A menos de cinco años del horizonte fijado por la Agenda 2030, resulta pertinente evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde su adopción en septiembre 2015. La evidencia disponible muestra una brecha entre los compromisos asumidos y los resultados observados: según el Foro Económico Mundial, únicamente el 18 % de los ODS presenta una trayectoria compatible con su cumplimiento en plazo, cerca del 50 % avanza a un ritmo insuficiente y aproximadamente otro 25 % registra retrocesos, pese a los avances observados en ámbitos como la salud, la educación, la energía o el acceso digital.
En el caso de España, según datos del Pacto Mundial y del Sustainable Development Solutions Network (SDSN), su posición en el contexto internacional es intermedia: nuestro país ocupa el 16.º puesto en el ranking global de desempeño en ODS, con mejoras moderadas en la mayoría de los objetivos, avances más destacados en el ODS 5 (Igualdad de género) y progresos apreciables en indicadores vinculados al ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), aunque persisten señales de estancamiento en el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad).
En este contexto, la vivienda actúa hoy como un factor fundamental para determinar la vulnerabilidad social, con implicaciones directas sobre la calidad de vida. En 2023, el 22,9 % de la población residía en hogares con deficiencias en la vivienda (INE), a lo que se suma una elevada presión del alquiler: cerca del 40 % de los hogares que alquilan a precio de mercado se encontraban en situación de sobresfuerzo en 2022 y, en el primer quintil de renta, el esfuerzo mediano alcanzó el 43,1 % de la renta bruta (Banco de España). Estas tensiones responden a factores como el incremento sostenido de los precios, la escasez de oferta y la brecha entre la evolución de los salarios y los precios, y se ven amplificadas por los movimientos migratorios tanto internos como externos que concentran población y actividad económica en las grandes áreas urbanas o “ciudades de éxito”.
Las proyecciones demográficas estiman que en torno al 66 % de la población mundial residirá en áreas urbanas en 2050, lo que intensifica los retos asociados a la planificación urbana, la eficiencia energética del parque edificado y la cohesión social (Madanian et al., 2018). En este escenario, el diseño y la planificación de edificios alineados con los ODS requieren vehículos de financiación capaces de distribuir costes y riesgos entre los distintos actores y de reconocer el papel central de la vivienda en el crecimiento económico, el progreso social y la protección del medio ambiente (Scrucca et al., 2023).
Desde esta perspectiva, la financiación no constituye un elemento accesorio, sino una condición clave para transformar los ODS en actuaciones concretas. En ausencia de instrumentos financieros adecuados —públicos, privados o mixtos—, las metas de rehabilitación energética, regeneración urbana y vivienda asequible corren el riesgo de quedar en el plano declarativo, condicionadas por la limitada capacidad de ahorro de los hogares, las restricciones financieras de las comunidades de propietarios y el riesgo percibido por el sector bancario.
A escala europea, el principal instrumento es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), integrado en NextGenerationEU, con una dotación de 672.500 millones de euros, de los cuales al menos un 37 % debe destinarse a objetivos climáticos, incluida la mejora de la eficiencia energética del parque edificado. Este esfuerzo se complementa con programas como InvestEU y con la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dentro de un marco normativo que contribuye a reducir la incertidumbre regulatoria.
En España, estos recursos se canalizan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una asignación de 10.820 millones de euros a actuaciones en vivienda y rehabilitación que, junto con aportaciones nacionales y privadas, elevan la inversión total estimada hasta los 15.367 millones de euros. La combinación de subvenciones, préstamos y avales públicos —con un papel destacado del ICO— permite intervenir a escala de edificio y de barrio, aunque, como advierte el grupo de trabajo sobre vivienda del Observatorio 2030 del CSCAE, el desafío es estructural y exige continuidad, coordinación administrativa y capacidad de ejecución. En este marco, el Observatorio 2030, a través de su Task Force sobre vivienda y del Foro Internacional UIA Affordable Housing Activation, desempeñan un papel relevante al generar evidencia, identificar barreras y contribuir al diseño de planes de actuación que alineen financiación, proyectos y objetivos sociales, económicos y ambientales de la Agenda 2030.
