La transformación digital y la adopción acelerada de tecnologías como la inteligencia artificial están redefiniendo la forma en que las organizaciones operan, se comunican y gestionan sus riesgos. Al mismo tiempo, han ampliado el perímetro de exposición al fraude y a los incidentes de Ciberseguridad, situando la confianza, el buen gobierno y la reputación en el centro del debate corporativo.
En este nuevo contexto, la Ciberseguridad ha dejado de ser un asunto meramente técnico para convertirse en una responsabilidad estratégica. El impacto de un incidente ya no se mide solo por la pérdida económica o la indisponibilidad de un sistema, sino por su repercusión reputacional y por la percepción que genera entre pacientes, clientes, reguladores y la sociedad en su conjunto.
La inteligencia artificial actúa como un claro acelerador de este escenario. Aporta enormes oportunidades de eficiencia e innovación, pero también facilita fraudes más sofisticados, campañas de desinformación difíciles de detectar y nuevos vectores de riesgo asociados al uso indebido de datos. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente y, a la vez, fragmentado. Las organizaciones que operamos a escala internacional debemos navegar marcos normativos muy distintos: desde la protección de datos personales bajo el GDPR en Europa, pasando por los requisitos de confidencialidad y seguridad de la información sanitaria en Estados Unidos bajo HIPAA, hasta regulaciones en Oriente Medio que imponen unas muy estrictas obligaciones de localización y control del acceso a los datos.
Esta diversidad regulatoria obliga a adoptar una visión global y coherente del gobierno del dato y de la Ciberseguridad. No basta con cumplir formalmente cada normativa; es necesario establecer principios comunes que permitan gestionar el riesgo de forma consistente en todos los territorios, evitando enfoques reactivos o parciales que debiliten la confianza.
Uno de los grandes retos actuales es la fragmentación en el uso de soluciones de inteligencia artificial dentro de las propias organizaciones. La proliferación de herramientas y plataformas, muchas de ellas utilizadas de forma autónoma por los usuarios, introduce un punto crítico de fallo: la posibilidad de que información confidencial, sensible o regulada se comparta sin control en entornos que no ofrecen garantías suficientes en materia de privacidad y seguridad. Este “uso libre” de IAs, aunque bienintencionado, se ha convertido en un vector real de riesgo reputacional y regulatorio.
Desde nuestra experiencia, abordar este desafío exige un modelo de gobernanza claro. La Ciberseguridad y la gestión del fraude deben trabajarse de forma transversal, integrando tecnología, legal, cumplimiento, comunicación y dirección. La clave no está solo en restringir, sino en ofrecer alternativas seguras, definir marcos de uso responsable y reforzar la concienciación interna. La cultura organizativa sigue siendo uno de los principales factores de protección frente a los riesgos digitales.
La comunicación desempeña un papel esencial en este enfoque. La transparencia, la coherencia y la anticipación son fundamentales para preservar la confianza. En un entorno donde la información circula a gran velocidad, la falta de claridad o de criterio puede amplificar el impacto de cualquier incidente, independientemente de su gravedad técnica.
La Ciberseguridad y la lucha contra el fraude son hoy pilares del buen gobierno y de la sostenibilidad corporativa. En la era de la inteligencia artificial, gestionar bien el riesgo implica asumir la complejidad regulatoria, controlar la fragmentación tecnológica y poner a las personas en el centro. Solo así es posible construir una confianza sólida y una reputación resiliente a largo plazo.
Nada de esto sería posible sin el respaldo claro y continuo de la Dirección, que entiende que la Ciberseguridad, la protección de datos y el uso responsable de la inteligencia artificial no son solo decisiones técnicas, sino compromisos estratégicos con la confianza, la reputación y la sostenibilidad de la organización.
