La regularización de inmigrantes en España vuelve al primer plano del debate público en un momento crítico para el sector de los cuidados y el sector sociosanitario. No hablamos solo de un asunto administrativo: hablamos de si España será capaz de sostener el sistema de cuidados de larga duración, mejorar la atención a la dependencia, reforzar la atención domiciliaria y garantizar servicios de calidad para una población cada vez más envejecida.
El Gobierno ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya viven en España, con requisitos anunciados como acreditar residencia previa antes del 31 de diciembre de 2025 (incluyendo un mínimo de cinco meses) y carecer de antecedentes penales, con una autorización inicial de un año.
Ahora bien, el debate de fondo no es si la regularización puede ayudar al sector: puede. El debate real es cómo hacerlo para que el resultado sea netamente positivo para las personas cuidadas, para las familias, para las entidades prestadoras y para España.
Porque el sector tiene un hecho incontestable: faltan profesionales. Y no es un diagnóstico genérico. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estimado oficialmente que España deberá incorporar 261.400 trabajadoras adicionales en cuidados de larga duración para 2030, y que el sistema necesitaría situarse en torno a 751.300 trabajadoras en ese horizonte para garantizar la atención.
Este dato convierte la regularización en una oportunidad de empleo clarísima para inmigrantes: el cuidado es un sector con demanda sostenida, presente en todas las comunidades autónomas y con múltiples salidas (domicilio, instituciones, apoyo comunitario). Pero para que esa oportunidad no derive en precariedad o en riesgos asistenciales, hay una condición crítica: regularizar no equivale a profesionalizar.
Oportunidades: cuando la regularización impulsa empleo formal y refuerza el sistema
- Aflorar empleo y reducir economía informal
Una parte relevante del cuidado —especialmente en hogares— se ha sostenido históricamente con relaciones laborales frágiles y, en ocasiones, informales. Una regularización bien gestionada puede facilitar la transición hacia empleo formal, con contrato, cotización y derechos. Esto mejora la estabilidad, reduce vulnerabilidad y aporta mayor trazabilidad al servicio. - Reforzar la capacidad operativa en domicilio, dependencia y residencias
La demanda crece por envejecimiento, cronicidad y dependencia. Si el mercado laboral no responde, los servicios se tensionan y la calidad se resiente. Una regularización orientada al empleo puede acelerar coberturas allí donde hoy hay vacantes persistentes, especialmente en atención domiciliaria y cuidados continuados. - Elevar la calidad del cuidado si se vincula a cualificación verificable
En cuidados, la calidad no es un eslogan: es seguridad. La regularización será más valiosa si se acompaña de formación y de acreditación de competencias profesionales, de modo que la incorporación de personas al sector se traduzca en un estándar más alto (movilización segura, higiene, alimentación, prevención de caídas, comunicación con familias, prevención de riesgos).
Riesgos: lo que puede salir mal si la regularización no se gobierna con rigor
- Efecto embudo y frustración administrativa
Procesos masivos pueden saturar la tramitación, generar retrasos y elevar la incertidumbre, tanto para personas solicitantes como para empleadores. Esa incertidumbre alimenta intermediaciones de baja calidad y errores documentales. - Precariedad regularizada
Existe un riesgo silencioso: que cambie el estatus administrativo, pero no mejoren las condiciones laborales. Si no se refuerzan estándares (jornada, prevención, profesionalización, supervisión), el sistema puede absorber mano de obra sin corregir rotación, sobrecarga y falta de carrera profesional, que son precisamente los factores que expulsan talento. - Riesgo asistencial por falta de competencias
En cuidados, el error se traduce en daño: caídas, lesiones por movilización, problemas de higiene, descompensaciones, conflictos familiares y reclamaciones. Incorporar volumen sin asegurar competencias mínimas puede aumentar incidencias y deteriorar la confianza social en el sistema. - Riesgo reputacional y polarizaciónLa regularización se discute en un contexto europeo sensible. Instituciones comunitarias han advertido públicamente sobre la necesidad de responsabilidad y coordinación para evitar efectos indeseados en otros Estados miembros. Además, la desinformación puede amplificar percepciones erróneas si no se comunica con datos y con criterios claros.
La palanca decisiva: formación y acreditación (PACP) para profesionalizar el cuidado
Si el objetivo es que la regularización sea positiva para España, el sector necesita algo más que disponibilidad: necesita profesionales del cuidado. Por eso la formación y el PACP son el punto de apoyo más eficaz para transformar experiencia previa en una trayectoria formal, reconocida y estable.
En SUPERCUIDADORES trabajamos precisamente en esa intersección: convertir la regularización en un itinerario de profesionalización. La formación para cuidadores permite adquirir competencias críticas para un desempeño seguro y de calidad. Y la preparación para la acreditación de competencias profesionales a través del PACP, facilita que la experiencia real se traduzca en reconocimiento, empleabilidad y estabilidad.
Regularizar es una oportunidad, pero profesionalizar es la condición
La regularización de inmigrantes puede ser una herramienta útil para reforzar el sector de los cuidados y el sector de atención sociosanitaria. Pero solo será una buena noticia si se acompaña de tres pilares: empleo formal, formación para cuidadores y acreditación de competencias profesionales (PACP).
España tiene una necesidad estructural de profesionales en cuidados. Para muchas personas inmigrantes, esta es una oportunidad laboral tangible y con recorrido. La regularización puede ser el punto de partida; la formación y la acreditación, el factor diferencial que convierte esa oportunidad en empleo de calidad, mejora del sistema y beneficio social.
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