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- Un escenario internacional de retroceso y polarización
- Más odio, más vulnerabilidad y necesidad de respuestas estructurales
- Regulación digital y lucha contra la desinformación
- La fuerza de las alianzas entre instituciones, empresas y sociedad civil
- Europa y España, referentes normativos en igualdad y no discriminación
- Las empresas, actores estratégicos en la protección de derechos
- Cumplimiento normativo y coherencia corporativa
- El reto: avanzar en igualdad real
El V Congreso de Empresas y Derechos Humanos, impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTBI+) ha puesto sobre la mesa una idea central: la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ atraviesa un momento decisivo a escala internacional.
En un contexto marcado por el auge de los discursos de odio, la desinformación y el cuestionamiento de derechos previamente consolidados, las conclusiones del encuentro apuntan a la necesidad de reforzar las respuestas institucionales, sociales y empresariales para proteger la igualdad y frenar los retrocesos.
Las sesiones del Congreso han coincidido en que Europa y España se han convertido hoy en espacios especialmente relevantes para sostener ese avance normativo y político, en contraste con un escenario global cada vez más polarizado.
Un escenario internacional de retroceso y polarización
Las ponencias han advertido del deterioro del sistema multilateral y del orden liberal basado en reglas, una evolución que está favoreciendo la politización de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+.
En este marco, el Congreso ha constatado un aumento de los actores antigénero y de los movimientos reaccionarios, así como el uso creciente de los discursos de odio y de la desinformación como herramientas de movilización política. A ello se suma una polarización social cada vez más intensa, impulsada por narrativas que deshumanizan a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Frente a esta realidad, el encuentro ha subrayado que defender la igualdad de género y los derechos LGTBI+ no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una forma de defender la democracia.
Más odio, más vulnerabilidad y necesidad de respuestas estructurales
Otro de los ejes del Congreso ha sido el aumento de los delitos de odio y de los discursos discriminatorios contra el colectivo LGTBI+, tanto en el espacio físico como en el entorno digital.
Los expertos han recordado que este fenómeno no afecta únicamente a las personas LGTBI+, sino también a otros grupos vulnerables, como mujeres, personas migrantes, personas con discapacidad, personas de etnia gitana, personas con VIH o personas sin hogar.
Además, se ha advertido de que estas dinámicas se ven amplificadas por entornos digitales y por algoritmos que favorecen la difusión de contenidos polarizantes. Ante ello, el Congreso ha defendido la necesidad de mejorar los sistemas de denuncia y notificación de agresiones, reforzar la formación de los operadores jurídicos y promover medidas de mayor alcance, como un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.
Regulación digital y lucha contra la desinformación
La entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA) ha sido señalada como uno de los avances más relevantes en la lucha contra la desinformación y los discursos de odio en internet. No obstante, el Congreso ha advertido de que en España sigue pendiente la implementación efectiva de la transposición de esta norma europea.
Entre otros elementos, la normativa introduce obligaciones de transparencia para las plataformas, responsabilidades sobre los riesgos sistémicos de desinformación y nuevos mecanismos de denuncia y apelación para los usuarios.
Aun así, los especialistas han insistido en que la regulación por sí sola no bastará y que será necesario complementarla con políticas educativas, mediáticas y sociales que refuercen la alfabetización democrática y la respuesta frente a la manipulación informativa.
La fuerza de las alianzas entre instituciones, empresas y sociedad civil
El Congreso ha destacado también la necesidad de fortalecer la cooperación entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil para sostener políticas eficaces de igualdad y derechos humanos.
En este punto, se ha puesto en valor el papel de las organizaciones sociales, tanto por su capacidad de generar conocimiento especializado como por su función en la movilización social y en la creación de redes de colaboración que refuercen las políticas públicas.
La conclusión compartida es que, en un contexto de mayor complejidad social y política, las respuestas aisladas resultan insuficientes y que solo desde una lógica de alianzas estables será posible consolidar avances.
Europa y España, referentes normativos en igualdad y no discriminación
Pese al contexto internacional adverso, el Congreso ha puesto en valor que el marco jurídico europeo y español sigue siendo uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad y no discriminación.
Entre los hitos destacados figuran la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI, la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación y el Real Decreto 1026/2024, que establece medidas obligatorias para garantizar la igualdad LGTBI en empresas de más de 50 personas trabajadoras.
Estas normas consolidan un modelo en el que la diversidad y la inclusión dejan de entenderse únicamente como iniciativas voluntarias y pasan a configurarse como obligaciones legales verificables dentro de las organizaciones.
Las empresas, actores estratégicos en la protección de derechos
Uno de los consensos más claros del encuentro ha sido el papel estratégico de las empresas en la protección de los derechos LGTBI+, especialmente en momentos de incertidumbre política y de retroceso del debate público.
El Congreso ha defendido que las organizaciones empresariales influyen directamente en la cultura social y en los entornos laborales, tienen capacidad para generar espacios seguros y libres de discriminación y desempeñan un papel relevante en la atracción y retención del talento.
Las experiencias compartidas durante la jornada han mostrado que las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I) no responden solo a una exigencia ética o normativa, sino que constituyen también un factor de competitividad, innovación y sostenibilidad empresarial.
Cumplimiento normativo y coherencia corporativa
El Congreso ha abordado además las dudas surgidas en algunas empresas internacionales ante cambios políticos registrados en otros países, como las órdenes ejecutivas del Gobierno de Estados Unidos en materia de diversidad.
La conclusión de los expertos ha sido clara: las empresas que operan en España deben cumplir la legislación española y europea sin excepciones, y las decisiones adoptadas en otros mercados no invalidan ni sustituyen las obligaciones legales vigentes en Europa.
También se ha puesto de relieve que muchas compañías han comprobado que es posible mantener compromisos sólidos en diversidad y cumplir plenamente con la normativa sin que ello afecte negativamente a su actividad internacional.
El reto: avanzar en igualdad real
Como cierre, el Congreso ha insistido en que el objetivo actual no puede limitarse a proteger los derechos ya conquistados, sino que debe orientarse también a seguir ampliando la igualdad real.
Entre los desafíos pendientes, el encuentro ha señalado la mejora de la protección de las personas trans e intersex, el reconocimiento de las identidades no binarias, el refuerzo de la protección de las personas trans migrantes y la eliminación definitiva de las pseudoterapias de conversión en Europa.
Con ello, el V Congreso de Empresas y Derechos Humanos deja una idea de fondo: la respuesta al retroceso de derechos no pasa solo por resistir, sino por seguir construyendo marcos legales, culturales y empresariales capaces de ampliar la igualdad y hacerla efectiva en la vida cotidiana.
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