Hablar de escuelas seguras significa hablar de derechos de infancia y adolescencia. Se trata de asegurar el bienestar físico, emocional y ambiental de niñas, niños y adolescentes. Y asumir, como sociedad, que los centros educativos deben ser espacios de protección, de participación, seguros y saludables.
Desde la Plataforma de Infancia defendemos una mirada amplia de lo que debería ser una escuela segura, aquella que garantiza que cada centro educativo sea un entorno libre de violencia, pero también un espacio saludable, sostenible y adaptado a los desafíos climáticos actuales.
Considero que la seguridad empieza por algo básico: que ningún niño o niña sufra violencia en su escuela. Los centros educativos deben consolidarse como espacios de protección efectivos frente a cualquier forma de violencia, ya sea física, psicológica, institucional o digital. Esto implica desarrollar planes de convivencia sólidos, protocolos claros de actuación, formación específica del profesorado y mecanismos accesibles para que el alumnado pueda expresar situaciones de riesgo con confianza. Debemos tener en cuenta que casi el 50 % de las niñas, niños y adolescentes sufre o ha sufrido acoso escolar y ciberacoso, unas cifras que han aumentado considerablemente en los últimos años. Y al menos un 20 % sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años.
La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, creó la figura del coordinador o coordinadora de bienestar para asegurar que los centros educativos sean espacios seguros. Este profesional se encarga de promover la prevención, sensibilización y detección de cualquier tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes trabajando en equipo con el resto de profesionales del centro. Sin embargo, existe una gran disparidad en el grado de implementación de esta figura y la mayoría de los centros se enfrentan a problemas relacionados con la falta de formación, recursos económicos, personal cualificado, y horas liberadas para desempeñar este trabajo.
Por otro lado, para que las escuelas sean entornos seguros y saludables, además debemos prestar atención al contexto climático y urbano que también condiciona el bienestar diario de la infancia. Nuestro informe “Los retos que la degradación medioambiental y el cambio climático plantean a la infancia” pone de manifiesto que diferentes estudios y expertos identifican las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a los efectos de la contaminación, el calor extremo o el tráfico.
Muchos centros educativos están rodeados de vías con alta densidad de tráfico, presentan escasez de zonas verdes o carecen de espacios adaptados frente a olas de calor cada vez más frecuentes. Hay estudios que muestran que el 46 % de los centros educativos de infantil y primaria de Madrid y Barcelona superan los límites de contaminación permitida.
Por ello, bajo mi punto de vista, y el de la Plataforma de Infancia, deberíamos apostar por políticas de movilidad con enfoque de infancia que pongan en marcha medidas como por ejemplo caminos escolares seguros, reducción del tráfico en los entornos educativos, ampliación de zonas peatonales, más y mejores carriles bici en las ciudades, eliminar progresivamente los vehículos más contaminantes, promover el uso del transporte público, garantizando un transporte accesible y eficiente, y establecer la gratuidad para todas las niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. Estas medidas van acordes con el planteamiento de la Observación General número 26 de Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia y el medio ambiente con especial atención al cambio climático.
Existen ya buenas prácticas impulsadas desde lo local, como es el caso de Revuelta Escolar o Clean Cities, que demuestran que este cambio es posible, municipios que han peatonalizado los accesos a colegios en horarios de entrada y salida, centros que han naturalizado patios para reducir la temperatura y fomentar el juego al aire libre, o iniciativas participativas en las que el alumnado contribuye a diseñar mejoras en su propio entorno escolar. Estas experiencias confirman que incorporar la mirada de la infancia mejora las políticas públicas y las hace más efectivas.
El reto es de toda la sociedad y requiere de coordinación entre administraciones educativas, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado; inversión sostenida; y una escucha activa a la infancia y la adolescencia. No podemos hablar de escuelas seguras sin contar con quienes las habitan cada día.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la educación, a la salud, a la participación, a la protección frente a toda forma de violencia y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Integrar todos estos derechos en la política educativa no es una aspiración idealista, es una obligación jurídica y ética.
Garantizar escuelas seguras es, en definitiva, una tarea colectiva que define el tipo de sociedad que queremos ser. Si aspiramos a comunidades más justas, resilientes y democráticas, debemos empezar por garantizar que cada centro educativo sea un espacio donde crecer sin miedo, respirar aire limpio y participar activamente.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org
