El 25 de septiembre de 2015, los 193 estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) supusieron el establecimiento de un marco común para orientar la acción de gobiernos, empresas y sociedad ante algunos de los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo. Once años después, y con solo cuatro años por delante hasta 2030, el desafío es distinto. Ya no se trata de definir hacia dónde avanzar, sino de convertir esas metas compartidas en actuaciones concretas capaces de generar un impacto real. Los datos confirman la magnitud del desafío. En 2026, solo el 36% de las metas evaluables avanza al ritmo necesario o registra un proceso moderado. La mitad progresa lentamente y un 15% ha retrocedido respecto a 2015. A ello se suma un déficit anual de financiación cercano a cuatro billones de dólares. No estamos, por tanto, ante una crisis de objetivos, sino ante una crisis de ejecución, financiación y gobernanza. Eso no los invalida, pero sí debe obligarnos a transformar el marco y a preguntarnos qué hemos aprendido en este tiempo.
El valor histórico de los ODS no radica únicamente en alcanzar las metas, sino también en haber creado un lenguaje común entre gobiernos, empresas, inversores, reguladores y sociedad civil. Antes de 2015 convivían miles de agendas parciales; hoy existe un marco universal para hablar de agua, biodiversidad, pobreza, derechos humanos o economía circular con referencias compartidas. También han servido para impulsar datos, comparabilidad y cultura de medición. Para las empresas, este proceso ha supuesto además un importante esfuerzo de reporting, medición y seguimiento, que ha contribuido a incorporar la sostenibilidad paulatinamente a los procesos de gestión y toma de decisiones. Su éxito ha sido también su debilidad: al convertirse en un eslogan universal, en ocasiones, hemos confundido alineamiento con transformación. Colocar un icono de color junto a una iniciativa no demuestra que un territorio sea más resiliente, que un acuífero o una especie estén mejor protegidos o que una familia vulnerable tenga garantizado el acceso al agua.
En 2022, casi la mitad de la población mundial sufrió escasez hídrica durante, al menos, una parte del año. Al ritmo actual, en 2030 más de 2.000 millones de personas seguirán sin disponer de agua potable gestionada de forma segura. En este contexto, el ODS 6 se convierte en uno de los objetivos más transversales y en un buen ejemplo de los límites de una aplicación global homogénea: el reto cambia según el territorio, sus recursos, infraestructuras, capacidad institucional y necesidades de inversión.
El agua no puede entenderse únicamente como un recurso o una infraestructura. Es también un sistema natural integrado por cuencas, acuíferos, humedales, biodiversidad y procesos de recarga que determinan su disponibilidad y capacidad de recuperación. Hoy, ya no hablamos únicamente de escasez, sino también de sistemas que han consumido parte de su capital natural y han perdido capacidad de recuperación. Cuando nos referimos al agua, hablamos también de salud, alimentación, desarrollo económico, energía, adaptación climática y estabilidad social. Por eso, en este ámbito, sostenibilidad y competitividad han dejado de ser agendas paralelas. Una economía que no garantice suficiente agua, de forma segura y asequible, tampoco podrá garantizar producción, empleo, salud ni cohesión social.
Las empresas caímos inicialmente, quizá, en el error de entender los ODS como un mero elemento de comunicación, sin darnos cuenta de que cuando se conciben como una herramienta de gestión, competitividad, creación de valor y crecimiento adquieren su verdadera dimensión transformadora. La escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad, la inestabilidad social, las brechas de talento, la ciberseguridad o la adaptación climática son factores que condicionarán la estrategia empresarial. Y ese es, justamente, el enfoque del desarrollo del Plan Estratégico de Sostenibilidad de Aqualia (PESA) 2027-2030.
En él, la innovación, los datos, la digitalización y la inteligencia artificial pueden ayudarnos a anticipar incidencias, optimizar procesos y reducir consumos, al tiempo que nos permite mejorar la gestión y desarrollo de nuestro negocio. La regeneración y reutilización del agua, la valorización de subproductos o la producción de energía renovable permiten recuperar recursos y generar valor. Pero la tecnología no puede convertirse en una respuesta automática: ninguna innovación sustituye las decisiones sobre inversión, tarifas, gobernanza o adaptación territorial.
Existen ya experiencias que muestran esta transformación. En Lleida, la incorporación de energía fotovoltaica, producción de biogás, reutilización de agua regenerada y valorización de recursos ha acompañado la evolución de la depuradora hacia un modelo de biofactoría. Y proyectos como REWAISE, coordinado por Aqualia, WaterSENS o Puragua avanzan en economía circular, digitalización, nuevos modelos de gobernanza y soluciones para una gestión más resiliente del agua.
Estas iniciativas muestran por qué Aqualia no debe ser considerada exclusivamente como un proveedor de soluciones, sino como un actor estratégico. Convertir seguridad hídrica, resiliencia de infraestructuras, eficiencia operacional, adaptación climática, biodiversidad, circularidad, innovación y cohesión social en variables de decisión empresarial nos sitúa como un agente de transformación y un socio estratégico de los territorios, y no simplemente como una empresa alineada con la Agenda 2030.
Pasar del compromiso a la acción no es algo que se pueda hacer en solitario. Algunos ODS pueden incorporarse de forma unilateral a los procedimientos de trabajo, pero otros, especialmente el ODS 6, exigen trabajar junto a las Administraciones Públicas responsables de su gestión en cada territorio. El papel de los operadores consiste en aportar especialización, innovación, capacidad operativa, resiliencia y creación de valor para contribuir a alcanzar unos objetivos compartidos. Esta colaboración público-privada, adaptada a las necesidades de cada territorio, es también uno de los principios que queremos reforzar en el PESA 2027-2030.
El horizonte de 2030 exige ahora evolucionar desde la intención hacia la transformación. Probablemente, los objetivos pos-2030 deberían ser más operativos, con metas adaptadas a geografías distintas. Las empresas tendremos que asumir mayor responsabilidad y capacidad de ejecución, transformar nuestros modelos de negocio, en la movilización e inversión y en la generación de soluciones, siempre dentro de marcos de gobernanzas pública sólidos y transparentes. Ahí estará Aqualia.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: 11º Aniversario de los ODS
