La transformación digital ha cambiado profundamente la forma en que las empresas operan, se relacionan con sus clientes y gestionan sus riesgos. En este contexto, la ciberseguridad y la prevención del fraude han dejado de ser cuestiones técnicas o aisladas para convertirse en elementos clave del buen gobierno corporativo y de la sostenibilidad a largo plazo.
Estos riesgos no solo afectan a la continuidad del negocio, sino también a la confianza de los grupos de interés, a la reputación corporativa y a la capacidad de la organización para operar de forma responsable en un entorno cada vez más regulado y exigente. Por ello, abordarlos desde una perspectiva ESG, y en particular desde la buena gobernanza, resulta hoy imprescindible.
Aunque la relación entre ciberseguridad y medio ambiente no siempre es evidente, existe un vínculo claro. Las infraestructuras digitales, los sistemas de información y los centros de datos requieren un uso intensivo de recursos. Cuando se produce un incidente de seguridad – un ataque, una caída de sistemas o un fraude que obliga a repetir procesos – se generan ineficiencias operativas que también tienen impacto en el consumo energético y en la huella ambiental.
Una gestión preventiva de la ciberseguridad contribuye a la resiliencia de los sistemas y a un uso más eficiente de la tecnología. Evitar interrupciones, retrocesos o respuestas improvisadas no solo reduce riesgos operativos, sino que también apoya una gestión más responsable de los recursos. La sostenibilidad digital empieza, en este sentido, por la estabilidad y fiabilidad de los sistemas.
El impacto social de la ciberseguridad y del fraude es directo. La protección de los datos personales de clientes, empleados y socios de negocio es una condición básica para preservar su confianza. Los casos de fraude, suplantación de identidad o uso indebido de la información pueden tener consecuencias graves para las personas afectadas y deteriorar de forma duradera la relación con la empresa.
Desde esta perspectiva, la prevención del fraude y la protección de la información no son solo obligaciones legales, sino compromisos éticos. Tratar los datos de forma lícita y diligente, verificar adecuadamente con quién se establecen relaciones comerciales y garantizar entornos digitales seguros forma parte de una responsabilidad social que va más allá del cumplimiento normativo.
La confianza no se construye únicamente con declaraciones, sino con procesos sólidos y coherentes en el día a día. La formación, la concienciación y la claridad en las reglas del juego son esenciales para que todas las personas de la organización entiendan su papel en la protección de esa confianza.
Es en la dimensión de gobernanza donde la ciberseguridad y la lucha contra el fraude adquieren un papel claramente estratégico. Una buena gobernanza implica anticipar riesgos, establecer controles adecuados y asegurar que las decisiones se toman de forma transparente y responsable.
En la práctica, esto se traduce en dotarse de mecanismos internos que permitan identificar y gestionar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en problemas mayores. Por ejemplo, contar con sistemas que obligan a registrar y evaluar previamente la aceptación u ofrecimiento de regalos, comidas o invitaciones en relaciones con socios comerciales; herramientas que documentan y autorizan la participación en encuentros o actividades donde coinciden competidores; o procesos estructurados para analizar la integridad de clientes, proveedores y socios de negocio antes de iniciar o mantener una relación comercial.
Asimismo, disponer de canales internos para plantear consultas, resolver dudas o gestionar posibles casos de cumplimiento refuerza una cultura en la que pedir asesoramiento no es una excepción, sino una práctica habitual. Estos mecanismos no buscan frenar la actividad del negocio, sino protegerlo frente a riesgos legales, reputacionales y éticos.
La tecnología, incluida la inteligencia artificial, juega aquí un papel relevante. Bien utilizada, permite automatizar comprobaciones, detectar patrones de riesgo y reforzar los procesos de diligencia debida. Pero su utilidad real depende de cómo se use y se controle: con criterios claros, supervisión adecuada y respeto a los principios de transparencia y proporcionalidad.
En un entorno donde los riesgos digitales son inmediatos y visibles, ignorar la ciberseguridad y el fraude como elementos de la buena gobernanza es una forma de asumirlos. Por ello en Alphabet apostamos por su integración estratégica con responsabilidad, madurez y compromiso con una sostenibilidad basada en la confianza.
