Carlos Arango: «El éxito de la diligencia debida no se mide por la documentación que genera, sino por los impactos que consigue prevenir y reducir»

La simplificación normativa introducida por el Ómnibus I en la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) plantea nuevos desafíos para garantizar una gestión responsable de los impactos sociales y ambientales. En esta entrevista con Corresponsables, Carlos Arango, director general de DIRSE, analiza las implicaciones de estos cambios regulatorios, la importancia de integrar la diligencia debida en la estrategia empresarial y el papel de los profesionales de sostenibilidad para impulsar una gestión que vaya más allá del cumplimiento normativo.

Asimismo, Arango presenta las principales aportaciones del 19º toolkit de DIRSE, elaborado junto a LEAD Sostenibilidad y con el apoyo de ICEX, una herramienta destinada a facilitar la aplicación práctica de la diligencia debida en las organizaciones. Durante la conversación, también aborda la necesidad de evitar cargas desproporcionadas para las pymes, reforzar la implicación de la alta dirección y establecer indicadores que permitan medir resultados reales en la prevención y mitigación de impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente.

El Ómnibus I ha introducido cambios relevantes en la CSDDD, reduciendo el número de empresas sujetas directamente a sus obligaciones. ¿Cómo valora DIRSE esta simplificación y qué implicaciones puede tener para la prevención de los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente?

Desde DIRSE creemos que simplificar la normativa puede ayudar a las empresas a comprender mejor sus obligaciones y aplicarlas de forma más eficaz. Pero hay algo que no debemos perder de vista: el objetivo de la diligencia debida es prevenir y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medioambiente.

El Ómnibus I reduce el número de empresas sujetas directamente a la CSDDD y modifica el alcance de determinadas obligaciones, pero eso no significa que desaparezcan los riesgos ni la necesidad de gestionarlos. Las decisiones de las grandes compañías siguen teniendo consecuencias a lo largo de sus cadenas de actividades, también sobre proveedores y otros socios comerciales.

La simplificación debe facilitar la aplicación de la norma, no convertirse en una excusa para rebajar la responsabilidad empresarial. Lo importante es que las organizaciones sepan identificar dónde se producen los impactos más relevantes, establecer prioridades y actuar para prevenirlos, mitigarlos o repararlos cuando sea necesario.

El 19º toolkit DIRSE pretende ayudar a los profesionales a trasladar la normativa a la gestión cotidiana de sus organizaciones. ¿Qué necesidades han detectado en las empresas y qué aporta esta guía para facilitar la aplicación práctica de la diligencia debida?

Una de las principales dificultades es pasar de entender lo que exige la normativa a saber cómo llevarlo a la práctica. La diligencia debida no es solo una cuestión jurídica o del departamento de sostenibilidad: afecta a las compras, la gestión de riesgos, las operaciones, las relaciones con proveedores y las decisiones estratégicas de la empresa.

Precisamente para ayudar en ese proceso, desde DIRSE hemos elaborado el 19º toolkit junto a LEAD Sostenibilidad y con el apoyo de ICEX. Queríamos ofrecer una herramienta útil para los profesionales, que les ayudara a ordenar el trabajo y a identificar por dónde empezar. Por eso, la guía combina la explicación del marco normativo con recursos prácticos, como matrices de priorización, listas de comprobación para las distintas fases y orientaciones para definir responsabilidades y revisar los procedimientos internos.

También incorpora experiencias de ILUNION, Zamora Company y Fluidra, que permiten acercarse a la aplicación de la diligencia debida desde la realidad empresarial. No se trata solo de conocer la norma, sino de contar con herramientas para convertirla en decisiones y procesos concretos. Ese es el valor que queremos aportar desde DIRSE.

Aunque las obligaciones directas se concentran en determinadas grandes empresas, sus efectos pueden alcanzar a proveedores y otras organizaciones de menor tamaño. ¿Cómo pueden las empresas gestionar los riesgos de sus cadenas de valor sin trasladar cargas desproporcionadas a las pymes y, al mismo tiempo, garantizar una actuación responsable?

La clave está en priorizar y actuar con proporcionalidad. No tiene sentido pedir exactamente la misma información a todos los proveedores ni aplicar idénticos procedimientos con independencia de su actividad o de los riesgos que presenten. Las empresas deben concentrar sus esfuerzos allí donde los impactos puedan ser más graves y solicitar información que realmente les ayude a tomar decisiones.

Esto exige diálogo, criterios claros y colaboración. También implica aprovechar la información disponible, evitar duplicidades y acompañar a los proveedores en la mejora de sus prácticas. Especialmente en el caso de las pymes, las exigencias deben ser comprensibles y proporcionadas, para que la diligencia debida contribuya a mejorar la gestión y no se convierta en una carga administrativa difícil de asumir.

Una cadena de valor responsable no se construye trasladando cuestionarios de una empresa a otra, sino trabajando conjuntamente para prevenir impactos. Las pymes deben poder participar en ese proceso como colaboradoras, con expectativas claras y relaciones comerciales que favorezcan la mejora continua.

La diligencia debida implica identificar, prevenir y mitigar impactos adversos, así como actuar cuando se producen daños. ¿Cómo pueden las organizaciones integrar estos procesos en sus decisiones empresariales y garantizar que se traduzcan en mejoras reales para las personas y el medioambiente, más allá del cumplimiento formal?

Para que la diligencia debida funcione, debe formar parte de la manera habitual de gestionar la empresa. No puede quedarse en una política o en un procedimiento elaborado por el departamento de sostenibilidad. Tiene que estar presente en las decisiones de la dirección, las compras, las operaciones, la gestión de riesgos y las relaciones con los proveedores.

Eso requiere asignar responsabilidades, establecer medidas de prevención y mitigación y disponer de mecanismos para detectar problemas, recibir reclamaciones y actuar cuando se producen daños. Pero, sobre todo, exige comprobar si las medidas están funcionando y corregirlas cuando no consiguen los resultados esperados.

En este punto hay una idea que me parece fundamental: el éxito de la diligencia debida no se mide por la documentación que genera, sino por los impactos que consigue prevenir y reducir. Las políticas y los controles son necesarios, pero deben servir para mejorar las condiciones de las personas y proteger el medioambiente. Si no conseguimos avanzar en esos resultados, debemos revisar cómo estamos haciendo las cosas.

La aplicación de la CSDDD requiere la implicación de la alta dirección y la coordinación de diferentes áreas de la empresa. ¿Qué papel debe desempeñar el profesional de sostenibilidad para impulsar esta transformación y conseguir que la diligencia debida forme parte de la estrategia y de la cultura corporativa?

El profesional de sostenibilidad tiene un papel clave porque puede conectar ámbitos de la organización que no siempre trabajan de forma coordinada. Su función es ayudar a traducir los impactos identificados y las exigencias normativas en prioridades de gestión, impulsando que las cuestiones sociales y ambientales se tengan en cuenta en las decisiones empresariales.

Para conseguirlo, necesita el respaldo de la alta dirección y una relación estrecha con áreas como compras, operaciones, riesgos, asesoría jurídica, recursos humanos y finanzas. La diligencia debida es una responsabilidad compartida: no puede depender exclusivamente de una persona ni recaer únicamente en el departamento de sostenibilidad.

Desde DIRSE defendemos una función de sostenibilidad con capacidad de influencia y visión transversal. El reto no es solo cumplir una obligación, sino conseguir que la empresa incorpore esta forma de analizar sus impactos a su estrategia y a su cultura. Para ello, el profesional debe actuar como impulsor del cambio, anticipar riesgos y promover soluciones que integren la sostenibilidad en la gestión cotidiana.

Ante los cambios normativos y los plazos de aplicación previstos, ¿cuáles son las principales prioridades que deberían abordar las organizaciones desde ahora? ¿Qué indicadores pueden ayudarles a evaluar si están gestionando eficazmente sus impactos sociales y ambientales?

Aunque el calendario de aplicación se haya modificado, las empresas no necesitan esperar para empezar a prepararse. Lo primero es analizar si están dentro del ámbito de aplicación de la CSDDD y qué obligaciones les corresponden. A partir de ahí, pueden revisar los procesos existentes, identificar carencias, conocer mejor su cadena de actividades y definir cómo van a priorizar los impactos y repartir las responsabilidades.

También conviene revisar los mecanismos de prevención, notificación y reparación, y aprovechar las sinergias con otros sistemas de gestión y marcos de sostenibilidad. Prepararse con tiempo permite integrar estos procesos de forma progresiva y evitar que la diligencia debida se convierta en una tarea aislada que se aborda únicamente cuando se acercan los plazos.

En cuanto a los indicadores, debemos combinar los que muestran si se han implantado los procesos con aquellos que permiten comprobar sus resultados. Podemos medir, por ejemplo, qué proporción de las operaciones o los proveedores prioritarios se ha evaluado, cuántos impactos se han identificado y cuál es su gravedad, qué medidas correctivas se han puesto en marcha o cuánto se tarda en resolver las reclamaciones. También es importante analizar si los impactos disminuyen y si se reparan los daños cuando corresponde.

No hay una fórmula única para todas las organizaciones: los indicadores deben responder a su actividad y a los riesgos que afrontan. Lo esencial es que los datos ayuden a tomar mejores decisiones y a comprobar si estamos consiguiendo resultados reales. La diligencia debida debe servir para actuar, no solo para acreditar que se ha seguido un procedimiento.

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