1 de marzo. Siete de la tarde. Recibo una llamada de mi padre. Los dos estamos saliendo del trabajo. Hola, ¿qué tal, Pa? Hola, ¿qué tal, hijo? Oigo el limpiaparabrisas de su coche. «Lleva lloviendo treinta días sin parar» —comenta, y a continuación diserta: «Si pudiésemos encontrar la solución para enviar agua desde aquí a lugares donde realmente se necesita, sería la leche». La noticia que me encuentro en la portada del periódico regional esta mañana lo certifica: Vigo, la ciudad más lluviosa de España. «AGUA», repite, como en mayúsculas.
Soy un gallego viviendo en Catalunya. Crecí con el agua como algo dado, sin nombre. La primera semana que me instalé aquí, hace 7 meses, el suministro estaba en riesgo y se limitaba el consumo. Quizás por edad, quizás por contexto geográfico, no fue hasta llegar a Barcelona cuando empecé a activar la alerta de cuidado y escasez.
Mi padre lleva un par de años dándole vueltas al funcionamiento del sistema hídrico, rompiéndose la cabeza para tratar de redistribuir las desigualdades del agua, al menos en nuestro país. Y tiene razón en una cosa: sabemos muy poco sobre cómo funciona realmente el sistema del agua.
El agua que bebemos, regamos y consumimos no llega sola. Detrás hay sistemas organizativos enteros encargados de su cuidado, custodia y gestión. Esos sistemas se pueden clasificar según dos grandes variables. La primera: centralización o descentralización. Es decir, si la red depende de un ente nacional o regional único, o si funciona de forma más distribuida, como las redes descentralizadas de energía renovable, donde la gestión se acerca al territorio. La segunda: lo público frente a lo privado, o lo que es lo mismo, cuánto se ha financializado el agua, hasta qué punto ha dejado de ser un bien común para convertirse en un activo con rentabilidad esperada.
De la combinación de ambas variables nacen modelos muy distintos. En España, la gestión es mayoritariamente pública y municipal, aunque con una creciente presión hacia la privatización en grandes ciudades. En Chile, el agua está privatizada en su práctica totalidad: un modelo heredado de la dictadura que convierte el acceso al agua en un derecho de mercado, no universal, y que lleva décadas generando conflictos sociales. En Francia, referente histórico de la gestión privada a través de multinacionales como Veolia o Suez, varias ciudades —París entre ellas— han revertido el modelo y vuelto a la gestión pública tras comprobar que la remunicipalización reducía costes y mejoraba el servicio. Bolivia y la India, cada una a su manera, añaden otra capa: que a veces el modelo no lo decide ningún gobierno, sino la calle, la presión popular o la simple falta de alternativas.
Tantos modelos como respuestas distintas a la misma pregunta: ¿de quién es el agua? Ante ella, hay algo que nos parece que no debería estar en debate: el agua es, antes que nada, de la naturaleza. Y su gestión debe incluir algo que durante demasiado tiempo hemos dejado fuera de la ecuación: los biomas naturales (bosques, humedales, suelos…) gestionan el agua de forma silenciosa, continua. Son la infraestructura invisible que hace posible el agua que nos llega. Tan real y necesario como cualquier tubería o embalse.
El lunes visité un proyecto que lo demuestra con hechos: el agua regenerada de una depuradora —una EDAR— devuelta a un humedal para crear vida, cerrar el ciclo y devolverle al territorio lo que el territorio dio. Y no solo eso: mejorar la calidad del agua en su retorno y regenerar un hábitat que llevaba décadas perdido. Quizás antes de ponernos a elucubrar sobre cómo redistribuir el agua, lo primero sea reconocer lo que la naturaleza ya lleva haciendo desde siempre. Ese, al menos, sería el primer paso.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Mundial del Agua
