La nueva regulación de la jubilación flexible, vigente desde el 28 de agosto de 2026, ha ampliado las posibilidades para que las personas jubiladas puedan reincorporarse voluntariamente al mercado laboral y compatibilizar parte de su pensión con una actividad profesional.
- Nuevas posibilidades para combinar pensión y empleo
- Las organizaciones de mayores cuestionan las ventajas para las pensiones reducidas
- UGT advierte del impacto sobre los pensionistas con menores ingresos
- CCOO alerta de las barreras laborales para regresar al empleo
- Un debate sobre la longevidad y el futuro laboral
Sin embargo, el modelo ha generado un debate sobre sus efectos económicos, especialmente entre quienes perciben pensiones de menor cuantía y podrían encontrar menos ventajas al volver a trabajar.
Estas cuestiones se han abordado en un encuentro organizado por 65YMÁS, con representantes del Gobierno, sindicatos, organizaciones de mayores y entidades del sector financiero y asegurador.
Nuevas posibilidades para combinar pensión y empleo
El Real Decreto 416/2026 establece que las personas jubiladas pueden regresar al trabajo por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la jornada completa comparable.
Durante este periodo, la pensión se reduce proporcionalmente a la jornada trabajada.
La norma introduce incentivos adicionales para quienes comiencen su primera actividad compatible al menos seis meses después de haberse jubilado: un incremento del 15% o del 25% calculado sobre la pensión previa, según la jornada realizada.
También contempla la actividad por cuenta propia bajo determinadas condiciones, permitiendo percibir el 25% de la pensión durante su desarrollo.
Las organizaciones de mayores cuestionan las ventajas para las pensiones reducidas
El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha expresado sus reservas sobre el nuevo modelo.
La organización considera que reducir temporalmente la pensión para compatibilizarla con un salario parcial puede resultar poco atractivo cuando la prestación inicial ya es reducida.
También ha reclamado una mayor participación de las organizaciones representativas de las personas mayores en el diseño de estas reformas.
Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido que la nueva regulación amplía las opciones de jubilación y ofrece incentivos más inmediatos que el sistema anterior.
Suárez ha reconocido, no obstante, que se trata de una modalidad de alcance limitado y que deberá evaluarse su funcionamiento.
UGT advierte del impacto sobre los pensionistas con menores ingresos
La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, ha señalado que algunos pensionistas pueden resultar menos beneficiados por las características de la reforma.
Entre sus preocupaciones destaca que el complemento a mínimos queda excluido mientras se compatibiliza la pensión con el trabajo, según establece la regulación.
También ha advertido de posibles desventajas para mujeres con carreras profesionales interrumpidas por responsabilidades familiares o de cuidado, debido a las limitaciones del recálculo posterior de la pensión.
UGT defiende que la jubilación flexible debe mantener su carácter voluntario y coexistir con medidas de protección para trabajadores de profesiones especialmente exigentes.
CCOO alerta de las barreras laborales para regresar al empleo
El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, considera que la modalidad puede tener un alcance reducido.
Su principal argumento es que exige haberse jubilado previamente para regresar al mercado laboral, una circunstancia que puede dificultar la contratación de profesionales de edades avanzadas.
Bravo ha señalado que los prejuicios empresariales asociados a la edad continúan siendo un obstáculo y ha defendido fórmulas que faciliten una transición gradual hacia la jubilación.
Un debate sobre la longevidad y el futuro laboral
Durante el encuentro, representantes de Santander Pensiones y Mapfre también abordaron los retos que plantea una vida más larga para la planificación económica y la gestión del talento sénior.
La regulación prevé una evaluación de sus resultados transcurrido un año desde su entrada en vigor, con participación de los interlocutores sociales.
El debate refleja que ampliar las opciones de jubilación puede favorecer la autonomía y la continuidad profesional, pero también exige considerar las diferentes situaciones económicas y laborales de las personas mayores.
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