En el ámbito de la conservación de la naturaleza la financiación privada empieza a identificarse como uno de los grandes retos. La biodiversidad y los servicios que presta la naturaleza no se integraban en las cuentas de empresas ni de entidades financieras. Sin embargo, la actual crisis de pérdida de biodiversidad obliga a replantear el papel del capital privado. El suelo, el agua, el clima y la biodiversidad son activos económicos de primer orden: de su estado dependen la productividad agraria, la viabilidad de los destinos turísticos, la continuidad de las cadenas de suministro y la solidez del sistema financiero. El desafío ya no es convencer, sino construir el marco que haga posible invertir en ellos.
Un lenguaje común
Para que esta financiación se consolide es necesario un lenguaje común entre administraciones, entidades de conservación, empresas e inversores. Existen métodos y datos suficientes para adoptar decisiones informadas, pero su utilidad depende de que sean compartidos. Por ello, las reglas y los datos comunes resultan críticos. Las empresas y entidades financieras coinciden en identificar las condiciones necesarias para movilizar inversión hacia la naturaleza: métricas trazables y sencillas, incentivos efectivos, marcos públicos claros y una colaboración público-privada estable.
Del qué al cómo
Existe un amplio consenso sobre el papel de la naturaleza como motor de adaptación frente a retos interconectados como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la contaminación o la salud. El reto pendiente es el cómo, y su respuesta se encuentra en el territorio: en la capacidad de conectar financiación, personas y naturaleza en paisajes concretos. En este camino, hay proyectos que permiten ensayar soluciones y ámbitos en los que la oportunidad es ya evidente.
La inversión pública ha sentado bases sólidas. Las ayudas al impulso de la bioeconomía forestal gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han generado conocimiento, herramientas y redes de colaboración que ahora es necesario escalar. En espacios como Doñana o el Mar Menor, los Marcos de Actuaciones Prioritarias impulsan la renaturalización de superficies agrícolas y la mejora de las prácticas agrícolas y ganaderas en territorios donde la actividad económica y la salud de los ecosistemas dependen de un mismo recurso. Y en las ciudades, las convocatorias de renaturalización urbana han registrado una demanda muy superior a los fondos disponibles.
En el ámbito agroalimentario, la oportunidad es especialmente clara. La agricultura regenerativa mejora la fertilidad del suelo, la infiltración de agua y la captación de carbono, reduce la vulnerabilidad de las explotaciones frente a la sequía y refuerza la seguridad de suministro de la industria. El beneficio ambiental y el económico convergen, lo que la sitúa como un ámbito prioritario para la financiación combinada y los contratos por impacto.
La custodia del territorio como instrumento de agregación
La custodia del territorio ofrece un marco especialmente adecuado para dar escala a estas soluciones. Basada en acuerdos, permite configurar agregaciones territoriales ajustadas a los objetivos de conservación y a los intereses empresariales, y vincular bajo una misma gobernanza y un mismo sistema de seguimiento soluciones basadas en la naturaleza como el pastoreo dirigido, la gestión de barbechos, la agricultura regenerativa, la siembra y cosecha de agua o la mejora ecológica de ríos y humedales. Frente a los acuerdos puntuales entre empresa y propiedad, ofrece un marco legal y de gobernanza reconocido. Y, si se dota de metodologías comunes y de un sistema compartido de medición, reporte y verificación, permite que intervenciones dispersas se financien como un único paquete de impacto territorial, superando una de las principales barreras para la inversión privada: la reducida escala de los proyectos.
El proyecto LIFE Custodia, coordinado por la Fundación Biodiversidad (MITECO), permite ensayar este enfoque. Orientado a mejorar la conservación de la biodiversidad mediante la custodia del territorio y a impulsar la colaboración público-privada y social, contribuye a reforzar las capacidades de las entidades de custodia para operar a escala territorial y acceder a nuevas fuentes de financiación. Es definitiva la custodia ofrece una vía a empresas, administración y entidades de conservación para cooperar y crear alianzas que se integran en el territorio con un objetivo común: su resiliencia.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables.
