Nunca habíamos hablado tanto de sostenibilidad ni habíamos tenido tantas posibilidades de consumir. Nos decimos que nos preocupan las emisiones, el cambio climático y el impacto ambiental de nuestras decisiones. Exigimos compromisos a las empresas, reclamamos políticas públicas ambiciosas y defendemos la necesidad de avanzar hacia modelos económicos más responsables.
Al mismo tiempo, queremos comprar cualquier producto, a cualquier hora, recibirlo cuanto antes y, preferiblemente, sin pagar gastos de envío. La comodidad, la inmediatez y el precio siguen condicionando nuestras decisiones mucho más que las consideraciones ambientales.
No es necesariamente una cuestión de incoherencia individual. Durante años, las empresas hemos competido por eliminar cualquier obstáculo entre el deseo de comprar y la recepción del producto. Hemos convertido servicios que antes eran excepcionales en expectativas habituales. Y los consumidores nos hemos acostumbrado rápidamente a ellos.
El comercio electrónico ha transformado nuestra relación con el consumo. Ha ampliado la oferta, facilitado el acceso a productos y generado nuevas oportunidades económicas. También ha consolidado una percepción difícil de sostener: que podemos disponer de prácticamente todo, de forma inmediata y sin asumir el coste real de hacerlo posible.
Detrás de cada compra existe una cadena de operaciones que apenas percibimos. Preparación de pedidos, almacenamiento, manipulación, transporte y entrega movilizan recursos, energía, infraestructuras y profesionales. La complejidad de ese sistema contrasta con la sencillez de una experiencia de compra que puede resolverse en unos segundos.
La entrega gratuita representa bien esta desconexión. Que el consumidor no pague expresamente por el transporte no significa que este carezca de coste. Simplemente, alguien lo está asumiendo o incorporando al precio de otra manera. El impacto ambiental, en cambio, permanece habitualmente fuera de esa ecuación.
Hemos aprendido a comparar precios hasta el último céntimo, pero seguimos teniendo dificultades para conocer las consecuencias ambientales de nuestras elecciones.
Conviene, sin embargo, evitar conclusiones simplistas. Una entrega urgente no es necesariamente menos sostenible que otra con un plazo mayor. Tampoco agrupar pedidos garantiza siempre una reducción de emisiones. El impacto depende de la planificación, las distancias recorridas, la ocupación de los vehículos, las fuentes de energía utilizadas y la eficiencia del conjunto de la operación.
La sostenibilidad logística no puede medirse únicamente por la velocidad de entrega ni por la tecnología empleada. Una parte importante de las emisiones está condicionada por decisiones anteriores al transporte: dónde se almacena un producto, cómo se gestiona el inventario, qué condiciones comerciales se ofrecen o cómo se organizan los pedidos.
Sin embargo, buena parte del debate sobre descarbonización continúa concentrándose en los vehículos.
La electrificación, los combustibles alternativos y la eficiencia energética son imprescindibles para avanzar. Pero transformar las flotas sin revisar los procesos que determinan su utilización limita el alcance de esa transformación. Reducir emisiones también significa planificar mejor, aprovechar los recursos disponibles, evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la coordinación entre los diferentes participantes de la cadena logística.
El transporte ejecuta muchas decisiones que otros han tomado previamente.
Las empresas que comercializan productos definen sus condiciones de entrega. Los cargadores establecen exigencias operativas y económicas. Las administraciones determinan buena parte del marco regulatorio y de las infraestructuras disponibles. Los consumidores elegimos entre las alternativas que se nos ofrecen.
Todos participamos en el sistema, aunque nuestra capacidad para modificarlo sea diferente.
Sería injusto trasladar al consumidor toda la responsabilidad de un modelo cuyas reglas no ha establecido. Las personas elegimos condicionadas por el precio, la disponibilidad, la comodidad y la información que recibimos. Difícilmente podemos incorporar criterios ambientales a nuestras decisiones cuando apenas disponemos de datos para hacerlo.
Sabemos cuánto cuesta un producto, cuándo llegará y qué opinan otros compradores. Podemos incluso seguir su recorrido prácticamente en tiempo real. Sin embargo, rara vez conocemos el impacto ambiental asociado a las diferentes opciones de entrega.
La sostenibilidad se ha convertido en un argumento comercial frecuente, pero todavía existe una distancia considerable entre comunicar compromisos y ofrecer información que permita comparar resultados.
Una entrega presentada como sostenible puede responder a criterios muy diferentes: utilización de vehículos eléctricos, compensación de emisiones, combustibles alternativos o mejoras de eficiencia. No todas estas actuaciones tienen el mismo alcance ni producen resultados equivalentes.
La medición rigurosa de emisiones, la trazabilidad y la digitalización ofrecen herramientas para superar parte de esta falta de transparencia. Su verdadero valor no debería limitarse a elaborar informes o acreditar compromisos, sino contribuir a tomar mejores decisiones.
La información ambiental necesita convertirse en un criterio útil para consumidores y empresas, con datos comprensibles, comparables y verificables.
Pero disponer de información tampoco será suficiente si las alternativas más sostenibles resultan inaccesibles, poco competitivas o difíciles de identificar. Las empresas hemos demostrado una enorme capacidad para adaptar productos y servicios a las expectativas del mercado. Incorporar la sostenibilidad a esas propuestas de valor forma parte de nuestra responsabilidad.
También exige revisar determinadas prácticas de contratación. Resulta contradictorio anunciar ambiciosos compromisos climáticos mientras las decisiones de compra continúan priorizando casi exclusivamente el precio, sin considerar el impacto ambiental de los servicios contratados.
La transición tiene, además, una dimensión económica que no podemos ignorar. Renovar flotas, adaptar instalaciones, incorporar tecnologías y desarrollar sistemas de medición requiere inversiones. Pretender que todo ese esfuerzo recaiga sobre un único eslabón de la cadena compromete tanto su viabilidad como la velocidad de la transformación.
La descarbonización necesita objetivos ambiciosos, pero también condiciones que permitan alcanzarlos.
No se trata de cuestionar los beneficios de la inmediatez, la flexibilidad o la accesibilidad. Son avances que han mejorado nuestra calidad de vida y que deben seguir evolucionando. Tampoco de convertir cada compra en un ejercicio de responsabilidad individual ni de exigir al consumidor que resuelva contradicciones que pertenecen al conjunto del sistema.
La sostenibilidad debe dejar de entenderse como un atributo adicional del producto o del servicio para integrarse en las decisiones que determinan cómo producimos, comercializamos, distribuimos y consumimos.
Durante décadas hemos evaluado el éxito de la logística por su capacidad para entregar más rápido, con mayor fiabilidad y al menor coste posible. Esos atributos seguirán siendo fundamentales, pero tendrán que convivir con otro igualmente relevante: el impacto ambiental de las operaciones.
La paradoja de la logística sostenible refleja una contradicción más amplia de nuestra sociedad. Aspiramos a reducir nuestra huella ambiental sin modificar sustancialmente las condiciones de consumo a las que nos hemos acostumbrado.
Superarla no significa renunciar al progreso, sino ampliar nuestra idea de lo que significa progresar.
La sostenibilidad no empieza cuando un vehículo sale a repartir. Forma parte de las decisiones que tomamos mucho antes, tanto quienes diseñamos y ofrecemos los servicios como quienes finalmente los utilizamos.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Internacional Contra el Cambio Climático
