Tal como están evolucionando las cosas, la declaración de la vivienda social y la asequible como servicios de interés económico general se convierte en un puntal imprescindible para la política de vivienda de futuro. No en balde, esta declaración quedó recogida en la Llei 18/2007 del derecho a la vivienda de Cataluña (art. 4) y en la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda de España (art. 4), con matizaciones pero ambas con la voluntad de incluir un amplio abanico de fórmulas de alojamiento que requieren sí o sí de un fuerte apoyo público para su provisión.
El Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en su Foro Internacional“Affordable Housing Activation”, ha dejado claro que el mercado aleja cada vez más las posibilidades de acceso a una vivienda digna a una parte muy importante de la población: los precios de alquiler y los de venta están creciendo muy por encima de la evolución de los salarios. El fantasma de la burbuja ha vuelto a aparecer, tras casi doce años de contención, pero esta vez, a diferencia del terrible decenio 1997-2007, los precios suben pero la producción de viviendas no crece.
Así, nos hallamos en pleno año 2025 frente a dos retos mayúsculos: uno de cantidad y otro de cualidad. No aportamos suficientes nuevas viviendas para hacer frente a las fuertes presiones demográficas de distinto signo que estamos teniendo, con lo que crece cada día el déficit cuantitativo. Y las escasas viviendas en oferta experimentan fuertes subidas de precios – en parte por razón de costes, pero mayoritariamente de carácter especulativo-, a las que tan sólo pueden hacer frente aquellos que disponen de ingresos muy por encima de la media de la población. No hace falta decir quiénes quedan excluidos del mercado.
Corregir el mercado es harto difícil. Nuestro sistema de vivienda pivota fundamentalmente sobre el mercado libre que se resiste como gato panza arriba a aceptar cualquier tipo de restricción. Véase como ejemplo la oposición que en la ciudad de Barcelona se está viviendo frente a la exigencia de que un 30% de las viviendas que construyan los privados sean protegidas. Esta medida, que no sólo debe desarrollarse en Barcelona si no que debería ser un mandato categórico de futuro para asegurar vivienda asequible para nuestros hijos y nietos en cualquier territorio, es demonizada por unos operadores que no aceptan ningún tipo de intromisión, aun cuando lo que producen constituye un bien de primera necesidad sin el cual todo el edificio del estado del bienestar se viene abajo.
Igualmente, el control de rentas se considera un freno a la oferta de alquiler aunque los niveles alcanzados hoy por los alquileres sean claramente superiores a aquellos con los que cualquier inversionista hubiera soñado hace apenas cuatro años. La codicia en este terreno no tiene límites.
Según los operadores del mercado, toda solución a la actual doble crisis de vivienda: cuantitativa y cualitativa, debería venir exclusivamente de la mano del sector público. Nada que decir, por supuesto, sobre la responsabilidad pública en garantizar el derecho a la vivienda, pero estamos ciegos si pensamos que con la sola actuación pública directa con viviendas sobre suelos públicos seremos capaces de responder a los enormes retos comentados. La mayor parte del suelo residencial y la mayor capacidad operativa están en manos privadas. Y ahí está la triste y dramática paradoja: se necesita, imprescindiblemente, un sector privado que no acepta intromisión y que, nos guste o no, tiene la fuerza de ser contingente.
Ante esta realidad sólo caben dos posiciones: mayor dureza en las exigencias públicas sobre el sector privado, aún a riesgo de encontrar muros de resistencia por doquier y vías de escape (como la de los alquileres de temporada), o magnanimidad en la puesta a disposición de fondos públicos presupuestarios para conseguir implicar con pactos sólidos al sector privado.
Y ahí es donde entra en juego el concepto de servicio de interés económico general que ahora, afortunadamente, ya empieza a formar parte también de las propuestas que está trabajando la Unión Europea con su nuevo Comisario y con el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible para crear un marco de financiación con fondos de cohesión destinados a este fin.
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