Durante años, el debate sobre la implantación de proyectos energéticos en entornos rurales se ha abordado desde una lógica reactiva: primero se diseña la infraestructura y, después, se gestiona su encaje social. La experiencia demuestra que este enfoque ya no es suficiente. Hoy la premisa es clara: el impacto social no es una consecuencia del proyecto, sino una condición de partida.
Esta convicción no es teórica. Se materializa en un modelo de gestión social que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto, desde la selección de la parcela hasta la operación y el cierre, y que entiende la transición energética como una oportunidad real para generar bienestar, arraigo y desarrollo local. Un enfoque coherente con el papel de las empresas como actores clave de la transición energética y con las expectativas legítimas de los territorios que acogen estos proyectos.
Escuchar antes de construir
La aceptación social no se impone: se construye. Y se construye, sobre todo, escuchando. Por ello, el primer paso de cualquier proyecto debe ser conocer el territorio más allá del plano técnico: comprender qué preocupa a las comunidades, cuáles son sus prioridades y qué dinámicas sociales ya existen.
Antes incluso de iniciar la tramitación administrativa, resulta fundamental analizar el contexto social y crear espacios de diálogo con ayuntamientos, asociaciones y vecinos. Este enfoque está alineado con las buenas prácticas institucionales para la implantación de proyectos de biogás y biometano, que subrayan la importancia del diálogo temprano, la transparencia y la participación ciudadana como factores clave de éxito.
Escuchar implica también saber poner límites. Establecer compromisos claros y públicos fija desde el inicio condiciones no negociables en materia ambiental y social: distancias mínimas a núcleos urbanos, estudios de olores basados en tecnología avanzada, consumo de agua cero, vertido cero, uso exclusivo de residuos ganaderos y agrícolas de proximidad, y el cumplimiento de estándares más exigentes que los legalmente requeridos. Este tipo de compromisos aporta certidumbre y contribuye a generar confianza desde las primeras fases del proyecto.
Informar con transparencia y cercanía
La información siempre acaba llegando a los territorios; la diferencia está en quién la ofrece primero y de qué manera. En contextos donde el ruido mediático y la incertidumbre pueden generar rechazo, asumir un papel activo como fuente principal de información resulta clave. Para ello, es necesario apostar por un lenguaje claro, honesto y adaptado a cada público.
A lo largo del proceso se desarrollan campañas informativas, sesiones abiertas, materiales divulgativos y espacios de preguntas y respuestas. No se trata solo de explicar cómo funciona una planta de biometano, sino de contextualizar su aportación al territorio: reducción de emisiones, valorización de residuos locales, generación de empleo y fortalecimiento de la economía circular.
Este ejercicio de transparencia no se limita a la fase inicial. Se mantiene durante la construcción y la operación, mediante comunicaciones periódicas sobre el avance del proyecto, el seguimiento de impactos y jornadas de puertas abiertas que permiten conocer la instalación en funcionamiento. La transparencia, entendida como un compromiso continuado, es un pilar esencial para construir relaciones de largo plazo con el territorio.
Arraigar: de promotor a buen vecino
Durante mucho tiempo, el diálogo entre empresas, administraciones y ciudadanía se ha representado de forma casi simbólica en torno a mesas redondas: espacios donde todos hablan, pero no siempre deciden. En el contexto actual, marcado por una mayor complejidad social y por la necesidad de corresponsabilidad, este modelo resulta insuficiente. Hoy hacen falta mesas distintas: espacios donde cada parte asuma su rol, sus límites y su capacidad real de decisión. Mesas más cuadradas que redondas, donde todas las aristas estén presentes y visibles.
Los proyectos energéticos no son temporales; están llamados a convivir con el territorio durante décadas. Asumir esta realidad implica evolucionar del rol tradicional de promotor al de buen vecino, comprometido con el entorno. En Biorig, este compromiso se articula a través de las Mesas de Diálogo.
Estas Mesas de Diálogo son espacios estables de participación que reúnen a representantes del ayuntamiento, la ciudadanía, el tejido asociativo y la empresa. No son órganos simbólicos, sino herramientas reales de gobernanza local: en ellas se canalizan inquietudes, se evalúan impactos, se proponen mejoras y se toman decisiones conjuntas sobre los proyectos de reinversión en la comunidad.
El impacto social como palanca de la transición energética
La gestión social que impulsa Biorig no busca únicamente reducir riesgos o facilitar la tramitación administrativa, aunque también lo consigue, sino generar valor compartido. Cuando una comunidad percibe beneficios reales, participa en la toma de decisiones y ve respetadas sus prioridades, la transición energética deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una oportunidad colectiva.
Este enfoque conecta directamente con la idea de una nueva ruralidad: territorios que dejan de definirse por la carencia para reivindicarse como espacios de innovación, conocimiento y futuro. La implantación de proyectos energéticos puede y debe contribuir a esta nueva mirada, activando oportunidades económicas, fortaleciendo el tejido social y generando arraigo desde el respeto a la identidad local.
En este proceso, la implicación activa de la ciudadanía resulta clave. Incorporar la experiencia cotidiana de quienes viven en el territorio, su conocimiento del entorno y su capacidad para identificar impactos reales acerca los proyectos a una lógica de ciencia ciudadana: una forma de construir soluciones colectivas en la que la observación, el seguimiento y la mejora continua se desarrollan de manera compartida entre empresa, administración y comunidad.
En un contexto marcado por el reto demográfico, este modelo contribuye a fijar población, fortalecer el tejido social y activar nuevas oportunidades en el medio rural. La colaboración público-privada, basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad, se consolida, así como una herramienta imprescindible para impulsar proyectos sostenibles y socialmente legítimos.
La energía del futuro será renovable o no será. Pero también deberá ser social, compartida y territorialmente legítima. Incorporar el impacto social desde el origen de los proyectos no es solo una buena práctica: es la base sobre la que se construye la confianza, la viabilidad y el sentido mismo de la transición energética.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables – Impacto social local: Empresas comprometidas con el bienestar de sus comunidades
