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 Asuntos de Consumidores,  Gobernanza
Grupos de interés:
 Grandes empresas,  Proveedores y Consultores
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Los principales sectores de consumo reclaman al gobierno el aplazamiento del impuesto al plástico

España es el único país europeo que contempla la entrada en vigor de un impuesto de este tipo a partir del próximo 1 de enero

01-12-2022

A tan sólo un mes de la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de un solo uso en nuestro país, las organizaciones de los principales sectores de consumo (ACES, ACOTEX, ADELMA, AECOC, AFEB, ANGED, APPLIA, ASAJA, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) hacen un llamamiento de última hora al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un impuesto que amenaza el futuro de gran número de empresas de nuestro país.

España se queda sola en Europa

Tras la reciente decisión del nuevo gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, España se queda sola en Europa con la introducción de un impuesto (no obligatorio para los estados miembros) que supondrá añadir sobrecostes a sus empresas en un contexto especialmente delicado. Una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidas a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía…) a las que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 millones de euros

El Gobierno rechaza el aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, si bien reconoce que, a causa de la inflación, cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros. 

Las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideran que el impuesto llega “en el peor momento posible”. Además, conviene resaltar que, a un mes vista de la entrada de este impuesto, hay gran incertidumbre en la aplicación propia del impuesto al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia. 

Datos relevantes

Las compañías españolas van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, la gran mayoría de empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el packaging. De hecho, según datos de Eurostat, España se sitúa entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%).

Por su parte, las asociaciones del sector disponen de informes e indicadores que confiman que, en los últimos años, sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado según el Informe de Sostenibilidad de AECOC).

Además, las pymes españolas aportan el 62,2% del PIB nacional (por encima de los mercados vecinos y de la media de la UE), por lo que es sumamente importante no castigar más a un colectivo que está muy seriamente afectado por la coyuntura económica y que podría incluso verse abocado  al cierre a o la destrucción de empleo. 

Las organizaciones que integran a la cadena de valor del gran consumo, la hostelería y el textil coinciden en que “ante una petición tan unámine y la decisión tomada por otros países,  el Gobierno debería mostrarse receptivo a aplazar una medida de claro impacto para gran número de empresas y sectores. Aunque el compromiso con el desarrollo sostenible es fundamental y firme,  tomar la delantera europea  en un contexto tan hostil puede restarnos competitividad frente a otros mercados  y potenciar la desaceleración de nuestra economía”.      

Por ello, los sectores afectados proponen aplazar un año la entrada en vigor del impuesto para tratar de evitar sobrecargar a las empresas en el actual escenario inflacionista.  

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