En un paso decisivo para robustecer el estado de derecho y la equidad social en la región andina, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio luz verde a un paquete de financiamiento por 31,9 millones de dólares destinado a transformar radicalmente el sistema de justicia gratuita en el Ecuador. La operación —que conjuga un préstamo de 28,7 millones y 3,2 millones en recursos no reembolsables— busca garantizar una tutela legal efectiva, ágil y especializada para aproximadamente 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, priorizando a mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y migrantes (ODS 10 y 16).
El programa contempla una reestructuración profunda de la Defensoría Pública mediante el despliegue masivo de brigadas itinerantes en territorios apartados, la optimización de los canales digitales y la implementación de herramientas tecnológicas de última generación para la gestión de expedientes. Representantes del Grupo BID subrayaron que este respaldo técnico y financiero no solo apunta a reducir drásticamente los tiempos de espera procesales, sino a consolidar instituciones sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía. La iniciativa se alinea plenamente con el Marco Estratégico del Grupo BID con Ecuador 2026-2030, reafirmando el compromiso multilateral con el desarrollo inclusivo y la resiliencia institucional en la subregión (ODS 17).
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