Si uno mira con algo de distancia el panorama de la vivienda en España, la sensación es bastante clara: llevamos años caminando sobre una cuerda tensa entre lo que se necesita y lo que realmente se ofrece. La combinación de dinámicas demográficas, concentración de inversión en el sector inmobiliario, cambios en los modelos de hogar y una creciente presión turística y comercial sobre los centros urbanos ha derivado en un incremento continuado de los precios, tanto en compra como en alquiler. Esta subida no ha ido acompañada de una evolución proporcional de los salarios, especialmente entre la población joven y las personas en edad de acceder a su primera vivienda, lo que ha abierto una brecha cada vez más difícil de salvar entre capacidad económica real y coste de acceso al hogar.
Esta distorsión del mercado se ve agravada, además, por un elemento estructural que a menudo queda fuera del debate público: el peso del suelo urbanizable en el coste final de la vivienda. Paralelamente, el parque edificado existente arrastra un déficit histórico de políticas estables de rehabilitación, mantenimiento y actualización energética: España destina menos recursos a la renovación del parque construido que otros países de su entorno, manteniendo en uso edificios ineficientes que consumen más energía, generan más emisiones y ofrecen menor confort a sus habitantes.
A esta dificultad estructural se le añade la estrecha relación entre vulnerabilidad social, déficit de vivienda asequible y cambio climático. Tal y como señalan diversos estudios internacionales, los hogares de menores ingresos —en cualquier país, incluido España— son siempre los más expuestos a los efectos climáticos y, simultáneamente, quienes sufren mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. El parque residencial español refleja con claridad esta interdependencia. Una parte significativa de los edificios existentes presenta déficits energéticos severos: baja calidad envolvente, instalaciones obsoletas y escasos mecanismos de adaptación a temperaturas extremas. Estos factores no solo incrementan las emisiones y los costes energéticos, sino que acentúan la desigualdad. En este sentido, el acceso a vivienda asequible y de calidad se convierte también en una herramienta de justicia climática, en tanto que protege a quienes menos capacidad tienen de absorber los impactos ambientales.
Este escenario sitúa a España ante un desafío ambiental, social y económico. La industria de la construcción desempeña un papel determinante: su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero implica que el sector, incluida la vivienda, debe liderar las soluciones de mitigación y de adaptación. Aquí, la economía circular se revela como una herramienta útil para comprender y transformar el modelo residencial, aplicando principios como “usar menos”, “usar por más tiempo”, “hacer de manera más limpia” y “usar de nuevo”. Estos ejes, integrados en el diseño arquitectónico, pueden orientar la transición hacia un parque de viviendas resiliente, asequible y alineado con las ambiciones de neutralidad climática.
Los nuevos desarrollos de vivienda asequible —ya sean promovidos por la Administración, por cooperativas o por agentes privados— han de incorporar desde el inicio tres vectores inseparables: diseño bioclimático, construcción industrializada y ciclo de vida circular de los materiales. No obstante, la respuesta al doble desafío de garantizar vivienda asequible y de calidad para una mayoría social y, al mismo tiempo, de transformar de raíz el modelo constructivo hacia la descarbonización y la circularidad no se puede plantear únicamente en términos de nueva construcción sobre nuevo suelo. La regeneración y la rehabilitación urbana deben convertirse en la prioridad, ya que contribuyen a reducir emisiones contaminantes, preservan la identidad urbana, refuerzan la cohesión social y evitan la pérdida de materiales de alto valor.
El Observatorio 2030 del CSCAE se sitúa en este cruce de caminos como un espacio de reflexión, pero también de propuesta. La arquitectura, entendida en su dimensión profesional, cultural y técnica, tiene la capacidad de articular soluciones que combinen justicia social, calidad espacial y responsabilidad ecológica. No va a resolver por sí sola todas las aristas del problema, pero sí puede —y debe— señalar rutas posibles.
Desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, estamos convencidos de que avanzar hacia una sociedad capaz de aprovechar mejor los recursos es una estrategia de competitividad, cohesión territorial y bienestar y la futura Ley Europea de Economía Circular refuerza esta visión al situar la circularidad como un pilar de la autonomía industrial de la UE, creando un mercado único de materiales secundarios, normas armonizadas y sistemas digitales de trazabilidad. Para ello, será necesario activar una transformación digital que permita una circularidad real; incorporar auditorías de circularidad y pre-deconstrucción; priorizar materiales clave y avanzar de forma gradual, demostrando beneficios económicos inmediatos; impulsar una gobernanza colaborativa entre Administraciones, Academia y empresa; crear mercados sólidos de segunda vida y nuevas reglas de valorización; usar la compra pública verde como motor de transformación; fomentar proyectos reales que generen aprendizaje, integrar métricas de intensidad material y emisiones embebidas; desincentivar el vertedero y promover alternativas de alto valor, planificar soluciones circulares desde el origen del proyecto y vincular circularidad y bienestar urbano.
España se encuentra ante una oportunidad —y una necesidad— de reorientar su modelo urbano hacia la circularidad porque la circularidad no es solo una forma de construir mejor, sino una manera de construir un país mejor: más resiliente, más eficiente y capaz de convertir cada recurso en una oportunidad de progreso.
Esta tribuna es parte de la colaboración entre Corresponsables y el Observatorio 2030 del CSCAE para dar a conocer las líneas de trabajo de su Comisión de Visión y Estrategia.
