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Con el objetivo de fomentar el acceso a la justicia para colectivos vulnerables a través del trabajo legal voluntario, la VII Jornada Anual sobre Pro Bono en España reunió este 10 de junio en Madrid a más de 120 profesionales del Derecho, representantes del tercer sector, clínicas jurídicas y estudiantes. El evento, impulsado por la Fundación Pro Bono España y la Fundación Fernando Pombo, se enmarca en la European Pro Bono Week, una iniciativa que tiene lugar simultáneamente en doce países europeos.
Bajo una mirada interdisciplinar y centrada en la dignidad de las personas mayores, la Jornada abordó los desafíos sociojurídicos que plantea la longevidad, y cómo pueden enfrentarse desde una abogacía colaborativa y proactiva. Las dos mesas de debate evidenciaron la necesidad de generar respuestas jurídicas innovadoras y comprometidas con un modelo de envejecimiento activo, justo y equitativo.
Iniciativas con propósito: cómo el Pro Bono impulsa los derechos de las personas mayores
La sesión de apertura estuvo a cargo de Carlos Rueda (socio senior de Gómez-Acebo & Pombo), José Luis de Castro (presidente del Patronato de la Fundación Pro Bono España y director de De Castro Estudio de Abogados) y Manuel Martín (presidente de la Fundación Fernando Pombo), quienes coincidieron en destacar que el trabajo pro bono no solo beneficia a los colectivos atendidos, sino que fortalece la cultura colaborativa de la abogacía.
A continuación, Antonella Broglia, experta en innovación social y embajadora de Ashoka, moderó la primera mesa titulada «Proyectos con propósito: iniciativas pro bono por el avance de los derechos de las personas mayores». En ella se presentaron cuatro proyectos reales impulsados por las entidades organizadoras junto a despachos de abogados, clínicas jurídicas y entidades sociales. Las iniciativas abarcaron desde propuestas de reforma normativa hasta programas de alfabetización jurídica, pasando por herramientas para combatir el edadismo y una guía sobre el uso de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en residencias geriátricas.
Las co-moderadoras Patricia Fita (Fundación Fernando Pombo) y Silvia Cuenca (Fundación Pro Bono España) enfatizaron la necesidad de visibilizar las múltiples áreas de trabajo jurídico en torno a la vejez, y de abordarlas desde una perspectiva integradora, intergeneracional e interdisciplinar.
¿Es la edad un factor que genera vulnerabilidad? Una mirada jurídica y social
La segunda mesa, moderada por Ana Higuera (Fundación Fernando Pombo) y Leire Larracoechea (Fundación Pro Bono España), abrió un diálogo profundo sobre el concepto de vulnerabilidad en el contexto del envejecimiento. Desde enfoques jurídicos, académicos y sociales, se reflexionó sobre cómo enmarcar la edad como factor de riesgo sin caer en paternalismos, y cómo garantizar los derechos desde un enfoque de autonomía y participación.
Haize Trueba, cofundadora de KUVU Inclusion Social, puso en valor el papel de la abogacía pro bono como aliado estratégico en modelos de convivencia intergeneracional. Por su parte, Blanca Narváez, directora de la Fundación Mutualidad, abogó por una mayor comprensión de la realidad jurídica de las personas mayores para poder generar respuestas normativas eficaces.
Desde el ámbito profesional, Emilio Moyano, counsel y coordinador pro bono en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, compartió experiencias concretas desde la práctica legal, mientras que el catedrático Jorge Gorda-Andrade (UNED) llamó a un uso responsable del concepto de vulnerabilidad, recordando que el desarrollo del Derecho en esta materia es todavía incipiente pero creciente ante una mayor sensibilidad social.
Una abogacía comprometida para una sociedad más justa
La jornada concluyó con una reflexión conjunta de las fundaciones organizadoras, en la que se subrayó el papel clave de la abogacía pro bono como herramienta de transformación social. Más allá de una actividad voluntaria, este trabajo representa una apuesta ética y estratégica por un Derecho que garantice la inclusión, la autonomía y los derechos fundamentales de las personas mayores.
Desde las entidades convocantes se realizó un llamamiento a reforzar la colaboración entre abogacía, tercer sector y universidad, para seguir construyendo puentes entre la justicia y quienes más la necesitan. La protección jurídica de las personas mayores es, hoy más que nunca, una cuestión de derechos humanos, dignidad y compromiso intergeneracional.
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