Hablar de escuelas seguras no debería ser un eslogan ni una consigna política. Debería ser una obligación moral. Una escuela segura es aquella donde ningún niño va con miedo, donde ninguna familia tiene que elegir entre el derecho a la educación y la integridad emocional —o física— de su hijo. Y, sin embargo, hoy en España, miles de familias con hijos con discapacidad saben que esa seguridad no está garantizada.
Desde el CEDDD defendemos una idea sencilla, aunque incómoda para algunos discursos oficiales: no hay inclusión posible sin bienestar, y no hay bienestar cuando se ignora la realidad diaria de los alumnos más vulnerables.
Inclusión no es imposición
En los últimos años, la palabra inclusión se ha convertido en un dogma. Se repite tanto que parece incuestionable. Pero cuando una idea deja de poder debatirse, deja de servir a las personas y empieza a servir a la ideología.
La LOMLOE ha apostado por un modelo de inclusión prácticamente único, priorizando la escolarización en centros ordinarios y relegando la educación especial a un papel residual. El problema no es la inclusión en sí, sino la inclusión forzosa, decidida desde un despacho y no desde el conocimiento del niño concreto.
El artículo 27 de nuestra Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Sin embargo, muchas familias se encuentran hoy con que esa elección es puramente teórica. La administración decide, orienta, presiona y, en la práctica, impone. ¿El resultado? Niños integrados “sobre el papel”, pero solos en el aula, sin apoyos reales y sin protección efectiva.
Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro
Si hay un dato que debería hacernos reflexionar como sociedad es este: entre el 80 y el 90 % de los alumnos con discapacidad sufre acoso escolar en centros ordinarios, frente a menos del 3 % en centros de educación especial, según los datos que manejamos en el CEDDD y que coinciden con múltiples testimonios de familias.
Esto no son cifras frías. Detrás hay niños que no quieren ir al colegio, adolescentes con ansiedad, autolesiones, depresión y familias rotas por la impotencia. El bullying por discapacidad no es un problema anecdótico: es violencia estructural. Ocurre cuando el sistema coloca a un menor en un entorno que no está preparado ni formado para entenderlo, acompañarlo y protegerlo.
No se puede llamar inclusión a exponer a un niño al rechazo diario. Eso no es integración: es abandono institucional.
La educación especial: entornos de alta protección
Los centros de educación especial no son guetos ni lugares de exclusión, como a veces se pretende caricaturizar. Son entornos altamente profesionalizados, con ratios adecuadas, personal especializado —logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos— y, sobre todo, una cultura de cuidado y respeto.
Para muchos alumnos con grandes necesidades de apoyo, estos centros representan algo fundamental: seguridad. Seguridad emocional, seguridad física y la posibilidad real de aprender a su ritmo, sin ser comparados constantemente ni señalados por ser diferentes.
Defender la educación especial no es ir contra nadie. Es defender que no todos los niños necesitan lo mismo, y que la verdadera igualdad consiste en dar a cada uno el entorno donde mejor pueda desarrollarse.
Recursos reales, no discursos
Desde el CEDDD insistimos en algo básico: si un alumno con discapacidad va a ser escolarizado en un centro ordinario, debe hacerlo con recursos reales, no con buenas intenciones.
No basta con un dictamen ni con un auxiliar compartido entre varios niños. Hablamos de apoyos estables, formación específica del profesorado, equipos multidisciplinares y protocolos eficaces contra el acoso. Hoy, en demasiados casos, la inclusión se hace “a coste cero”, y el precio lo paga el menor.
A esto se suma otro problema grave: las becas y ayudas al apoyo educativo llegan tarde, mal o nunca. Las familias adelantan tratamientos, terapias y materiales que deberían estar garantizados por el sistema. La burocracia se convierte en otra forma de exclusión.
Escuchar a las familias
En el CEDDD hemos impulsado un Estudio Nacional de Satisfacción de Familias con hijos con discapacidad porque creemos que las políticas públicas no pueden diseñarse de espaldas a quienes viven esta realidad cada día. No se puede legislar la discapacidad desde el desconocimiento ni desde la comodidad de los titulares.
Las familias no piden privilegios. Piden algo mucho más simple: poder elegir sin ser culpabilizadas, sin ser señaladas y sin miedo a que su hijo sea el siguiente en sufrir acoso.
Una pregunta incómoda, pero necesaria
Cuando hablamos de escuelas seguras, conviene hacerse una pregunta honesta:
¿Estamos protegiendo a los niños o estamos protegiendo un modelo ideológico?
La inclusión que defendemos desde el CEDDD no es teórica ni estadística. Es la que se mide en sonrisas, en tranquilidad, en ganas de aprender. A veces será en un centro ordinario, otras en uno de educación especial. La clave es la libertad de elección y el interés superior del menor, no la obsesión por un único camino.
Porque una escuela solo es verdaderamente inclusiva cuando, antes que nada, es un lugar seguro.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Escuelas seguras, en alianza con #Notecalles.org
