Introducción: una realidad silenciada
La violencia contra la infancia sigue siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más invisibilizadas en nuestras sociedades. Cuando esta violencia afecta a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el riesgo de ocultamiento, normalización y falta de respuesta institucional se incrementa de forma alarmante. La infancia con discapacidad continúa siendo uno de los colectivos más expuestos a múltiples formas de victimización y, paradójicamente, uno de los menos escuchados.
Tal como advierten numerosos estudios, la discapacidad no es en sí misma un factor de vulnerabilidad; lo que genera riesgo son los entornos, las relaciones de poder desiguales, las barreras comunicativas, los prejuicios sociales y las fallas estructurales de los sistemas de protección. Reconocer esta realidad constituye el primer paso para avanzar hacia una prevención eficaz y una detección temprana que permita proteger derechos y reparar daños.
2. La polivictimización en la infancia con discapacidad
El concepto de victimización engloba un amplio abanico de violencias: negligencia, maltrato físico y emocional, violencia sexual, acoso escolar, ciberacoso, violencia institucional, delitos de odio y discriminación sistemática. En el caso de la infancia con discapacidad, estas violencias no suelen presentarse de forma aislada, sino acumulativa, dando lugar a situaciones de polivictimización, entendida como la exposición reiterada a múltiples formas de violencia a lo largo del desarrollo vital.
La evidencia científica es contundente. Diversos análisis muestran que los niños y niñas con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia que sus pares sin discapacidad, especialmente en sus formas más graves, como la violencia sexual y física. Además, presentan un riesgo elevado de victimización secundaria tras la revelación de los hechos, debido a respuestas institucionales inadecuadas, ausencia de accesibilidad, incredulidad o revictimización durante los procesos de denuncia e intervención.
3. Dificultades estructurales para la detección temprana
Uno de los principales obstáculos para combatir la violencia contra la infancia con discapacidad es la baja capacidad de detección temprana. Las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que solo registran los casos que llegan a conocimiento de las autoridades. Esto convierte los datos administrativos más en indicadores de capacidad institucional que de prevalencia real.
A ello se suman factores como barreras en la comunicación, especialmente en niñas y niños con discapacidad intelectual, con autismo o con discapacidad sensorial; dependencia elevada de personas adultas cuidadoras, que en algunos casos pueden ser las propias perpetradoras; normalización de determinadas prácticas negligentes o coercitivas bajo la apariencia de cuidados y falta de formación especializada de profesionales del ámbito educativo, sanitario, social y judicial.
Un elemento clave es la denominada injusticia epistémica, que se produce cuando los relatos de niñas y niños con discapacidad son sistemáticamente cuestionados o infravalorados por prejuicios capacitistas. Esta deslegitimación de su palabra retrasa la intervención, refuerza la impunidad y perpetúa la violencia.
4. Indicadores de alerta: más allá de los perjuicios y estereotipos
La detección de situaciones de violencia requiere abandonar miradas estereotipadas. No existen indicadores únicos ni universales. Los signos de alerta deben interpretarse siempre desde el conocimiento profundo del niño o la niña, su historia, su forma de comunicación y su contexto familiar y social.
Entre los indicadores más frecuentes se encuentran los cambios bruscos de comportamiento (aislamiento, retraimiento, agresividad o miedo intenso hacia determinadas personas o espacios); regresión en habilidades previamente adquiridas (control de esfínteres, lenguaje, autonomía personal o competencias sociales); alteraciones en el sueño, la alimentación o el rendimiento escolar; conductas sexualizadas inapropiadas para la edad o evitación extrema del contacto físico.
La revelación directa, cuando se produce, sigue siendo la vía principal de detección. Por ello, resulta imprescindible generar entornos seguros, accesibles y libres de prejuicios y estereotipos, donde la infancia con discapacidad pueda expresar lo vivido y ser creída.
5. Prevención desde un enfoque de derechos humanos
La prevención de la violencia no puede limitarse a intervenciones reactivas. Debe abordarse desde un enfoque estructural y de derechos humanos, tal como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que reconoce a las niñas y niños con discapacidad como sujetos plenos de derechos y no como meros objetos de protección.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org
