El 28 de enero de 1981 todos ganamos derechos. Ese día se firmó el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108), el primer instrumento internacional vinculante en el ámbito de la protección de datos. Siguiendo con ese año, el 12 de agosto de 1981 todos ganamos autonomía. Fue entonces cuando se lanzó el IBM PC (modelo 5150), que revolucionó la computación personal al democratizar el acceso a la tecnología gracias a un diseño de arquitectura abierta.
No hay duda de que 1981 marcó un punto de inflexión tecnológico y normativo, pero también el inicio de una nueva exposición al riesgo frente a los avances digitales. La informatización de los procesos y la digitalización progresiva de la información abrieron grandes oportunidades de eficiencia y crecimiento, pero introdujeron una variable hasta entonces inédita: la necesidad de gobernar el riesgo asociado al uso masivo de datos.
Desde ese momento, la gestión de la información dejó de ser una cuestión puramente operativa para convertirse en un asunto de responsabilidad organizativa. A medida que los datos comenzaron a circular, replicarse y almacenarse a gran escala, las organizaciones asumieron -consciente o inconscientemente- nuevos riesgos ligados al acceso indebido, la pérdida de control o el uso no autorizado de la información.
Mucho ha llovido desde entonces, y basta con abrir los ojos para comprobar cuánto ha cambiado la sociedad, nuestro entorno y nuestra forma de trabajar. También ha cambiado todo aquello que no se ve: los sistemas, los datos y las identidades digitales que sostienen gran parte de la actividad diaria de las organizaciones. Aquellas máquinas que llegaron para transformar el mundo lo hicieron de forma irreversible, y hoy su impacto va mucho más allá de lo puramente tecnológico.
Los riesgos digitales, cuestión de gobernanza
Cada nuevo hito trae consigo nuevos riesgos, y el sector empresarial no puede permitirse mirar hacia otro lado. La ciberseguridad y el fraude son dos caras de una misma realidad: la falta de una protección efectiva de los datos y, en especial, de su privacidad.
Más de cuatro décadas después, 2026 nos sitúa frente a un nuevo espejo digital. Un escenario en el que se prevé una inversión histórica en tecnologías como la inteligencia artificial, pero que no siempre va acompañada de una estrategia equivalente para gestionar los riesgos que implica. Según un estudio realizado por Zoho junto a Arion Research, casi 9 de cada 10 organizaciones en España reconocen no contar con un plan de respuesta ante posibles fallos o errores derivados del uso de la inteligencia artificial, mientras que solo 2 de cada 10 destinan presupuesto específico a la protección de la privacidad asociada a esta tecnología.
Esta brecha entre innovación y gestión del riesgo no es menor. Cuando la adopción tecnológica avanza más rápido que los mecanismos de control, el riesgo deja de ser una hipótesis y pasa a formar parte del día a día. No hablamos solo de incidentes técnicos, sino de impactos reales en la continuidad del negocio, en la toma de decisiones y en la capacidad de mantener el control sobre los activos digitales más críticos.
Como empresa tecnológica con más de 30 años de experiencia global, en Zoho hemos aprendido que la mejor forma de abordar el riesgo digital no es reaccionar cuando el problema ya se ha materializado, sino preguntarse a tiempo si la organización está preparada para gestionarlo. Preparada para saber quién accede a la información, desde dónde, con qué permisos y en qué condiciones. Preparada para operar en entornos cada vez más distribuidos sin perder visibilidad ni control.
Desde esta perspectiva, observamos cómo la protección de la privacidad en el entorno laboral evoluciona en torno a cuatro grandes pilares: el paso de soluciones aisladas a modelos de seguridad integrados; la identidad digital como base del control de accesos; el navegador como otro punto clave de control desde el que aplicar políticas de protección de datos; y, por último, la simplicidad operativa como requisito esencial para reducir errores y limitar la exposición al riesgo.
Durante las últimas cuatro décadas, el marco regulatorio en materia de gestión y privacidad de los datos se ha ampliado considerablemente. Sin embargo, el cumplimiento normativo ya no es suficiente. Cada vez más, la gobernanza del dato influye en la experiencia de clientes y empleados: la forma en que las organizaciones recopilan, protegen y utilizan la información condiciona directamente cómo son percibidas. Aquellas que van más allá de la regulación e integran prácticas responsables en su operativa diaria tienen más probabilidades de generar una confianza duradera. No es solo lo correcto; visto desde la perspectiva empresarial, también es una ventaja competitiva.
No se trata de añadir más capas de complejidad, sino de diseñar entornos de trabajo en los que la seguridad forme parte natural de la operativa diaria. Porque cuando la gestión del riesgo falla, las consecuencias ya no se limitan al ámbito técnico: afectan a la capacidad de gobernar la organización y de mantener la confianza en un entorno digital cada vez más exigente.
En 1981 se sentaron algunas de las bases de la protección de datos y de la democratización tecnológica. Hoy seguimos enfrentándonos al mismo reto, aunque con herramientas mucho más potentes. Ciberseguridad y fraude siguen siendo las dos caras visibles de cómo las organizaciones gestionan -o descuidan- la privacidad de los datos. Dentro de otros cuarenta años, nadie sabe qué tecnologías marcarán el rumbo. Lo que sí sabemos es que el riesgo digital seguirá existiendo, pero la diferencia estará en cómo se gobierna.
