboración continua con el Observatorio son fundamentales para avanzar en la responsabilidad social empresarial».
La directora general subrayó también la relevancia del informe en el caso de las empresas del Ibex 35, que no solo actúan como motores de innovación y crecimiento, sino también como modelos a seguir para el resto del tejido empresarial. «El impacto de las grandes empresas va más allá de su propio negocio; su compromiso con la sostenibilidad influye directamente en las pequeñas y medianas empresas, así como en los autónomos».
Según Belassir, la RSC se ha convertido en un factor clave en la actualidad, ya que, además de ser una responsabilidad con el entorno, representa una gran oportunidad para aquellas organizaciones que desean alinearse con una creciente conciencia social y con las expectativas de consumidores cada vez más exigentes.
La directora también hizo hincapié en los esfuerzos del Gobierno por promover una arquitectura institucional más sólida que respalde la RSC. «El compromiso del Gobierno es firme, decidido y estratégico». Entre las acciones concretas, mencionó la reciente publicación del Real Decreto 301/2026, que modifica el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. «La restauración del CERSE no es algo banal; es un paso fundamental para promover la RSC en España», señaló, en referencia a una reforma que amplía competencias y busca garantizar un diálogo y una participación institucional coherentes y ambiciosos.
En su intervención, Belassir también detalló iniciativas como las convocatorias de subvenciones para la promoción de la RSC, que recientemente destinaron casi 8 millones de euros para fomentar la economía social y la cultura de la responsabilidad social. «Estamos trabajando para que la RSC no sea un concepto abstracto, sino que se materialice en cada organización y en cada territorio».
Mencionó asimismo la labor de la Red RETOS, una red que agrupa a más de 30 ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, con el objetivo de implicar a las administraciones locales en la difusión de la RSC, atendiendo a las particularidades de cada región. «Un territorio socialmente responsable es más competitivo y capaz de retener el talento».
Por último, Belassir destacó el papel de la transparencia digital como aliada frente a la desinformación. «La ciudadanía exige cada vez más información clara y accesible». En línea con este enfoque, destacó el trabajo de un comité de expertos que ha elaborado propuestas para seguir promoviendo la RSC en España. «Nuestro ministerio trabaja como coproponente para garantizar que el pilar social esté en el corazón de la regulación comunitaria».
Ley Ómnibus en el centro del nuevo escenario normativo
Eduardo Soria, investigador principal del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), abordó la evolución de la sostenibilidad y los cambios que traerá la reforma normativa europea. «Mi ponencia trata sobre cómo va a evolucionar la sostenibilidad y lo que ha sucedido en este maremágnum normativo. Tenemos un contexto temporal clave en todo este proceso de reforma de la normativa europea sobre sostenibilidad. 2023 fue anticipatorio de la entrada en vigor de las leyes que comenzarán a aplicarse en 2024. Este 2024 es central porque las leyes ya no son una referencia voluntaria, sino que existe una necesidad de cumplir con la normativa».
Soria destacó el papel de la Ley Ómnibus, que comenzará a influir en la elaboración de los informes de 2024. «Cuando se están elaborando los informes de 2024 es cuando empieza a entrar en escena la Ley Ómnibus: se quiere reformar la iniciativa incluso antes de ver qué influencia ha tenido. La sociedad civil cuestiona que hay una desregulación que va en contra de lo que persigue la UE».
El investigador explicó que los cambios serán significativos, especialmente en lo que respecta a las empresas obligadas a cumplir con la normativa. «Lo que cambia son dos grandes bloques: menos empresas obligadas y una mayor flexibilización para las organizaciones. Se estima que habrá en torno a un 70% menos de empresas obligadas que con la CSRD», afirmó. A partir del Ómnibus, añadió, solo estarán obligadas las empresas con más de 1.000 empleados o con más de 450 millones de euros de facturación anual.
Soria también abordó la reducción de las obligaciones de reporting. «Por otra parte, se reducen las obligaciones, con una reducción del 60% de los datos obligatorios a reflejar. Esta reducción se basa en la supresión de indicadores considerados poco relevantes», añadió. La implementación gradual de requisitos y el principio de materialidad serán elementos clave en la nueva normativa.
Otro de los aspectos tratados fue la cancelación de leyes sectoriales y la limitación de la cadena de valor. «Otros cambios relevantes son la cancelación de las leyes sectoriales y, por ejemplo, un asunto central en este debate como es el límite de la cadena de valor: no se puede solicitar a las no obligadas cierta información», comentó.
Sin embargo, Soria subrayó que algunos aspectos de la normativa permanecerán inalterados. «Hay que decir que no todo cambia: hay una estructura básica que se mantiene. El reporting sigue integrado en los sistemas de gestión y gobernanza; se conserva el enfoque basado en impacto, riesgos y oportunidades, y la doble materialidad financiera y de impacto sigue siendo un proceso obligatorio».
En cuanto al futuro, las perspectivas, dijo, son claras. «Las perspectivas que tenemos a corto y medio plazo son estas: hoy hablamos de lo relativo a 2024; los informes que se están presentando actualmente y los de 2025 e incluso 2026 seguirán, de forma general, el mismo cambio normativo». Sin embargo, con los reportes de 2027 ya se informará bajo el marco de la CSRD/Ómnibus y de las nuevas leyes que se aprueben este año.
«Una vez que tenemos esto, ahora debería comenzar una etapa de mayor estabilidad, pero entra en juego la transposición a la legislación española. Está previsto que se sustituya la Ley 11/2018 por otra nueva y hay una cuestión clave: la posibilidad de una norma nacional más exigente y ambiciosa que la europea», concluyó Soria, al destacar la importancia de que la sociedad civil recupere el terreno perdido en la transposición.
Finalmente, enfatizó la necesidad de continuar con el análisis independiente sobre la normativa. «Este estudio va a seguir realizándose, pero es un modelo analítico que va mucho más allá del marco de 2023. En este contexto, el análisis independiente es imprescindible para evaluar cómo funciona la normativa y la incidencia política de nuestras organizaciones».
Giro político que reordena la agenda de sostenibilidad
Alejandro García enmarcó los cambios en la agenda política y su impacto en la sostenibilidad en un contexto de simplificación regulatoria. «Estamos inmersos en una agenda simplificadora en un contexto político que ha cambiado bastante. Tenemos mayorías diferentes a las de antes, la Comisión ha cambiado, el Consejo también, tras distintas elecciones nacionales. La mayoría de gobiernos conservadores han asumido esta agenda. También ha cambiado nuestro principal socio, porque EE. UU. ha virado y eso influye en lo que hacemos aquí en Bruselas. Ha habido hasta diez paquetes Ómnibus y se esperan más».
Sobre la evolución de las empresas en Europa, destacó que 934 grupos empresariales en Europa quedarían obligados, muchos menos de los que estaban cubiertos antes, y unos 1.500 en el mundo. También explicó el cambio en la fase de identificación de riesgos: «El único cambio a mejor es que se decide apostar por un enfoque basado en el riesgo, y la directiva sigue cubriendo la totalidad de las cadenas de suministro de las empresas».
Sin embargo, el mayor cambio llegó con la Ley Ómnibus. «El cambio más fuerte de la Ley Ómnibus es la eliminación de las obligaciones climáticas. También cambian los mecanismos de cumplimiento e investigación de la directiva. Ahora solo se pueden imponer sanciones del 3% de la facturación anual, cuando antes era el 5%».
A pesar de los obstáculos y de los cambios, García subrayó que la directiva sigue en pie. «Es una directiva que ha tenido efectos positivos fuera de Europa. Nos encontramos con procesos legislativos en otros países como Reino Unido, Brasil, Tailandia, Indonesia y Suiza, donde hay iniciativas para adoptar una legislación parecida».
Mejora desigual en la sostenibilidad del IBEX 35
Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), presentó las conclusiones del informe poniendo el foco en el proceso de transformación abierto por el cumplimiento de la Ley 11/2018. «Llevamos haciendo esto desde el inicio del Observatorio. En este tránsito nos encontramos en plena metamorfosis del cumplimiento de la Ley 11/2018. Hasta 2018, en el caso de España, asistimos a un proceso de información de carácter voluntario. Este año hemos intentado anticiparnos a los procesos, seguir constatando el cumplimiento de los requerimientos de la ley a día de hoy y medir el impacto de las NEIS tras haber sufrido esa transición en 2024″.
Vázquez explicó la metodología utilizada para elaborar el informe: «Nos basamos en una metodología muy amplia, tanto con referencias más universalmente aceptadas por las empresas como con otras referencias, todas ellas con un amplio reconocimiento». En total, se evaluaron 781 indicadores en 7 áreas clave: fiscalidad responsable, derechos humanos, derechos laborales, cliente y consumidor, corrupción, medio ambiente y buen gobierno. «El analista, en base al criterio de materialidad, establece si una empresa cumple o no cumple, y ese criterio se basa en el sector de actividad y en su presencia geográfica».
Los resultados de la evaluación revelaron que la media entre todas las empresas analizadas fue de 44,39 puntos. «Enagás es la primera empresa, seguida de Endesa, Iberdrola, Repsol, Inmobiliaria Colonial, Cellnex, Redeia, Fluidra, Aena y Acciona Energías Renovables«, señaló. Vázquez destacó además que se ha producido una evolución positiva, ya que desde 2022 se superan los 44 puntos, mientras que anteriormente no se alcanzaban los 40.
El impacto normativo también tuvo una gran relevancia en la calidad de la información proporcionada por las empresas. «El impacto normativo tiene una relevancia muy importante sobre la calidad de la información suministrada por las empresas». Según las dimensiones del informe, los cambios más relevantes se concentran en el alza en buen gobierno y fiscalidad responsable. «También se observa una disminución de la información en el área de clientes y consumidores, lo que se justifica por los cambios derivados para informar conforme a las leyes».
Además, Vázquez subrayó varios avances. «Ha habido un salto muy importante en liderazgo sostenible, gestión responsable de la cadena de suministro y canal de denuncias, dentro del área de buen gobierno». También destacó una mejora significativa en la rendición de cuentas: «La rendición de cuentas en el área de corrupción ha mejorado 8 puntos respecto al año anterior«.
En las conclusiones, Vázquez resumió varias ideas clave: «La evolución es positiva pero incompleta. El IBEX 35 mejora en sostenibilidad, pero de forma desigual y parcial. La regulación europea es el principal motor». Además, señaló un contraste entre el discurso cualitativo y los datos disponibles. «Predomina el discurso cualitativo, positivo y genérico sobre los datos cuantitativos y concretos». También advirtió de que «la información publicada no siempre está alineada con los riesgos específicos de cada sector».
En cuanto a las diferencias entre compañías, mencionó una desconexión entre la narrativa de sostenibilidad y la realidad financiera —litigios, multas y riesgos de suministro—. Y, finalmente, subrayó la alta dispersión existente entre sectores: «Hay una alta dispersión entre empresas y diferencias muy marcadas por sector».
Conclusión final
El estudio concluye que las mejoras se concentran en aquellos ámbitos donde las normas europeas aportan criterios más concretos de reporte. Por el contrario, cuando existe mayor ambigüedad regulatoria, la calidad de la información desciende. El Observatorio de RSC recuerda que una información robusta sobre sostenibilidad no solo responde a exigencias regulatorias. También impulsa innovación, eficiencia operativa, acceso a capital y ventaja competitiva. Las compañías que integran la sostenibilidad en su estrategia y en la gestión del riesgo están mejor preparadas para afrontar la transición energética, adaptarse a nuevas exigencias del mercado y a competir en sectores de alto valor añadido.
Para el Observatorio de RSC, el estancamiento detectado resulta especialmente preocupante porque se produce cuando la transparencia empresarial ya no es una cuestión reputacional, sino un elemento central de competitividad, acceso a financiación y resiliencia económica. Los inversores, entidades financieras y supervisores demandan información sólida sobre riesgos climáticos, cadena de suministro, gobernanza o derechos humanos para valorar correctamente riesgos y oportunidades. Sin embargo, los resultados del informe muestran que el avance sigue siendo insuficiente. El Observatorio de RSC insta a las instituciones europeas y nacionales a preservar marcos regulatorios ambiciosos, proporcionados y útiles, evitando que los procesos de simplificación debiliten la rendición de cuentas corporativa.
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