La ONG Entreculturas, organización jesuita de cooperación internacional, forma parte desde hace años de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), decisión que adoptamos porque, en tiempos de conflicto y emergencias, garantizar el acceso a la educación no es una opción política, es un imperativo del derecho internacional recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
La educación es, junto al derecho a la vida, uno de los primeros derechos que se vulneran en un conflicto armado y uno de los últimos en restituirse de manera efectiva, como hemos visto en el caso de Gaza recientemente, con el 90% de sus escuelas destruidas. Una característica que se cronifica a pesar de que la evidencia científica y los informes de organismos internacionales muestran que mantener la escolarización en contextos de desplazamiento forzado:
- Proporciona seguridad, normalidad y protege la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y profesores desplazados o refugiados.
- Fomenta la paz y la comprensión, la tolerancia y la convivencia pacífica.
- Siembra futuro, previene conflictos y prepara a las nuevas generaciones para contribuir al desarrollo y la reconstrucción de sus comunidades.
En 2015, ante el aumento de conflictos y ataques a la educación, la comunidad internacional adoptó la Declaración sobre Escuelas Seguras, un acuerdo político intergubernamental mediante el cual los Estados que la respaldan (122 hasta diciembre de 2025) se comprometen a proteger a estudiantes, docentes, escuelas y universidades de los peores efectos de los conflictos armados. También insta a las partes en conflicto a respetar el carácter civil de las instalaciones educativas bajo el derecho internacional humanitario (DIH) y alienta a los Estados a tomar medidas concretas para mitigar y evitar el uso militar de las escuelas, mientras se facilita la continuidad de la educación durante los conflictos armados.
Prevenir la ocupación y el uso militar de las escuelas, la violencia contra estudiantes, maestros, otros miembros del personal educativo, así como contra las instalaciones educativas, es el deber principal de los Estados, y se requieren normas adecuadas en la legislación y regulaciones nacionales. Pero abordar las violaciones al derecho a la educación en tiempos de conflicto armado requiere, además, el compromiso de toda la comunidad educativa —incluyendo organizaciones sociales y cooperación internacional— y soluciones creativas que se deriven de enfoques multidisciplinares que integren protección, apoyo psicosocial y participación comunitaria.
En Nigeria, por ejemplo, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), entidad aliada de Entreculturas, desarrolla un proyecto en cuatro escuelas de los estados de Borno y Adamawa para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder a una escuela segura y protectora en un contexto de años de violencia interna en el país. Muchas niñas y niños nigerianos son reclutados por grupos armados mientras están en la escuela o en el trayecto desde sus hogares, para ser convertidos en soldados. Particularmente, muchas niñas son secuestradas como “esposas” por parte del grupo armado Boko Haram.
Por eso el JRS comenzó un programa de prevención en el que, a través de simulaciones de riesgos y posibles ataques a sus escuelas, enseñan a los y las estudiantes señales de alerta temprana o protocolos de reunión en espacios cerrados con puertas de huida en las partes posteriores de las escuelas. Además, se han construido cercas perimetrales y ahora las escuelas tienen cierto nivel de seguridad y protección física.
A través de nuestra campaña Escuela Refugio, desde la ONG Entreculturas apostamos por escuelas que son refugio, escuelas que son esperanza, porque la educación es protección, la educación es paz y reconciliación y una condición estructural e indispensable para la garantía efectiva de muchos otros derechos.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org
