América Latina y el Caribe enfrenta un preocupante estancamiento en su ruta hacia el desarrollo sostenible. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solo el 19% de las 134 metas evaluadas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se cumplirá hacia el año 2030 de mantenerse la tendencia actual. El diagnóstico revela un deterioro respecto al año previo (23%), evidenciando que casi un 40% de los indicadores se encuentra paralizado o en retroceso.
El principal obstáculo de la región radica en un déficit financiero estructural. La CEPAL calcula que la brecha para financiar la Agenda 2030 ronda los 650.000 millones de dólares anuales, un monto inalcanzable para economías golpeadas por el bajo crecimiento, el alto endeudamiento y una caída sostenida en la Asistencia Oficial para el Desarrollo. Esta escasez de recursos afecta de manera directa a servicios básicos: 140 millones de latinoamericanos aún carecen de agua potable segura y 324 millones no disponen de un saneamiento adecuado, registrándose los mayores rezagos en Centroamérica y el Caribe.
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su hoja de ruta regional 2026-2029, alerta que las debilidades en la gobernanza y la fragilidad institucional aumentan la vulnerabilidad frente al cambio climático y las turbulencias económicas. Aunque América Latina se mantiene como la región más democrática del mundo en desarrollo, el PNUD advierte sobre una profunda paradoja social: más del 70% de la ciudadanía percibe que las instituciones públicas responden a intereses particulares, lo que erosiona la confianza institucional y complica el consenso político para impulsar reformas verdes de largo plazo.
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