Dos de cada tres personas en España (68 %) creen que las industrias intensivas en energía (como el acero, el cemento o la química) deben pagar por sus emisiones de CO₂, frente a solo un 17% que se opone. Es uno de los niveles de apoyo más altos en una nueva encuesta, encargada por Beyond Fossil Fuels en nombre de una amplia comunidad de organizaciones y realizada por YouGov en seis países europeos, que sitúa la media europea en el 59%.
El sondeo, realizado en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España, revela un respaldo amplio y transversal al principio de «quien contamina, paga», que está en el corazón del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés). Los resultados llegan en un momento clave: la Comisión Europea prevé presentar su propuesta de revisión del ETS el 15 de julio, mientras gigantes industriales como ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Voestalpine o BASF presionan para debilitar el mecanismo.
Juan Fer Martín, responsable de Políticas de Descarbonización Industrial de ECODES, señala que: «La población española está entre quienes con más fuerza apoyamos el mercado de carbono europeo. La competitividad de Europa no se construirá rebajando la ambición climática, sino reduciendo las vulnerabilidades estructurales que la dependencia de los combustibles fósiles impone a nuestra industria. Un precio del carbono fuerte y predecible es lo que proporciona a sectores como el acero y el cemento la certeza para invertir en producción limpia aquí. Debilitar el ETS ahora castigaría a las empresas que ya se están moviendo primero y premiaría a las que se niegan a cambiar»
Quien más emite (o no reduce) debe pagar más
El respaldo va más allá de penalizar la contaminación: la ciudadanía espera que el sistema reconozca la ambición climática. En España, un 80% considera que las empresas que más emiten, o las que no hacen esfuerzos por reducir sus emisiones, deberían pagar más que las demás (frente a una media europea del 72 %). Solo un 7 % cree que todas las empresas deberían pagar lo mismo y apenas un 5 % opina que ninguna debería pagar por sus emisiones.
España es también uno de los países donde con más claridad se prefiere un modelo de «gravar e invertir». Un 65 % de las personas encuestadas respalda que el Gobierno cobre por las emisiones de carbono y destine directamente esa recaudación a financiar la descarbonización industrial, frente a solo un 13 % que cree que la industria no debería pagar por sus emisiones. La media europea es del 50 % frente al 18 %.
Cuando se pregunta por las exenciones (la asignación de derechos de emisión gratuitos), se espera que vayan ligadas a condiciones claras para las empresas. En este sentido, el 72 % de las personas preguntadas apunta a reinvertir el coste ahorrado en reducir sus emisiones futuras (frente al 62 % de la media europea); a formar a su plantilla y garantizar condiciones laborales de calidad en una transición justa (apoyado por el 73 %, frente a la media europea del 63 %), y a involucrar a las comunidades locales en las decisiones sobre los cambios en la producción y sus impactos, señalado por el 60 % (media UE: 50 %).
Un apoyo que cruza el tablero político
En España, el respaldo a que la gran industria pague por sus emisiones atraviesa todo el espectro político: alcanza al 88 % del electorado de Sumar y al 78 % del PSOE, pero también al 61 % de la masa de votantes del PP, el triple que el 19 % que se opone. Incluso entre la población votante de VOX: un 38 % se muestra a favor. La exigencia de condicionar los derechos gratuitos a la reinversión en reducir emisiones es igualmente transversal: la respaldan desde el 86 % del electorado de Sumar y el 78 % del PSOE hasta el 69 % del PP y el 59 % de VOX.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
- España: El 68 % apoya exigir a las industrias intensivas en energía que paguen por sus emisiones de CO₂; solo el 17 % se opone (uno de los respaldos más altos de Europa).
- El 80 % cree que quien más emite, o quien no reduce sus emisiones, debe pagar más.
- El 65 % prefiere gravar a la industria e invertir esa recaudación en descarbonización, frente a solo el 13 % que rechaza que pague.
- Si se mantienen los derechos gratuitos, mayorías piden condiciones: reinvertir en reducir emisiones (72 %), garantizar formación y empleo de calidad (73 %) e implicar a las comunidades locales (60 %).
- Apoyo transversal: Sumar 88 %, PSOE 78 %, PP 61 % (frente al 19 % que se opone).
- Europa (media de los 6 países): El 59 % apoya que la gran industria pague por sus emisiones; solo el 23 % se opone.
- El 72 % cree que los mayores emisores o quienes no reducen emisiones deben pagar más; solo un 9 % quiere que todos paguen igual y un 8 % que nadie pague.
- El 50 % prefiere invertir la recaudación del carbono en descarbonización industrial frente al 18 % que apoya mantener los derechos gratuitos.
- Cuando hay exenciones, mayorías piden condiciones: reinvertir en reducir emisiones (62 %), transición justa para los trabajadores (63 %) e implicación de las comunidades locales (50 %).
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