En lo que califica como un paso histórico para la política pública social del país, el Comité Nacional de Primera Infancia aprobó formalmente el Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) 2026–2030. La medida da viabilidad operativa a la ley aprobada en 2025 y establece una intervención integral para más de 1,5 millones de niños y niñas en su etapa decisiva de desarrollo.
Reunidos en Latacunga, representantes de distintas carteras de Estado sellaron la aprobación de este documento rector, elaborado bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y el liderazgo técnico del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, en alianza con UNICEF, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un retorno social y económico sustentado
Más allá del enfoque de derechos, la política aprobada se respalda en evidencia técnica y económica. Según estimaciones de los organismos multilaterales, cada dólar destinado al cuidado temprano genera un retorno económico de 17 dólares en el mediano y largo plazo, reduciendo el gasto futuro en salud, mejorando el rendimiento educativo e incrementando la productividad del país.
«Ecuador da un paso que puede cambiar la historia de sus niños y niñas. Con este Plan se traza la ruta para asegurar atención médica, nutrición, protección y aprendizaje temprano en los años donde se define el potencial humano», destacó Arturo Romboli, representante de UNICEF en el país.
La arquitectura de la estrategia
El plan estructura la respuesta del Estado en torno a cinco pilares sustantivos:
- Buena salud integral.
- Nutrición adecuada y combate a la malnutrición.
- Atención receptiva y cuidado cariñoso.
- Acceso al aprendizaje temprano.
- Entornos seguros y protección contra la violencia.
Asimismo, para evitar que la norma quede únicamente sobre el papel, se trazaron cuatro ejes transversales enfocados en gobernanza intersectorial, sistemas de información en tiempo real, capacitación técnica del personal estatal y blindaje presupuestario.
El desafío: la ejecución territorial
Con la aprobación formal concluida, el verdadero reto para las autoridades ecuatorianas será la movilización de recursos y la implementación efectiva en territorio, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginales de mayor vulnerabilidad.
UNICEF ratificó su compromiso de dar acompañamiento técnico e impulsar la captación de financiamiento sostenido junto a la banca de desarrollo para que el plan se traduzca en servicios tangibles a escala nacional.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables.
