El Ministerio del Ambiente (Minam) puso en marcha un proyecto orientado a la protección de bosques andinos, bofedales y páramos, así como al fortalecimiento de la resiliencia climática de comunidades rurales en Cajamarca, La Libertad, Áncash, Apurímac y Cusco. La iniciativa busca no solo resguardar ecosistemas estratégicos, sino también asegurar que las poblaciones locales cuenten con mayores capacidades de adaptación frente a los efectos del cambio climático.
Entre las acciones priorizadas figuran la reforestación con especies nativas, el manejo sostenible del pastoreo y la instalación de cochas en seis áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, como los santuarios nacionales Tabaconas Namballe, Calipuy y Ampay; la Reserva Nacional Calipuy; el Parque Nacional Huascarán; y el Santuario Histórico de Machupicchu. Estas intervenciones forman parte de los compromisos del Perú en el marco de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC).
El proyecto permitirá cumplir medidas priorizadas en los sectores de agua, agricultura y bosques, según el Plan Nacional de Adaptación y la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050. Asimismo, reforzará tres zonas de conservación en las regiones intervenidas, articulando esfuerzos entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos regionales y comunidades locales. Autoridades del Minam subrayaron que, como país megadiverso, el Perú tiene la oportunidad de liderar una acción climática adaptada a su realidad, basada en el conocimiento tradicional y en soluciones propias.
El proyecto cuenta con la participación del Programa Bosques del Minam, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), y será financiado por el Fondo de Adaptación, ejecutado por Helvetas Swiss Intercooperation Perú e implementado por Profonanpe. Según el Minam, este esfuerzo se enmarca en la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú Andes y apunta a un modelo de desarrollo resiliente, donde cada acción de adaptación contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y fortalecer la capacidad del Estado para responder de manera articulada y descentralizada.
